El próximo jueves el fiscal de Melincué Matías Merlo imputará en la causa contra una banda dedicada al juego clandestino que, según su teoría está liderada por el empresario Leonardo Peiti, a otro funcionario del Ministerio Público de la Acusación. La derivación de este expediente se tramita en Rosario, donde derivó en el encarcelamiento del fiscal Gustavo Ponce Asahad y su superior, el fiscal Regional Patricio Serjal, además de un pedido de desafuero contra el senador Armando Traferri que no prosperó. Pero el caso original, que se inició en el departamento General López en 2018 tras la denuncia del presidente comunal de Hughes, está a un paso de la audiencia preliminar de juicio. Ese paso es la acusación formal contra el fiscal de Reconquista Rodrigo González, sospechado de estar involucrado en la asociación ilícita que operaba no sólo en el sur provincial, sino en aquella ciudad del norte, igual que en Vera y Avellaneda.
El nombre de González adquirió trascendencia provincial hace dos años, en medio de un escándalo en el MPA de Reconquista que lo mantiene enfrentado con el fiscal Regional Rubén Martínez, con el que se cruzaron denuncias y que incluso tuvo a este último, su superior, con custodia policial.
Ahí comenzaron a surgir públicamente los nexos judiciales con las apuestas ilegales, a partir de la intervención de quien era fiscal Regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, el funcionario que dispuso la custodia para su par Martínez al considerar que existía la posibilidad de que un capitalista del juego clandestino atentara contra su vida.
En rigor, en noviembre de 2018 Martínez denunció a González por la desaparición y destrucción de legajos de causas en trámite, además de la retención indebida de dinero recolectado en multas por juicios a prueba. Luego, González denunció a Martínez por abuso de autoridad.
“El juego trae dinero clandestino y el dinero clandestino corrompe. Así de claro”, dijo Sinópoli dos años atrás, cuando aún el escándalo en el MPA de Rosario estaba muy lejos de estallar.
Causa por juego clandestino salpica a la Fiscalía de Reconquista
Según la pesquisa de Merlo, que puede derivar en el achaque de la figura legal de incumplimiento de deberes contra González, éste tenía trato continuo con un hombre identificado como Néstor, el nexo recaudatorio con el empresario Peiti de acuerdo con la teoría fiscal, quien tenía a su cargo el manejo de garitos en siete localidades provinciales.
El fiscal González ya tiene sobre su cabeza otras imputaciones, entre las que se cuentan denuncias de amenazas por parte de pasantes y la mencionada acusación que le hizo su superior Martínez.
Semanas atrás, en declaraciones a la radio Cadena OH!, el fiscal González se manifestó extrañado por esta nueva acusación, dijo que le llama la atención que lo vayan a sindicar por “encubrimiento”, y que encima esa imputación sea en el sur provincial cuando el único allanamiento que él comandó por juego clandestino fue en marzo de 2018 en Reconquista.
“El fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, desde noviembre de 2018 que dijo públicamente cosas malas de mí, tanto como fiscal y como persona, no tiene relación (conmigo). Volví a trabajar en febrero de 2019, y si tengo que hacer preguntas puntuales sobre mi trabajo lo hago a través de un tercero, porque no se me responden los mails ni los whatsapp”, dijo González, quien alega inocencia en todas las acusaciones que hasta el momento le han hecho.
«Y hablamos de cuestiones importantes. Es una función muy seria y entiendo que en horario de trabajo hay que dejar de lado (los asuntos personales); tengo la mejor predisposición. Se dijeron cosas falsas que al día de hoy quedaron en palabras y es un poco complicado trabajar así», finalizó.
Juego Clandestino: reimputaron a Serjal, a un empleado y explicaron la estructura de la organización
El caso Melincué y los coletazos en Rosario
En 2018, el fiscal Merlo llevaba adelante una investigación por juego clandestino donde estaba sindicado Peiti y le dictó una orden de detención. La pesquisa se inició por una denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina, quien en marzo de ese año dio cuenta de la existencia de un garito en dicha localidad del departamento General López. En un allanamiento a ese local de apuestas ilegales, los investigadores secuestraron los celulares de las dos mujeres que trabajaban allí y de la dueña del lugar.
Estas personas reportaban liquidaciones diarias a un celular radicado en Rosario donde atendía ese tal Néstor y, al considerar que podría corresponder a una estructura más organizada, el fiscal intervino este teléfono. De esas escuchas determinaron que organizaba salas de juegos en diferentes puntos de la provincia y le reportaba a Peiti, su jefe.
Merlo detalló que, por lo general, el dinero recaudado se dividía en tres partes: para el que la explotaba, el intermediario y Peiti. Y dijo que de la recaudación le quedaba como mínimo y en promedio 30 mil pesos a cada parte y, a modo de ejemplo, explicó que constataron 10 salas en Casilda, otras 7 en Reconquista y 5 en Venado Tuerto.
El fiscal de Melincué gestionó una serie de allanamientos en noviembre de 2018 en distintas jurisdicciones pero el 8 de diciembre de ese año lo llamó el entonces fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, con quien cruzó información y le habló del pedido de allanamientos, órdenes que finalmente no fueron firmadas por la jueza, ya que solicitó mayores precisiones.
Poco después el abogado de Peiti se presentó en la Fiscalía de Melincué buscando información sobre la investigación que aún no había sido develada, lo que le llamó la atención al fiscal Merlo pero su sorpresa sería mayor cuando, al poco tiempo de la charla con Ponce Asahad, empezaron a desaparecer los garitos que los investigadores habían ubicado. Por ello, el fiscal de Melincué desistió de continuar con las medidas ya que advirtió la filtración de toda la información de la causa.
“El único que sabía esa información era Ponce”, fue la afirmación de Merlo en la declaración que brindó en la investigación rosarina, donde Peiti declaró como imputado-arrepentido por asociación ilícita dedicada a la extorsión y el juego ilegal, y que dejó tras las rejas al entonces fiscal de la Unidad Covid Ponce Asahad y su superior Patricio Serjal.
Melincué: piden 8 años de cárcel para Leo Peiti por asociación ilícita, igual figura que en Rosario
A fines de diciembre de 2018, el entonces fiscal Regional de Venado Tuerto Sinópoli, superior de Merlo, solicitó una investigación administrativa por la filtración de información al fiscal General Jorge Baclini.
Sinópoli contó ante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que el 8 de diciembre de ese año un abogado lo llamó para decirle que un colega que representaba a Peiti quería comunicarse con él. Ese mismo día también lo llamó su par Patricio Serjal diciéndole que quería mantener una reunión porque en Rosario había investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse.
En marzo de 2019, Peiti presentó un habeas corpus que fue rechazado por lo que quedó detenido e imputado en el caso Melincué. En ese momento, Peiti declaró y volvió a hacerlo en una segunda audiencia, aunque Merlo dijo que sus dichos no concordaban con la evidencia que habían lograron recolectar, la cual lo ubica como organizador y jefe de una asociación ilícita para llevar adelante la actividad de juego clandestino al menos entre enero de 2017 y diciembre de 2018.
Merlo presentó en diciembre de 2020 la acusación contra el empresario y otras seis personas a las que considera parte de la asociación ilícita encabezada por Peiti. Dijo que la red operaba en siete localidades provinciales: Reconquista, Avellaneda y Vera, en el norte, y Casilda, Venado Tuerto, Hughes y Wheelwright, en el sur.
Merlo adelantó que pedirá 8 años de cárcel para Peiti y describió que la calificación legal achacada tiene una escala que va de 5 a 10 años por lo que en caso de que sea condenado la pena será de cumplimiento efectivo.
Acusaron a Leonardo Peiti como organizador de una asociación ilícita con banca política y judicial
