“Si queremos colaborar con el medio ambiente, es una situación que no tiene grises: la solución es eliminarlas, como ocurre en otras ciudades del país”, marcó el titular del Concejo Municipal, Miguel Zamarini. Con ese fundamento, el edil socialista presentará junto a la “mesa de trabajo” que integra con el radical Martín Rosúa, el demócrata progresista Aldo Poy y el justicialista Carlos Cossia, una contrapropuesta para eliminar por completo la utilización de las bolsas de plástico en los supermercados. La iniciativa contrasta con el proyecto de la concejala del PRO y titular de la comisión de Ecología del Palacio Vasallo, María Julia Bonifacio, quien había avanzado en un plan para desalentar el uso de las bolsas “de un solo uso” reemplazándolas por otras más grandes y más fuertes, pero que serían cobradas a los clientes de comercios. “Así se genera un trastorno y un gasto extra para el consumidor, y una complicación fuera de agenda para los supermercados”, cuestionaron los ediles de la mesa.
En rigor, en la última década y media se presentaron en el Concejo más de una decena de iniciativas respecto de las bolsas de plástico, sin que ninguno de ellos jamás llegara al recinto. Mientras tanto, el ritmo de entrega en la actualidad de uno de los elementos más contaminantes –según expertos, las bolsitas tardan más de dos siglos en degradarse, a menos que se quemen, y en ese caso el proceso despide gases sumamente tóxicos– es de unas 200 mil al día, lo cual estaría sumando al menos 6 millones de bolsitas al mes, según la estimación del gobierno municipal.
Y podrían ser más: sólo en el sector de comercios adheridos a Casar, la Cámara de Autoservicios y Supermercados local –de la que no forman parte las grandes cadenas– reconocieron que entregan 1 millón y medio de bolsitas por mes. Semejante concentración es la que explica que buena parte de retazos de plástico vayan a parar a los cursos de agua, obstruyan desagües o acaben colgados de ramas o arbustos en los espacios verdes de la ciudad.
La situación de las bolsas es un tema que viene cíclicamente cobrando fuerza para desinflarse después. Por caso, una concejala del oficialismo y dos de la oposición habían presentado sendos proyectos al respecto, al igual que un cuarto de un edil que ya no está en “La Casa”. El radical Jorge Boasso es autor de una iniciativa para imponer un “impuesto a la bolsa” como forma de desalentar el uso en los comercios, de modo que las principales bocas que las entregan generen sus propias estrategias para ganarse la exención. En su modelo, la recaudación serviría para financiar políticas públicas y campañas de concientización ambientales, y si no hubiera ingresos por el tributo “verde”, sería porque uno de sus preceptos se pudo lograr. “Pero no hay cojones políticos”, cuestionó el edil sobre la falta de tratamiento de su o de cualquier iniciativa al respecto: “Yo no tengo problemas en consensuar con otras”, dijo.
Otra de las iniciativas, en tanto, corresponde a la socialista Viviana Foresi y procura enfrentar a las bolsitas no desde la arista económica sino de la química. La concejala trabajó con profesionales de la Facultad de Ingeniería y del Conicet en una alteración –ya utilizada en otros lugares del mundo– de la composición, en dos direcciones: “Hacer un tipo de bolsa los suficientemente degradable para que en poco tiempo se desintegre, o lo suficientemente gruesa para que no sea de un solo uso”.
Foresi consensuó el planteo –no se trataba de un proyecto sino de un paquete de medidas que involucrarían a la Red de Hogares Verdes y al sistema Separe de deposición de residuos, entre otras áreas– con la –hoy reformada– Secretaría de Servicios Públicos y con el sector de fabricación de plásticos, cuyos empresarios y trabajadores resisten la pérdida de uno de sus mercados más fuertes.
Y en ese aspecto la idea se emparenta con una iniciativa anterior del justicialista Osvaldo Miatello, que data de julio de 2007. El concejal propuso entonces –y el proyecto no se alteró– una ordenanza para prohibir la entrega de toda bolsita que no sea biodegradable u “oxibiodegradable” en todo tipo de comercio, y la venta de bolsas para residuos que no cumplan las mismas condiciones.
Según el edil, el cambio por bolsas de este tipo no tendría impacto en el sector productivo del plástico “ya que se realizan con la misma tecnología”, y la modificación química “sólo implica el agregado de un aditivo durante la fabricación que rompe el enlace carbono-carbono”, lo que las haría descomponerse rápidamente. Y en cuanto al costo, estimó que se incrementaría “a lo sumo en un 18 a 25 por ciento”.
En tanto, para el socialista auténtico Alberto Cortés, que no logró retener la banca en los últimos comicios pero su iniciativa sigue en el Concejo, es autor del “único” proyecto que acompaña el Taller Ecologista Rosario. La idea era, sin más, prohibir por completo las bolsas plásticas, así sean biodegradables, tanto como las bolsas de papel. La iniciativa apunta contra un hábito de consumo que se expandió en la década de 1980 y creció a ritmo inusitado en la del 90, pero sin dejar de ser una cuestión cultural: “Queremos que la gente acuda a los mercados con sus propias bolsas, que se puedan reutilizar”, había explicado Cortés, advirtiendo que las biodegradables requieren de oxígeno para su descomposición “y como la basura se entierra, no sirven para este caso”.
Con todo, la iniciativa de Zamarini, Rosúa, Poy y Cossia parece retomar la línea de las ONG ambientalistas que actúan en la ciudad. El titular del Palacio Vasallo remarcó que ya mantuvieron reuniones con supermercadistas, ambientalistas y otros sectores. “Debemos pensar en todas las partes involucradas, especialmente en el consumidor, que no queremos que contamine pero tampoco que pague por las bolsas”, advirtió
En este sentido, recordaron ejemplos como los de la ciudad de Córdoba donde los supermercados ya no ofrecen bolsas de plástico: “El usuario se lleva su propia bolsa de mandados, de un material no nocivo y los supermercados brindan cajas o bolsas de materiales no contaminantes”.
La iniciativa confrontará con el proyecto de Bonifacio, que plantea el cobro de las bolsas a los clientes –a unos 40 ó 50 centavos– como forma de limitar el uso. Pero además el cambio de las bolsas tipo “remera” por otras de 45 por 55 y de 55 por 60 centímetros, de material más resistente, unas de color negro y otras naranja: “Es para que la gente se acuerde de la separación de residuos de origen y también para que se vuelva a usar en las compras. La negra, en cambio, que será también la de mayor tamaño, ofrece la posibilidad de que se utilice para sacar los residuos”, explicó la concejala.
Lo que no está claro es cuál recogerá mayor consenso y si finalmente alguna de las dos llegará al recinto limitando un flujo de plásticos que muchos años atrás no servía ni para residuos: si los paquetes no eran de papel de diario, el servicio municipal de recolección no los sacaba de las veredas.
