Una crisis evitable. Cuando todo hacía pensar que el matrimonio presidencial podía disfrutar de un apacible comienzo de año con escapadas de fin de semana a El Calafate, el gobierno se vio sacudido por una cadena de errores centrados en los DNU emitidos a partir de la crisis desatada en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El vicio constitutivo que enfrentó a la Casa Rosada con Martín Redrado fue el DNU 2010/09, que constituyó el Fondo del Bicentenario para pagar “deuda” con 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central. A diferencia del decreto firmado por Néstor Kirchner en 2006 para saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el DNU de Cristina de Kirchner queda abierto al pago de “deuda” en términos genéricos y no se acota a compromisos contraídos ante organismos internacionales de crédito o bonistas que no se acogieron al canje de deuda. Esa laxitud del decreto dio lugar a la embestida de la oposición, que sospecha que las reservas serán usadas para el gobierno para obra pública, planes sociales y hasta financiamiento de la campaña 2011.
Si bien el DNU 2010/09 que constituyó el Fondo del Bicentenario tiene fuerza de ley hasta que se expida el Congreso, ese instrumento presidencial no podrá escapar a partir del 1º de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, a la revisión legislativa que podría incluso dejarlo sin efecto.
Pero desatada la crisis, el kirchnerismo tampoco atinó a descabezar el Banco Central tal cual lo establece la ley y volvió a recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.
No había ni necesidad ni urgencia, y el Poder Ejecutivo se hubiese evitado la judicialización del caso Redrado con sólo aplicar el mecanismo de remoción previsto en la Carta Orgánica del BCRA. Un mero trámite que consistía en enviarle una nota a Julio Cobos invocando una causal de mal desempeño o incumplimiento de los deberes para que se reúna una Comisión Bicameral especial cuyo dictamen no tiene fuerza vinculante para la presidente. Esto significa que en sólo dos semanas, el kirchnerismo podría haber removido a Redrado por la vía institucional y legal, habiéndose ahorrado la firma del DNU 18/10 y la apelación ante la Cámara Federal para destituir definitivamente al jefe del BCRA.
Pero el gobierno de Cristina de Kirchner, y en especial la Secretaría de Legal y Técnica de Carlos Zaninni, cometió otro error evidente. Al apelar a otro DNU para desplazar a Redrado, el futuro del titular de la autoridad monetaria volvió a quedar de rehén del Congreso. Todos los DNU necesitan la ratificación “expresa e inmediata” del Poder Legislativo, de acuerdo a la Constitución Nacional.
Y al intentar desplazar a Redrado por un decreto de necesidad y urgencia, el oficialismo dejó el conflicto en manos de Cobos y los bloques opositores que ostentan una flamante mayoría después de las elecciones del 28 de junio del año pasado.
Para blindar la validez de la destitución de Redrado sin pasar por el Congreso, Cristina de Kirchner debería haber firmado un decreto liso y llano, no de necesidad y urgencia. Así habría evitado la polémica que indefectiblemente le volverá a explotar al gobierno al inicio de las sesiones ordinarias cuando ambas Cámaras del Congreso revisen el DNU que remueve al presidente del BCRA.
Pero los asesores jurídicos de la presidente, con Zaninni a la cabeza, citaron el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional referido a los DNU. Y el kirchnerismo volvió a sumergirse en una crisis circular.
