Un amplio abanico de organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, políticas y de legisladores, firmaron un comunicado conjunto planteando su preocupación por la realidad habitacional que atraviesa un importante sector de nuestra sociedad y la necesidad de una política pública de acceso a la vivienda.
En el mismo apoyan los proyectos legislativos que establecen que en la provincia en la Santa Fe la Comisión Inmobiliaria la tiene que pagar el propietario y que los inquilinos de vivienda formen parte de los sectores exceptuados en el pago del Sellado.
Los proyectos fueron ingresados el pasado 1 de septiembre a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, a través de la diputada Matilde Bruera (FdT) y se encuentran en las comisiones de “Vivienda y Urbanismo” y “Presupuesto y Hacienda”, respectivamente.
“El acceso a la vivienda tiene que ser un tema urgente y prioritario de la agenda pública de nuestro tiempo”, afirmó Sebastián Artola, titular de la autogestiva Defensoría del Inquilino y referente de Rosario para la Victoria.
“Es necesario que nuestra provincia avance hacia un marco legal que proteja y defienda a los inquilinos”, agregó.
De aprobarse, los gastos que hace un inquilino a la hora de ingresar a un inmueble o renovar un contrato se estarían reduciendo a casi la mitad. De este modo, se estarían beneficiando a los casi 700.000 inquilinos que tiene la provincia de Santa Fe, según estiman desde la defensoría del inquilino.
La pandemia hizo visible como nunca antes la dramática realidad habitacional de una parte importantísima de nuestra sociedad y frente esto es imprescindible la presencia y el acompañamiento del Estado.
«Entendemos que es hora que la provincia de Santa Fe avance hacia un marco legal que proteja y defienda a los inquilinos. Ambas son competencias provinciales y su aprobación significaría un paso más que importante en la ampliación de los derechos de los inquilinos de nuestra provincia, reduciendo en un 50% aproximadamente los gastos a la hora de ingresar a un inmueble o renovar un contrato», sostienen.
