La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió este jueves, por mayoría, darle curso a la denuncia presentada por la diputada nacional de la Colación Cívica, Lucila Lehmann, contra el ex ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain. Siete de los nueve miembros de la comisión (enrolados en el Frente Progresista, Cambiemos y Somos Vida) firmaron un dictamen para pedirle al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que no permita el regreso de Sain al cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En tanto, los dos legisladores oficialistas que forman parte de la comisión emitieron sus propios dictámenes de minoría para solicitar que se archive la denuncia y se concluya el proceso con el argumento de que Sain ya renunció al cargo de ministro de Seguridad.
Además, los legisladores que suscribieron el dictamen de mayoría le pidieron a los poderes Ejecutivo y Judicial que envíen material relacionado al ex ministro de Seguridad. Y acordaron convocar a la diputada Lehmann a una reunión en la comisión para que amplíe la denuncia que dio origen al proceso de juicio político, presentada dos semanas atrás cuando se difundieron los audios injuriantes de Sain, que por ese entonces aún seguía al frente de la cartera de Seguridad.
El dictamen de mayoría fue firmado por Joaquín Blanco, Pablo Farías, Clara García, Maximiliano Pullaro y Marlén Espíndola (Frente Progresista), Julián Galdeano (Cambiemos) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia). En tanto, los legisladores que integran el interbloque del oficialismo y que forman parte de la comisión, Matilde Bruera y Oscar “Cachi” Martínez, suscribieron sus propios dictámenes de minoría para pedir que se archive la denuncia. Martínez, además, le solicitó al Poder Ejecutivo envíe copias de la renuncia de Sain y del decreto que acepta la renuncia, ya que la comisión no tiene esos documentos y todavía no se publicaron en el Boletín Oficial.
El principal argumento de los legisladores del PJ es que, con la renuncia de Sain, concretada una semana atrás, el proceso político contra el ex funcionario ya no tiene razón de ser ni legitimidad. “El juicio político es un proceso administrativo que se agota con la renuncia del funcionario”, advirtió el diputado Martínez. El presidente de la comisión y del bloque socialista, Joaquín Blanco, le retrucó: “No estamos ante un trámite administrativo sino ante un hecho de suma gravedad institucional”.
Los próximos pasos
Tras la reunión de la Comisión de Juicio Político, que se concretó este jueves, el diputado Blanco declaró ante la prensa: “Esperábamos que Marcelo Sain hiciera un descargo por escrito o que el gobierno enviara, al menos, los motivos de su renuncia, que ni siquiera fueron publicados en el Boletín Oficial. Tenemos la responsabilidad política de verificar la denuncia y su veracidad, por eso desde la comisión decidimos avanzar”.
Siete de los nueve miembros de la comisión resolvieron abrir un expediente por la denuncia contra Sain y pedirán a la denunciante, la diputada nacional Lucila Lehmann, que amplíe las pruebas de su denuncia. También le pedirán al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que aporten los elementos que puedan tener vinculación con la misma.
“Consideramos que esto es muy grave”, sostuvo Blanco. “Se han sumado nuevos elementos y hay también un desprecio manifiesto por parte de Sain y del Poder Ejecutivo de no acercar ningún tipo de material. Se trata de una denuncia que está en los medios de comunicación, que tiene estado parlamentario desde el 9 de marzo y la convocatoria a la comisión era pública, esperábamos que los interesados realizaran algún tipo de descargo”.
Además, los diputados firmantes del dictamen de mayoría les pidieron a las autoridades del MPA que no permitan el regreso de Sain al Organismo de Investigaciones: “Desde la comisión también solicitamos al fiscal general, Jorge Baclini, y la auditora general del MPA, Cecilia Vranicich, que eviten la reincorporación del ex ministro ya que no es ético que ocupe un lugar donde se pueda investigar a sí mismo. Sain no puede manejar el Organismo de Investigaciones con todos sus funcionarios de confianza en el Ministerio de Seguridad. Eso tenemos que analizar y no se puede entorpecer esta situación”.
Un día antes de que sesione la comisión, 27 diputados y diputadas de los distintos bloques opositores difundieron una nota –también dirigida a Baclini– en la cual le solicitan que no acepte el regreso de Sain a su cargo anterior, al que accedió por concurso en 2018. En esa carta exponen una serie de motivos para concluir en la “incompatibilidad” del ex ministro de Seguridad respecto de su posible retorno al MPA.
Como autor de uno de los dictámenes de minoría, Oscar “Cachi” Martínez sostuvo que “el juicio político es un proceso administrativo que se agota con la renuncia del funcionario” y por lo tanto debe archivarse. “El juicio político es un juicio administrativo y es para determinados funcionarios. Cesadas las funciones, y aceptada la renuncia por parte del gobernador, se caen funciones de la Legislatura y específicamente de la Comisión de Juicio Político”, sostuvo Martínez.
Debate político
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, se sumó al debate en torno al ex ministro y fijó postura: “Sain demostró pertenencia política con alto nivel de fanatismo, difícilmente pueda cumplir su función con criterio y autonomía”. De esa manera, el ex gobernador –que no había rubricado la carta a Baclini– se posicionó del lado de los que piden que Sain no vuelva a cumplir funciones en la Justicia.
“En la presentación de los 27 diputados de la oposición hay muchos fundamentos para sostener el pedido”, sostuvo Lifschitz en diálogo con LT8. “Sain demostró gestos de descalificación y agresividad, demostró pertenencia política con un alto nivel de fanatismo, difícilmente pueda cumplir una función con criterio y autonomía dentro del Organismo de Investigaciones que depende del Poder Judicial”.
El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro Busatto, también dio su mirada sobre el asunto y disparó munición gruesa contra el Frente Progresista: “Pensé que las quejas tenían que ver con su gestión o sus exabruptos (en referencia a Sain), pero están buscando que el tema siga en la agenda política de la provincia y pareciera que este grupo de diputados busca evitar que una situación totalmente ajustada a derecho termine repercutiendo en investigaciones judiciales que probablemente comprometan a la política”.
Busatto aseguró que “la oposición no tiene todos los papeles en regla para hablar de incompatibilidad o de funcionarios del Ejecutivo que pasan a otras áreas sensibles del Estado”. Y mencionó como ejemplo el caso del ex secretario de Seguridad de la provincia, Matías Drivet: “Primero fue a la Defensoría del Pueblo con (Raúl) Lamberto y ahora es camarista penal; de estos casos está lleno en el MPA, en la Justicia y en el Tribunal de Cuentas. De hecho, Sergio Beccari, que es uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, no tenía la compatibilidad para asumir porque no habían pasado dos años de haber ocupado un lugar sensible en un área contable del Estado; era una incompatibilidad manifiesta”.
El diputado del PJ apuntó que “en los últimos años hemos visto una situación de promiscuidad y de pases de la política a lugares sensibles del estado que tienen que ver con la Justicia y el control y la oposición fue la que impulsó todos esos pases, por eso me llama la atención. Acá no hay incompatibilidades”, concluyó Busatto en relación al caso de Sain.
La ley y la política
Desde la Casa Gris se manifestaron por primera vez al respecto de la polémica sobre el posible regreso de Sain al Organismo de Investigaciones. El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, señaló este jueves que “Sain tiene derecho a volver a su puesto de trabajo anterior”.
Somaglia propuso un doble análisis: “Desde el punto de vista legal, es como cualquier ciudadano que tomó licencia para ejercer otra función, supeditado al ejercicio de esa función, en este caso el Ministerio de Seguridad. Concluida su función como ministro de Seguridad, se agota la licencia y debe volver a su empleador natural (el MPA). Por lo tanto, conforme a derecho, Marcelo Sain tiene la legitimidad y el derecho de volver a su lugar de trabajo”.
“Las otras motivaciones son políticas –continuó el secretario de Justicia–. Esas motivaciones no siempre van de la mano con fundamentos legales. Entonces, muy lejos quedan las motivaciones políticas de la cuestión legal. Acá hay que ser muy cuidadosos porque también sabemos cuántos juicios ha recibido el Estado por haber tomado decisiones políticas, urgentes y muchas veces irrazonables. Creo que acá lo que debe primar es la cordura, la razonabilidad, primero conducirse de acuerdo a las normas que rigen esta situación, pero también aquellas situaciones de incompatibilidades morales o políticas merecerán seguramente un análisis. Habrá que ver si ese análisis se puede ajustar a alguna disposición legal que habilite que no retorne a su función o bien la habilitación para que retorne”.
