Semanas atrás, un alto directivo penitenciario publicó una carta explosiva. Dijo que la situación que viven los presos en Santa Fe es “extremadamente crítica” porque hay sobrepoblación en todos los establecimientos carcelarios. Sin eufemismos asumió que el hacinamiento “obliga” a las autoridades a vulnerar derechos básicos de quienes están privados de la libertad y que ni siquiera pueden cumplir con fallos judiciales que les exige regularizarse: siguen llegando presos. Traducido en números, hay cerca de 8.600 personas detenidas en condiciones infrahumanas en una provincia que tiene lugar para alojar a 5.800. Hasta acá pareciera un problema que se resuelve con la construcción de más cárceles. Pero el aumento exponencial de detenidos en los últimos años demuestra lo contrario. En 2014, la población penal en toda Santa Fe rondaba en 3.500 personas, cifra que hasta la fecha sumó de forma escalonada más de 5.000 almas. Ese incremento, que muros adentro es el infierno mismo, no tuvo el impacto que la sociedad reclama en cuanto a penas más duras. El encierro creció a la par de una violencia inaudita: la tasa de homicidios más alta del país, balaceras a plena luz del día, comerciantes extorsionados y un sicariato que hace blanco en familias enteras sin discriminar a niños ni bebés. El asunto es complejo, por no decir catastrófico, y amerita preguntarse si la salida es seguir encarcelando gente. Según la titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, la prisión como única respuesta del Estado ante cualquier tipo de delito no tiene incidencia en la inseguridad: peor aún, la agrava.
En un análisis de la cuestión, la funcionaria mencionó la necesidad de implementar un cambio profundo en la política criminal para dar otro tipo de respuestas que no sea la cárcel como única opción, en particular cuando se trata de jóvenes que acaban de ser captados por el sistema penal por cometer infracciones menores apenas cumplen la mayoría de edad.
Según Balangione, esos chicos son encarcelados por primera vez con presos de alto perfil y terminan siendo utilizados como mano de obra barata por organizaciones criminales. “Salen de prisión vinculados a la criminalidad y con una especialidad en la materia”, dijo.
Si entra uno, entran tres
La situación de emergencia carcelaria en Santa Fe es conocida por todos los poderes del Estado. La Justicia hace lugar a los pedidos de habeas corpus, intima a las autoridades del Servicio Penitenciario a que adecue las condiciones porque se vulneran derechos básicos pero nada cambia o, mejor dicho, todo empeora. Entran más detenidos de los que salen, la vocación de encarcelar de fiscales y jueces es cada vez más alta (cerca de un 40 % de la población penal no tiene condena y está detenida de forma preventiva) y el agravamiento de la pena dentro de las prisiones viola los estándares de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
“Se supone que la cárcel está para resocializarse. Entonces me pregunto y le pregunto a la gente si se puede resocializar a una persona en este tipo de circunstancias”, expresó Balangione tras aseverar que las cárceles de la provincia están “absolutamente llenas y sobrepobladas” y que volvieron a alojar a detenidos en seccionales policiales, donde las comisarías de la Capital, para dar un ejemplo, “están al 300%” de su capacidad.
“La sobrepoblación en general repercute en un montón de situaciones que hacen tanto a la vida de la persona que está en encierro como también a la sociedad”, resaltó.
En relación a los internos dijo que “hay una violencia institucional estructural por las mismas condiciones de encarcelamiento” y mencionó que producto del hacinamiento hay diminutas celdas individuales con dos personas donde “amagan con poner a tres” además de otras irregularidades graves como personas encadenadas a rejas a la intemperie en pequeños cubículos donde pasan días enteros bajo el sol, la lluvia, el frío o lo que sea.
Con esa descripción no sólo confirmó la denuncia que a fines de marzo hizo pública el director provincial del Régimen Correccional provincial, Darío Rossini, en una carta en la que asume que están vulnerando los derechos básicos de los detenidos por el hacinamiento y reconoce que la situación empeora porque siguen recibiendo más de diez detenidos a diario. Balangione advirtió que el problema no acaba ahí.
“Primero que los pabellones en esas condiciones de superpoblación generan que estén mezclados los presos, los que han cometido delitos importantes con los que están por delitos menores”, dijo para aclarar que hay excepciones con las personas acusadas o condenas por delitos sexuales, que están separadas, al igual que los presos federales por infringir la ley de estupefacientes.
En ese contexto, la funcionaria hizo foco en “aquellos muchachos que entran con penas cortas y rápidamente recuperan la libertad pero no porque la cárcel sea una puerta giratoria, sino porque ya cumplieron la condena” que correspondiente. “Salen peor y vinculados con la criminalidad”, sentenció.
La puerta que no gira
“Esto no es culpa ni de los jueces, ni de los fiscales, ni del sistema. Esto requiere un consenso político de fondo que tenga impacto sobre la política criminal, sobre qué es lo que se hace con las personas que son atrapadas por el sistema porque hasta ahora el Estado da una sola respuesta: o se va a su casa, o se va a la cárcel”, reflexionó.
Al respecto explicó que cuando un pibe es atrapado por primera vez, al no tener antecedentes penales y estar frente a un delito menor en el que no afectó ni la salud, ni la vida, ni la integridad sexual de otra persona, vuelve a su casa. “Entonces ese chico sigue delinquiendo”, expresó Balangione.
La funcionaria dijo que en general “son muchachos muy jóvenes, recién llegados a la mayoría de edad que tienen toda una situación de base que los llevó a un determinado tipo de vida”. Pero refirió que el principal problema “es que el Estado no tiene otro tipo de respuesta que no sea la cárcel” y eso genera “en la ciudadanía una percepción de la puerta giratoria que es falsa, porque hay una gran vocación de encierro” en Santa Fe.
Así se refirió a que esos jóvenes, cuando delinquen por segunda o tercera vez “quedan atrapados” porque “ahí ya se les pide la prisión preventiva” y son encarcelados. “Generalmente arreglan un juicio abreviado y continúan presos hasta cumplir la condena”, continuó, para aclarar que son penas cortas porque, pese a estar ajustadas a la ley representan delitos de menor envergadura.
Una vez presos, “esos pibes son vinculados con toda la criminalidad dentro de la cárcel, van a esos pabellones superpoblados de 80, 100 muchachos, todos mezclados, donde tenés gente que pertenece a bandas y gente que no” y son captados “como mano de obra barata”, mencionó. “Criminológicamente se observa que estas personas vuelven a sus barrios más empoderadas después de haber estado en prisión”.
Soldaditos o mulas
Lo que los espera afuera es menos alentador. Balangione mencionó “el abuso problemático de drogas que tiene que ver con el narcomenudeo” y “todo el cordón periférico” que hace que “se vuelva siempre a lo mismo: todos estos pibes, al igual que las mujeres, son utilizados por los mercados ilegales como soldaditos o como mulas, son absolutamente fungibles, y la cárcel no da ningún tipo de respuestas que vaya a solucionar el problema para la sociedad”.
Para la Defensora Pública provincial, la cárcel está absolutamente deslegitimada: “no es efectiva como respuesta a la sociedad, que es la que representa a las víctimas. Y por otro lado tampoco es efectiva como respuesta a las personas que cometen delitos, porque ni se resocializan ni tienen un cambio de vida, todo lo contrario, se vinculan y se perfeccionan en la comisión de delitos”.
Recordó que “desde 2014 a hoy los presos pasaron de ser 3.500 a ser 8.500 y la inseguridad como el narcomenudeo crecieron muchísimo y ahora hay violencia armada, tiroteos, sicariatos con 5.000 presos más en ocho años”.
Al respecto mencionó que es necesario un cambio profundo en la política criminal ya que hoy por hoy “el sistema carcelario está planteado como única respuesta de la política criminal” y muchas situaciones “son de origen social y se las criminaliza”.
La construcción de un sistema de Justicia restaurativa es una alternativa que plantea Balangione para “abordar la problemática social con participación de la sociedad y todas las áreas del Estado para que trabajen de forma coordinada”.
Dijo que de esa manera se le podría dar “una respuesta inmediata a la persona que ha cometido el delito y a la sociedad, que en el caso concreto está representada por la víctima de ese delito”. Como ejemplo mencionó procesos alternativos a la prisión, como la mediación y la conciliación, que involucran a la comunidad en su conjunto para resolver los conflictos y hacen foco en la compensación del daño a la víctima y en la responsabilidad penal de quien delinquió.
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