Hoy desde las 16 en el Salón Blanco de la sede local del gobierno de Santa Fe el gobernador Miguel Lifschitz anunciará que finalmente la autopista que conecta Rosario con la capital provincial volverá a ser gestionada por el Estado. Desde el ministerio de Infraestructura y Transporte adelantaron que la oferta de un privado para hacerse de la concesión de los más de 300 kilómetros no cumplió las expectativas.
El modelo de fideicomiso será administrado por el Banco Municipal, tal como hoy detallará el presidente de la entidad y ex secretario de Hacienda local, Gustavo Asegurado. El anuncio generó expectativas en el sindicato de trabajadores de peajes para saber cómo será el pasaje y si respetarán el estatuto laboral.
La provincia comprometió casi 2 millones de pesos durante los próximos cinco años para nuevo pavimento, estaciones de peaje, y un tercer carril entre Rosario y San Lorenzo. También nueva señalética y accesos de Santo Tomé Norte, Fray Luis Beltrán y Desvío Arijón. La decisión llegó después de blanquear que había rescindido el contrato antes de tiempo con la empresa Arssa y luego de críticas de diputados justicialistas por obras subejecutadas.
A principio de semana el ministro Garibay había señalado: “La licitación para la concesión con una sola oferta no nos satisface”.
Lo previsto
La primera autopista del país nació en 1964. En 2017 el gobierno provincial anunció que repavimentará el trayecto con materiales modernos para asegurar mejor transitabilidad y adherencia.
Según confirmaron fuentes de la gobernación, también sumará iluminación con sistemas led, además de señalización horizontal y vertical para mejorar las condiciones de circulación.
El anuncio de obras llegó después de que diputados del Frente Justicialista para la Victoria pidieran la presencia de Garibay en la Legislatura. Dijeron que sólo habían hecho 75 de los 317 kilómetros de pavimento que debían durante los 5 años de explotación del camino. “A valores actuales el monto de la obra no ejecutada alcanzaría más de un millón de pesos”, dijo Patricia Chialvo, una de las legisladoras durante una conferencia de prensa meses atrás.
