La Cámara Federal porteña señaló este viernes que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y ordenó que se investigue la relación entre su muerte y la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del pacto con Irán sobre la causa Amia.
El fallo fue firmado por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia y confirmó el de primera instancia del juez Julián Ercolini, que había dado por probado, por primera vez, el homicidio: sin embargo, cada uno hizo su voto y el primero fue más categórico que el segundo al vincular el homicidio de Nisman con la denuncia contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la Amia, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
«Nisman fue asesinado horas después de haber formulado una denuncia contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y otras personas por haber encubierto a los presuntos responsables del atentado, y horas antes de exponer ante una comisión especial del Congreso Nacional las razones de su proceder», sostuvo Irurzun.
Y agregó: «Si bien dicha circunstancia, por sí sola, no permite definir el vínculo entre el homicidio y la actividad funcional de la víctima, el examen integral del escenario orienta la presunción en tal sentido. Téngase en cuenta que la víctima tenía asignada custodia de diversas fuerzas de seguridad en razón de las amenazas que –como consecuencia expresa de su función–, había recibido tanto él como su entorno familiar».
De esta forma, el Tribunal no hizo lugar al planteo del abogado Pablo Lanusse, representante de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, quien había reclamado que se imputara a la ex presidenta Kirchner como parte de un «plan criminal» que cometió un «magnicidio».
En cambio, el tribunal encomendó a Ercolini profundizar la investigación: no nombraron a la ex presidenta como posible sujeto de investigación, aunque sostuvieron que, a futuro, «nada impide que tras su avance, la plataforma (de investigación) se vea modificada y/o ampliada en el sentido pretendido por el doctor Lanusse».
Por su parte, Bruglia dijo que «no puede dejar de soslayarse que el homicidio de Nisman se produjo cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación, circunstancia que obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del fiscal se haya producido como consecuencia directa de la especifica acción que adoptó en el marco de su función».
En tanto, el tribunal no se expidió sobre el empleado informático Diego Lagomarsino, puesto que quedó firme el procesamiento al no haber apelado sus abogados la acusación que en primera instancia fijó el juez federal Julián Ercolini, como «partícipe necesario» del presunto asesinato ocurrido el 18 de enero de 2015, en el tercer piso de una de las torres del complejo Le Parc en Puerto Madero.
Los jueces Irurzun y Bruglia tuvieron en cuenta que «las manchas de sangre que presentaba la mano derecha de la víctima sólo ocupan su dedo índice y pulgar formando un limpio triángulo cuyo vértice se dirige hacia el sector izquierdo de la muñeca, es decir, entre ambos dedos», un patrón que –advirtieron– «es incompatible con la sobreempuñadura de su mano izquierda, pues en tal caso dicho vértice estaría orientado en sentido opuesto».
También indicaron que la posición en que fue encontrado el cuerpo en el baño del departamento implica que fue acomodado por terceras personas, por lo que descartaron que se tratara de un suicidio.
Irurzun también sostuvo que el asesinato de Nisman contó con complicidad y, al respecto, enumeró «las cámaras de vigilancia no operativas, absurdas demoras en el ingreso a su departamento, irrupción indiscriminada de personas al lugar, invasión del perímetro pericial por personas ajenas a los expertos y deficiente identificación, selección y levantamiento de rastros en los momentos inmediatamente posteriores al hallazgo del cuerpo».
«Todo ello, además, rodeado de llamativas, reiteradas y no habituales comunicaciones desde la noche del sábado hasta avanzado el domingo entre funcionarios de diversas áreas del Estado Nacional –Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad provincial, Jefatura II Inteligencia del Ejército Argentino–», añadieron.
También el Tribunal ratificó acusación sobre los cuatro custodios de Policía Federal Luis Miño, Armando Niz, Néstor Durán y Rubén Benítez por encubrimiento del crimen e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Miño y Niz estaban asignados a la custodia el domingo, día en el que fuera encontrado Nisman sin vida tras el ingreso de ellos al edificio junto con la mamá del fiscal, en tanto que Benítez y Durán habían estado en funciones el sábado anterior.
«Los encartados sabían que ese fin de semana transcurría en circunstancias que elevaban de manera extraordinaria los niveles de riesgo sobre la integridad del funcionario, ya que conocían que el día 14 de enero el fiscal había efectuado una trascendente denuncia contra las máximas autoridades de la Nación y que el lunes 18 debía concurrir ante una Comisión del Congreso de la Nación para exponerla, con las implicancias políticas e institucionales que ello conllevaba», señaló en su voto Bruglia.
