En medio de los feroces recortes que el gobierno nacional generó en los diversos sectores de la cultura, haciendo hincapié en el supuesto “déficit cero” que tanto pregonan, un hecho concreto que puso a la industria del cine nacional y a la formación y el desarrollo vinculado al sector al borde del abismo, la Comunidad Audiovisual Rosarina se movilizará este jueves, entre más, en defensa de la cultura y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
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El encuentro está propuesto para las 16, en la histórica esquina de Sarmiento y Mendoza, en la puerta de la Plataforma Lavardén donde además funciona en el subsuelo la Escuela Provincial de Cine y Televisión (EPCTV) y el segmento rosarino de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).
Todo está en peligro
“El nuevo Presidente del Incaa, Carlos Pirovano, impone medidas restrictivas y retractivas en todos los sentidos, sin proporcionar información sobre un plan estratégico y artístico para el organismo y la industria audiovisual”, sostiene el comunicado dado a conocer en las últimas horas por referentes de la producción audiovisual local.
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Y agrega: “La resolución de Incaa (RESOL-2024-16-APN-INCAA#MCH), que se dio a conocer el pasado 11 de marzo, cancela el apoyo al lanzamiento de estrenos, así como también cancela el apoyo a festivales de cine en todo el territorio nacional, cuya realización es fundamental para el desarrollo de múltiples miradas y la promoción de nuestra cultura cinematográfica a nivel federal”.
“Por otro lado –completa–, la cancelación de contratos y suspensión de pagos de horas extras a las y los trabajadores del Instituto de Cine ponen en riesgo el normal funcionamiento de, entre otras cosas, la Escuela de Cine (ENERC) o el Cine Gaumont (que anunciaron su potencial puesta en venta), y agrava la precaria situación, profundiza la incertidumbre y la inestabilidad que ya experimentan los y las trabajadoras, sin mencionar que no hay forma de garantizar el comienzo de las clases en las sedes ENERC del interior, dejando a la deriva a cientos de alumnos”.
En el mismo sentido, la Comunidad Audiovisual Rosarina suma al comunicado con contundencia: “Es preocupante constatar que estas medidas sólo formalizan una situación que ya se venía gestando, evidenciando una falta de compromiso y de visión a largo plazo por parte de las actuales autoridades del Incaa. Al día de hoy no se han presentado propuestas o soluciones concretas para reactivar un sector que se encuentra completamente paralizado desde diciembre de 2023. Además, la falta de claridad respecto de los pagos adeudados a proyectos en curso pone en grave riesgo la finalización de las películas y el futuro de las casas productoras que han perdido toda previsibilidad económica y se encuentran al borde de la quiebra, poniendo en serio peligro la continuidad de los trabajos directos e indirectos que se generan, con un alcance de más de 600 mil familias en todo el país”.
Y cierran: “Esta realidad resulta más acuciante en las provincias ya que la ausencia de una mirada federal, en el más amplio sentido, implica prácticamente la desaparición de la industria audiovisual de las provincias. Desfinanciar al cine nacional no resuelve ni el hambre ni la pobreza, sólo genera más desocupación dejando en la calle cerca de un millón de familias que dependen de manera directa o indirecta de la industria audiovisual y a su vez destruye uno de los acervos que son más constitutivos de nuestra identidad como nación. Instamos al gobierno a explicar cómo destruyendo una industria que genera trabajo e ingreso de divisas se resuelve la pobreza y el hambre. Exigimos a las nuevas autoridades del Incaa que trabajen en conjunto con la comunidad cinematográfica para encontrar soluciones que protejan y fortalezcan la industria audiovisual. Es responsabilidad del gobierno nacional velar por la integridad del pueblo argentino en su conjunto, preservando y no atentando contra la soberanía cultural del país”.
