“Repudiamos y rechazamos el pedido de beneficios a Pedro “Pili” Rodríguez”. Con esa síntesis fijo posición la CGT San Lorenzo en relación al represor condenado por crímenes de la dictadura, que actualmente cumple condena en prisión domiciliaria.
La central obrera local se refirió así en el marco del escándalo que desató un pedido para que Rodríguez tenga salidas laborales: el Sindicato de Obreros Aceiteros (Soea) de San Lorenzo presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario para instalarlo como asesor del gremio, y generó una catarata de repudios.
Pili Rodríguez, abogado y reciclado en democracia como dirigente del Partido Justicialista –fue diputado provincial y concejal– ya había sido asesor del gremio sanlorencino, que no integra la Federación Nacional aceitera. Y el titular del Soea, Pablo Reguera, dio su conformidad para que volviera a serlo, lo que generó un cimbronazo en la ciudad del Cordón Industrial.
A los repudios se sumó la CGT regional que emitió un comunicado con la firma del secretario General, Jesús Monzón, y el Adjunto, Mauricio Brizuela, en rechazo a cualquier beneficio judicial a quien “hoy cumple condena por su participación en la última dictadura militar acusado de entregar a sus propios compañeros de militancia”.
En ese sentido, la CGT San Lorenzo también mencionó que Rodríguez cumple prisión en un country en Oliveros, lo cual ya acumula rechazos a nivel local. El abogado fue quien marcó desde un vehículo militar el 25 de marzo de 1976 al entonces secretario General del Sindicato Municipal, Manuel Casado, quien inmediatamente fue secuestrado. Rodríguez era entonces asesor letrado de la Municipalidad, que había pasado a control del Ejército.
Casado permaneció diez días de encierro y torturas con golpes y picana. Lo soltaron y lo cesantearon en la Municipalidad. Su testimonio y el de sus hermanas fueron claves para indagar en el circuito represivo del Cordón Industrial y posibilitó la condena de los oficiales Rubén Cervera, quien era teniente coronel y asumió como intendente de San Lorenzo, y Horacio Maderna, que entonces era capitán y pasó a ser secretario de Gobierno. Este último, junto a Pili Rodríguez, está procesado por otros casos de secuestro y desaparición de personas en el marco de la llamada “causa de los trabajadores”.
“Queremos expresar nuestro desacuerdo y más enérgico repudio a la posibilidad de que la Justicia conceda beneficios que atenúen la condena a todas aquellas personas que han sido juzgadas y encontradas culpables de cometer delitos de lesa humanidad, especialmente a aquellos que han sido participes y cómplices del plan sistemático para secuestrar, torturar y asesinar a trabajadores y trabajadoras”, se expresó la CGT San Lorenzo.
Y a la situación que generó el aval del Soea a las salidas transitorias con fines laborales se sumó el Concejo Deliberante de San Lorenzo, que este sábado concretó una sesión especial únicamente para tratar el tema. En la reunión se aprobó una declaración que expresó “preocupación” por el pedido del gremio aceitero local por Rodríguez, “atento a la condena que pesa sobre él por delitos de lesa humanidad”.
