Por Francisco Massi (*)
España vive una situación de inestabilidad política desde hace meses con el intento de independencia unilateral de Cataluña y la intervención en respuesta a la misma por parte del gobierno central español. Sin embargo, en poco más de una semana se abrieron otros frentes en la crisis política que vive el país peninsular. A la reelección de un partido independentista en Cataluña, le siguió la sentencia histórica del caso “Gürtel” de la Fiscalía Anticorrupción e inmediatamente la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy.
Presentada por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), la moción se debatió el jueves 31 de mayo y se votó el viernes 1° de junio, si bien el resultado se definió ya el primer día. La misma fue el intento por parte del Psoe de destituir al gobierno del Partido Popular (PP) –que venía siendo perseguido por continuos casos de corrupción– y así llegar a la presidencia.
El Psoe contó con el apoyo de Unidos Podemos, de los independentistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Demócrata Europeo Catalán (Pdecat), de Compromís, de Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Nueva Canaria y del Partido Nacional Vasco (PNV). Con los mismos, logró 180 de los 176 votos que necesitaba. Por su parte, el PP buscó, aunque infructuosamente, defender su gobierno a través del rechazo de la moción. Logró sólo 169 votos con el apoyo de Ciudadanos, de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del Foro de Asturias, fracasando así en su intento de proseguir con su mandato. La diputada de la Coalición Canaria fue la única que se abstuvo.
Al ser el único candidato alternativo para reemplazar al presidente saliente, según lo estableció la propuesta de la moción presentada, Sánchez se convirtió automáticamente en presidente. Además, la Constitución española da a la moción un carácter constructivo. Esto significa que no tiene que someterse a elecciones generales porque ya contaría con la confianza del congreso.
Esta desventura política que vivió el PP fue consecuencia inmediata de la sentencia dictada el 24 de mayo, del caso Gürtel. La misma fue la conclusión de una investigación, comenzada en noviembre del 2007, sobre lo que sería una enorme red de corrupción vinculada al ahora ex partido oficialista. La red existió desde la creación del PP en 1989 y consistió en dos actividades separadas pero complementarias. Una fue la trama de sobornos a funcionarios y dirigentes del PP a cambio de adjudicaciones públicas en diferentes municipios. La otra radicó en la existencia de un fondo clandestino para financiar campañas o actividades políticas, en forma de una “caja B”, o sea, una estructura financiera y contable paralela a la oficial en el seno de la formación.
La sentencia dictada consistió en 351 años de prisión a un total de 29 personas diferentes. Los juzgados fueron varios líderes políticos y cercanos al partido, como Luis Bárcenas, el ex tesorero de la formación política y el empresario Francisco Correa, a quienes la Justicia encontró responsables de la trama. Además, condenó con una multa de 245.492 euros al PP por enriquecerse ilegalmente. Los magistrados también juzgaron a Rajoy como testigo poco creíble luego de considerar que su argumento, en el cual negaba haber incurrido en irregularidades, no era verosímil.
En virtud de estas causas, el Psoe alegó como excusa para presentar la moción que el mantenimiento del PP en el gobierno no garantizaba la estabilidad en España. Declaró, al mismo tiempo, que su objetivo era “estabilizar socialmente el país antes de llamar a elecciones”. Sin embargo, le será una meta difícil de cumplir. El Psoe tiene 320 investigaciones abiertas por corrupción y 76 condenados, entre actuales y ex dirigentes. Tendrá que sustentarse de un gobierno fragmentado, pues deberá negociar continuamente con todos aquellos partidos que lo apoyaron en la moción, entre los que están los independentistas catalanes, con quienes no parece haber una relación amistosa.
Sánchez ha heredado la situación de tensión con la Comunidad Autónoma de Cataluña debido a la intervención del gobierno central desde el pasado año, que su partido apoyó. Asimismo, en Cataluña la elección de un nuevo gobierno finalizó en la victoria del candidato Joaquim Torra, aliado del ex presidente Carles Puigdemont e independentista declarado. Torra no reparó en manifestar su secesionismo radicalizado y a la idea presentada por Sánchez de abrir un proceso de diálogo con el gobierno catalán contestó que escuchará, siempre y cuando se trate de un diálogo sin condiciones.
Aquí radica la dificultad de estabilizar socialmente al país. Necesita llegar a un acuerdo con Cataluña que supere la crisis pero, no cuenta con el apoyo asegurado para tal diálogo debido a su falta de legitimización electoral y oposición inflexible del PP en el Congreso, tal como adelantó el portavoz del ex partido oficialista. Por tales razones le será difícil lograr un acuerdo, ya que no podrá imponer condiciones o hacer concesiones al gobierno de Torra, si así lo considerase necesario, para poder mantener el diálogo abierto y cumplir su promesa.
(*) Estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales e integrante del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea (Geue).
