La Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos de cinco profesionales oriundos de San Nicolás acusados de montar una red dedicada a blanquear dinero de origen dudoso, burlar las trabas impuestas por la AFIP durante el llamado cepo cambiario en 2013 para comprar dólares y colocarlos en el extranjero. Entre los imputados se encuentra un reconocido abogado y un contador, además de dos gerentes bancarios. En la causa interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello. La Sala B del tribunal federal rosarino también convalidó los embargos trabados, de más de 70 millones de pesos en total.
Según el portal Fiscales, el proceso empezó con una denuncia de la AFIP en 2016. La investigación constató la utilización por parte de los imputados de por lo menos dos empresas –SD Montajes SA y Wismares SA– en cuyas cuentas se acreditaron aproximadamente 23 millones de pesos, en una, y otros 13 millones de pesos en la otra, cuyo origen lícito no pudo ser justificado por las firmas.
Las empresas investigadas estaban inscriptas como servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado y en el comienzo de su actividad ingresaron millones de dólares en sus cuentas sin tener siquiera empleados registrados o bienes, maniobra que despertó la sospecha de la AFIP. En aquel momento regía el llamado cepo cambiario, que permitía sólo la compra de dólares para ahorro, turismo, importaciones y exportaciones.
Según consta en la denuncia de la AFIP, las empresas Montajes S.A y Wismares S.A lograron comprar dólares en el sistema financiero formal para transferirlas al TD Bank de Florida y al HSBC de Hong Kong. El dinero en cuestión fue 3.5 millones de dólares, en aquel momento más de 21 millones de pesos argentinos, no pudo ser hallado y sólo consta un pedido de informes de la Justicia argentina a esas entidades financieras extranjeras.
Para la Fiscalía, se trató de una maniobra para blanquear dinero espurio mediante la emisión de facturas truchas internacionales. El dinero llegaba a estas empresas mediante cheques de distintas firmas. En la causa constan algunos de la AFA y del reconocido abogado y empresario portuario Juan Manuel Ondarcuhú, motivo por el cual fue uno de los objetivos allanados.
Según la acusación, se trató de una operatoria compleja para la que fue necesario un elevado nivel de conocimiento técnico en materia fiscal, desplegado en fases y con la intervención de diversas personas y funciones.
La hipótesis es que la organización lograba efectuar estas transferencias mediante la simulación de operaciones de importación de servicios con las empresas mencionadas, para lo cual adulteraban la documentación de respaldo; de ésta forma adquirían a precio de mercado oficial los dólares necesarios para “cancelar” las operaciones y remitirlos a través del sistema financiero al exterior, dándole de ésta manera una apariencia de legalidad al dinero obtenido.
El fallo de la Cámara Federal rosarina
Con respecto a la participación de los imputados, el tribunal de Cámara sostuvo que la Fiscalía logró un cuadro indiciario suficiente, en la etapa procesal en la que se encuentra, para afirmar la probable intervención de los acusados.
En relación al contador público Juan Carlos Inés, la acusación lo identificó como el asesor impositivo de ambas empresas y el ideólogo de la operatoria, interviniendo en el montaje de las personas jurídicas. En efecto, ambas firmas realizaron los mismos movimientos de pago al exterior.
A su vez, Guillermo Di Giacinti sería la persona de confianza del primero para el control de la operatoria de la cuenta bancaria de SD Montajes, tarea que desarrolló desde antes de su constitución formal como apoderado. Para probar su rol se tuvo en cuenta el intercambio de emails entre diferentes integrantes de la banda.
Al tercer imputado, Edgardo Saltal, se lo acusó de haber tomado parte en la ejecución de las maniobras delictivas investigadas, prestando su consentimiento para constituir y presidir la firma SD Montajes SA, al sólo efecto de canalizar por su intermedio los fondos que serían posteriormente girados al exterior. Incluso, gestionó la apertura de la cuenta bancaria de la firma Banco Santander Río a la que se ingresaron fondos posteriormente girados al exterior, depositó gran parte de los cheques acreditados en la cuenta bancaria de la firma y suscribió los formularios de compra de moneda extranjera.
También presentó una declaración jurada ante la sucursal San Nicolás de esa institución en noviembre de 2013 donde manifestó que los fondos acreditados en la cuenta bancaria de titularidad de la firma se correspondían a su actividad normal y realizó dos extracciones en efectivo.
Para el caso de Luis Cesar Agüero, la Cámara Federal señaló que hay suficiente evidencia para avalar la hipótesis fiscal, en cuanto a que habría prestado su nombre para integrar y presidir Wismares, como así también su consentimiento para que su vivienda fuera registrada como sede social de la firma. Inclusive, el fallo destacó que en el acta de allanamiento de su vivienda consta que manifestó ser testaferro de la compañía. Su condición patrimonial no se condice con la situación económica que revestiría el presidente de una empresa que facturaba montos millonarios: del informe ambiental realizado respecto a él se consignó como profesión la de panadero, explica el escrito.
Con respecto al imputado Walter Azzaretti se tuvo por probado que prestó su consentimiento para integrar el directorio de Wismares, que tenía poder de decisión sobre la operatoria de la firma, que manejaba la clave fiscal de la empresa y se contactaba directamente con los pretensos clientes.
También está procesado en la causa el abogado Eduardo De Felipe, considerado ideólogo de la maniobra junto con el mencionado Juan Carlos Inés. La Cámara confirmó los embargos respecto de estos dos supuestos coautores hasta cubrir 60 millones de pesos y los partícipes necesarios, por 5 millones en dos casos y un millón en el restante.
Además, dos gerentes de bancos importantes también fueron procesados. Alejandro Caputto, del banco Galicia, y Carlos Segafredo, del Santander Río. Ambos están sospechados de prestar colaboración para la banda de guante blanco. Precisamente, autorizar la apertura de cuentas corrientes en las sucursales bancarias que presidían haciendo la vista gorda sobre los procedimientos para prevenir y detectar el lavado de activos.
