La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones.
Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.
La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general pasadas las 7 gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas: PRO, la mayoría de la UCR, el interbloque Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Votaron en contra los integrantes de Unión por la Patria, la izquierda del FIT, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón dentro de la bancada de hacemos, lo mismo que la cordobesa Natalia de la Sota. El grupo de radicales disidentes que encabeza Facundo Manes y completan Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvo. Lo mismo hizo Mónica Frade, de la Coalición Cívica.
La aprobación de los capítulos en particular –el oficialismo logró imponer ese tratamiento en particular en lugar de la discusión por artículos– se estima extensa. Hay incertidumbre sobre el posible rechazo o modificación de puntos clave como las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.
Los puntos conflictivos
Durante el debate, y con el trasfondo de la movilización por el riesgo del sistema de ciencia y técnica nacional, el artículo 3 fue uno de los más cuestionados. Es el que habilita al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que a su solo criterio haya que cambiar o eliminar. También le permite al presidente javier Milei fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados. En el dictamen de comisiones se incluyó, a pedido de la UCR, un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el Inta o el Instituto Malbrán, pero igual la redacción del texto no convence a muchos legisladores. “En este modelo si se les ocurre cerrar el Senasa lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a apoyar”, explicó Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica.
El impuesto a las Ganancias también mereció impugnaciones de sectores del radicalismo, del bloque Hacemos y de diputados de provincias patagónicas. En las exposiciones recordaron que el propio Milei había aprobado su eliminación el año pasado y que había prometido no aumentar impuestos.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes consorcios para proyectos de más de 200 millones de dólares, y a muy largo plazo, fue objetado por discriminar a las empresas de menor tamaño y a las economías regionales. Los diputados más referenciados con sus provincias señalaron que el artículo 162, que establece que si una provincia propone una norma que vaya en contra de las facilidades del RIGI es “nula de toda nulidad”, denunciaron que ese apartado avasalla la autonomía de las provincias.
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