Los seis detenidos por la causa judicial por explotación sexual a mujeres , a la que se le podría sumar la de venta de drogas) de San Lorenzo prestaron declaración ayer en la Justicia Federal y quedaron detenidos. La defensa pidió la excarcelación de los acusados, pero recién será resuelto el viernes.
Los seis implicados negaron los hechos que se le atribuyen, respondieron preguntas y quedaron detenidos. La principal acusada, además, realizó un descargo. El abogado de los seis es Paul Krupnik, quien pidió su inmediata excarcelación. Hasta que se trate este incidente quedarán detenidos.
La investigación que lleva dos años derivó, la noche de este lunes, en un allanamiento al cabo del cual la Gendarmería detuvo a la mujer apuntada como líder de una banda de al menos 12 personas que cometía los delitos utilizando como base un drugstore de calle Oroño al 800, en la ciudad del Cordón Industrial. Junto con ella fueron detenidas otras 5 personas que fueron indagadas este miércoles por el juez Marcelo Bailaque. Desde el fuero federal detallaron que si bien el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, no fue citado a indagatoria, sigue vinculado a la investigación.
El juzgado 4 de los Tribunales Federales de Rosario lleva adelante la investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización. En el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad –un policía provincial y un miembro de la Guardia de Infantería– y una posible complicidad del gobierno local con la banda, en este caso como “protector” y garante de impunidad. Las presunciones de encubrimiento llegan hasta la cabeza del Ejecutivo local: Raimundo.
Para la pesquisa, Miriam Soto, la mencionada Mamu, llevaba adelante un clan delictivo que componen su pareja, sus tres hijas y sus respectivos yernos, uno de los cuales es policía, igual que otro uniformado que está mencionado como quien brinda protección a la banda. Son once personas, más una duodécima que está bajo investigación: Raimundo.
Según los testimonios, en el drugstore de Oroño al 800 se comercializaba droga y se acordaban los llamados pases a través del pago de copas, mientras que en tres hoteles de la ciudad se concretaban los servicios sexuales. Ambas actividades, sostiene la pesquisa, tenían su tarifa en dólares, habida cuenta de que sus clientes eran extranjeros embarcados que llegan a los puertos de la zona norte del Cordón Industrial.
Para la pesquisa, había un aceitado sistema de transporte llevado adelante por taxistas, pero también contaba con protección de funcionario.
La banda de la Mamu
Tras un allanamiento de Gendarmería en Bv. Oroño al 800, seis personas quedaron detenidas en el marco de la investigación de una presunta organización dedicada a la explotación sexual de mujeres y la venta de drogas.
Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, junto a Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), sostienen que la organización funciona desde al menos febrero del año pasado.
El operativo llevado a cabo por Gendarmería bajo órdenes del magistrado federal terminó con la detención de seis personas. Entre ellas, Miriam Norma S., alias Mamu, sospechada de ser la cara visible de la banda. También demoraron a Marisa V., Diego S., Franco C. y a dos de las tres hijas de la primera, Valeria G. y Solange G. Todos prestaron declaración ante el juez Bailaque y respondieron preguntas del fiscal.
El expediente menciona a Mamu como la integrante de la banda que toma las decisiones, atiende a los clientes y administra el dinero de las actividades ilícitas. Las investigaciones incluyen a sus hijas –también detenidas– como colaboradoras de primera línea junto a Marisa V.
El intendente
Si bien Raimundo no fue citado a declarar este miércoles, sigue vinculado a la pesquisa, y su nombre suena fuerte en varios párrafos del expediente.
“Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos– julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, dejaron asentado los fiscales del Ministerio Público de la Nación.
Para los fiscales, el intendente radical de San Lorenzo “al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Su ayuda, concretamente habría consistido en garantizar a los miembros de la organización la continuidad de la explotación sexual de mujeres como así también la impunidad de quienes llevaban a cabo la actividad, a través de acciones tendientes a que ningún agente del municipio que preside lleve a cabo las debidas inspecciones y consecuente clausura del lugar; y lo mismo habría realizado con respecto al personal policial de las diversas fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en su municipio”, consta en la investigación.
“No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar”, afirman los fiscales.
“Como autoridad suprema del Municipio tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomaron ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente/prostituyente”, añaden los funcionarios judiciales.
En la causa consta el testimonio de una mujer que dice haber conocido al intendente en una cena y que un taxista solía llevarla a la casa del mandatario por las mañanas; afirmó que Mamu, quien se jactaba de tener protección de Raimundo, la obligaba a ir al sostener que de ello dependía la continuidad de su actividad.
