Agustín Aranda
Pocos meses después de conseguir su título universitario, la diputada provincial y ex defensora pública Matilde Bruera entró en la agrupación “25 de Mayo”, donde profesionales en abogacía con algún pasado en militancia universitaria de distintos partidos políticos trabajaban junto a las organizaciones de derechos humanos. El grupo ayudaba a presentar los habeas corpus para dar con las personas desaparecidas y solía reunirse en un local de la cortada Ricardone. Afuera personas dentro de autos sin patente vigilándolos marcaban que faltaban años para el fin de la dictadura.
A fines de la década del 70 los jueces solían rechazar los pedidos de habeas corpus, pero los organismos como Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) seguían entrevistando a víctimas y a familiares. Sería la base de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de 1983 y, más tarde, los archivos para los primeros juicios de lesa humanidad en Rosario. Bruera recuerda esos días como claves para los procesos de Justicia que el Poder Judicial no iniciaba.
Con la victoria de Alfonsín la Conadep logró allanamientos en causas contra militares, pero encontró que la dictadura no había desaparecido. La madrugada del 8 de octubre de 1984 dos hombres vestidos de policía robaron tres cuerpos del sumario 6-84, donde el juzgado de Francisco Fermosellese investigaba a Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi y Teresa De Conde, integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 y señalados como responsables de desapariciones. El caso es conocido como el Robo a Tribunales.
Meses después Bruera mandó una carta al presidente del Colegio de Abogados y enumeró atentados a profesionales en la ciudad. Iban desde el incendio del auto de Alberto Jaime (uno de los integrantes de la “25 de Mayo”) y una serie de bombas colocadas en facultades y estudios jurídicos. En algunos casos, llegaban la casa de los abogados como Israel Esterkin, quien presentó uno de los informes de Conadep al Poder Judicial.
“Argentina tuvo una particularidad que no tuvieron otros países con dictaduras. Fue la lucha en la calle y en los tribunales. A diferencia de otros países de América, tenemos una universidad gratuita que formó profesionales de distintos estratos y visiones políticas. En Chile y Brasil hubo Comisiones de Verdad que llevaban adelante las iglesias. Acá con esos profesionales apostamos a hacer los juicios”, reflexionó Bruera.
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