El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió esta semana la elevación a juicio para diez integrantes de un clan familiar que están acusados de integrar una banda dedicaba a comercializar estupefacos se encuentra el ex precandidato a concejal de Santa Fe Luis “Coco” Bergallo y dos policías provinciales.
Coco, de 46 años, tuvo una efímera carrera política que quedó trunca cuando cayó a principios de julio pasado en el marco de un megaoperativo cuya pesquisa había comenzado un año antes. Coco apostaba a ser concejal por la lista Compromiso Ciudadano, en la interna abierta del justicialismo.
La investigación a cargo del titular de la Fiscalía Federal N° 2 se enfocó en Darío Bergallo, detenido por un homicidio y una tentativa originados en la puja entre bandas narcocriminales, y en su hermano, el precandidato a concejal Coco, como quienes traficaban estupefacientes con anterioridad a agosto de 2016. Para ello, según la Fiscalía, habían montado “una organización narco familiar que recibiría grandes cantidades de estupefacientes que eran distribuidos por eslabones inferiores”.
Tras casi un año de recabar pruebas, el fiscal Rodríguez solicitó al juez federal Francisco Miño 18 allanamientos y la requisa de la celda de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, donde está alojado Darío Bergallo.
El megaoperativo que involucró más de 260 uniformados de la Prefectura Naval Argentina se realizó el 7 de julio pasado en diferentes barrios de Santa Fe, la celda del hermano del ex precandidato a concejal y en una vivienda de Cañada de Rosquín. En los procedimientos, los uniformados incautaron 550 gramos de marihuana y 443 gramos de cocaína –fraccionados en dosis para su comercialización–, seis plantas de cannabis sativa, balanzas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos de interés para la investigación.
La elevación a juicio
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Rodríguez les adjudicó a los hermanos Darío y Coco ser los líderes de la banda y haber organizado actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes llevadas a cabo en las ciudades de Santa Fe y Cañada Rosquín. “Armaron una estructura funcional que facilitó la comisión de delitos previstos en la ley 23.737, proveyendo y coordinando los medios necesarios configurativos de un mecanismo eficiente dirigido al logro de la finalidad propuesta, lo cual puede sintetizarse en la conformación de un clan predominantemente familiar que recibiría grandes cantidades de material ilícito que sería distribuido por eslabones inferiores”, dijo Rodríguez.
Según la Justicia federal, entre los vendedores estaba otro hermano de los cabecillas, de nombre Fabián, sus parejas –María Laura Lamagnna, Silvia Díaz y Judith Segovia– junto con Roberto Herrera y Cándida Sandoval, quienes eran los encargados de distintos puntos de venta al menudeo, ubicados tanto en Santa Fe como en Cañada Rosquín.
La pata policial
El pedido de elevación a juicio también fue para los policías santafesinos Adrián Nazara y Carlos Maldonado, acusados de otorgar la cobertura para el despliegue de la actividad delictiva desarrollada por los investigados. A los uniformados, el juez Miño los procesó por el delito de confabulación agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Así, se consideró probada la pata policial en la organización, entendida esta como la comprobación empírica de la capacidad corrosiva que tuvieron los sujetos organizadores del narcotráfico, uno de los cuales emprendió una carrera política demostrativa de su intención de penetrar al cuerpo legislativo del municipio de esta ciudad capital en aparente representación de intereses colectivos, paradójicamente mientras desplegaba en forma paralela la actividad ilegal por la cual promuevo aquí al juzgamiento”, concluyó el fiscal Rodríguez.
Sumario a penitenciarios
“Los involucrados son catalogados como personas que comercializan estupefacientes de larga data, poseen contactos en las cárceles que le facilitan ciertos beneficios, poseen armas ilegales y tienen conocimiento de posibles intervenciones telefónicas, tomando ciertos recaudos cuando realizan las comunicaciones”, expuso el fiscal federal para explicar que, “advirtiendo los movimientos del imputado Darío Bergallo dentro del establecimiento carcelario, solicitó la formación de un sumario administrativo a fin de investigar la posible responsabilidad de integrantes del Servicio Penitenciario de la provincia en la provisión de celulares y/o chips de telefonía, que sirvieron como herramienta comunicacional para consumar las conductas ilegales que se les imputaron”.
