Eduardo Reese es arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional. Fue asesor técnico para los planes maestros de más de 20 ciudades en Argentina y actualmente es docente en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires. También da clases en una maestría de la Universidad de La Plata y en facultades de Mar del Plata y Córdoba.
Reese estuvo esta semana en la ciudad para participar de una conferencia que se desarrolló en el Concejo Municipal y que lo tuvo como expositor central. Bajo el nombre de “Alquileres: intervención del Estado para garantizar el derecho a la vivienda”, la charla se desarrolló en el hall central del Palacio Vasallo con la presencia de más especialistas en la temática.
El profesional y docente dialogó con El Ciudadano y expuso el resultado del informe “El mercado de alquileres de Argentina”, un trabajo realizado por la Universidad de General Sarmiento bajo su coordinación. El estudio se realizó a finales del año pasado y se desarrolla sobre la base de los datos del Censo 2010, la Encuesta Permanente de Hogares y una serie de entrevistas que esa casa de estudios realizó en Rosario y las ciudades más importantes del país.
En el encuentro con este diario, Reese centró su análisis en la situación de la ciudad y entregó datos interesantes.
—¿Qué particularidad se observa en torno de Rosario en el informe?
—Lo que mostró Rosario son algunos datos muy singulares. La primera cuestión es que la ciudad vive un cambio demográfico y un aumento muy grande de la cantidad de hogares (viviendas que están habitadas). El Censo 2010, respecto del de 2001, muestra que en ese lapso creció un 4 por ciento la población, mientras que la cantidad de hogares lo hizo un 16 por ciento. Ese dato indica que la demanda sobre la vivienda aumentó cuatro veces más que la población misma. Y hubo paralelamente un incremento muy notable, del 66 por ciento, de los hogares con inquilinos. Actualmente en Rosario el 19,9 por ciento de la población alquila, mientras que en 2001 sólo lo hacía 13,1 por ciento.
—¿Qué factores juegan y cómo debe interpretarse el hecho de que haya más hogares y la vez suba el número de inquilinos?
—Lo que pasó fue que los hogares se dividieron mucho más. Cada vez hay más gente que decide ir a vivir sola o que se separa. Todas esas personas demandan vivienda. Pero como hubo un acceso al crédito hipotecario limitado sucedieron dos cosas: una es que crece la cantidad de gente que salió a alquilar y encontró casa porque en Rosario se construyó muchísimo estos años; por otro lado, también hubo un aumento en las condiciones de convivencia familiar. Hay un incremento de hogares convivientes en la misma casa. Eso se da porque el pibe decide juntarse con la novia y no consigue alquilar, por lo que cuesta y las condiciones que se piden. Por lo tanto se la lleva a vivir con los padres.
—¿En qué tipo de ciudades se da esto último, sólo en las grandes como Rosario?
—Sí. En Capital Federal, Rosario y el resto de las grandes ciudades no hay diferenciación. Por ejemplo, estudiamos el caso de Resistencia y se comportó exactamente igual. Lo que aparece aquí es, en definitiva, la necesidad de constituir una política pública fuerte de parte del Estado. En el sentido en que el alquiler hoy no es una política pública. Es básicamente una relación contractual entre dos privados. Constituido en una política pública daría cabida a muchas más y mejores posibilidades de alquiler
—¿Cuáles son esas políticas que deberían aplicarse?
—Todavía hay problemas en el mercado de alquileres que son muy serios. Por ejemplo, el acceso a las garantías. Las garantías que se piden en este país son imposibles.
—En algún momento se intentó regular el mercado de alquileres y la presión y el lobby del sector inmobiliario ha sido muy grande. ¿Ése es el motivo por el cual el Estado no avanzó?
—Es así. Usted lo dijo.
—¿Y cómo podrían regularse las garantías, de qué forma puntualmente?
—Básicamente estableciendo cuánto se puede pedir de máximo. Acá te piden lo que quieren, no hay topes. Hay que poner límites. Por otro lado, también está el tema de las regulaciones en las comisiones de intermediación. Acá paga todo el inquilino, cuando en el resto de los países de América latina se paga a medias con el propietario. Y, por último, en las leyes que regulan los alquileres hay una cantidad de artículos abusivos a favor de los propietarios y en contra de los que tienen que alquilar. Si se rompe un caño del edificio lo paga el inquilino. En cualquier país de mundo también esto se abona entre los dos.
—En los últimos años crecieron en Rosario las denuncias de inquilinos vinculadas con la mala calidad de la vivienda que se le rentó. ¿Qué observa en ese sentido?
—La calidad de la vivienda que se alquila en Rosario es pésima. Con goteras, pisos que se levantan, es un horror lo que le alquilan a la gente. Eso tiene que ver con la calidad que muchas veces tiene esa construcción en su origen, pero también con que el propietario no invierte en el mantenimiento. En Rosario hay relevadas unas 67.300 viviendas con algún tipo de déficit. Esto incluye el total, no sólo las que están alquiladas. Y dentro de eso hay unas 10.200 que deberían ser demolidas por el mal estado en el que están.
—¿Y quién debería hacerse cargo del control de esto que usted menciona, de los inmuebles que se rentan?
—Así como se realizan inspecciones de las obras, tendría que haber un área de inspección de la Municipalidad controlando que lo que se está alquilando esté en buen estado. No se hace porque para la cultura argentina el alquiler es un contrato entre privados y nadie se mete. Es como cuando comprás una heladera, pero esto es distinto a una heladera.
