Policiales

Conflicto interjurisdiccional

La Corte deberá decidir quién investiga a Pillín por lavado de activos

El juez federal Carlos Vera Barros, aceptó la competencia para investigarlo. Pero el problema  es que la Justicia provincial primero había girado al federal una  parte de la causa donde está involucrado Pillín, pero luego un camarista resolvió que el expediente continuara en manos del MPA


La causa que investiga al jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte por lavado de activos tiene problemas de jurisdicción. Es que el juez federal Carlos Vera Barros, aceptó la competencia para investigarlo. Pero el problema  es que la Justicia provincial primero había girado al federal una  parte de la causa donde está involucrado Pillín, pero luego un camarista resolvió que el expediente continuara en manos del Ministerio Público de la Acusación.  En estos casos, como es una cuestión de competencia, quien debe resolver es la Corte.

Andrés “Pillín” Bracamonte fue imputado en diciembre pasado junto a otras personas, entre ellas el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Rosario, Carlos Vergara. La Fiscalía les achacó utilizar un mecanismo violento para obligar a distintas empresas constructoras a utilizar servicios que brinda una de las empresas de Pillín. En esa audiencia el juez descartó la intervención de la Justicia provincial en el delito de lavado de activos, al argumentar que si bien había elementos para considerar la existencia de una asociación ilícita esas evidencias no alcanzaban para acusar a Pillín y su socio en la firma Vanefra como miembro de la organización.  Pero en el mes de mayo,  el camarista Daniel Acosta revocó parcialmente la decisión avalando la facultad de la Justicia provincial a investigar lavado, al entender que es viable investigar a Bracamonte y su socio por el delito de asociación ilícita aunque confirmó que siga en libertad con restricciones.

Ahora el juez federal Carlos Vera Barros aceptó también investigar el lavado.  El magistrado hizo lugar al pedido que le habían hecho los fiscales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra. Pero es probable que desde la Justicia provincial interpongan un recurso para que la situación sea dirimida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien debería mediar en el problema.

En el mes de mayo, Acosta dijo que uno de los planteos de los fiscales se basa en lo atinente a la “presunta irrupción de Bracamonte con la logística de la «barrabrava» del Club Atlético Rosario Central y con el ropaje jurídico de una sociedad integrada con el coimputado Fernando R. de extorsionar a empresas constructoras –con el aporte de los imputados perteneciente a la conducción de la Unión Obrera de la Construcción– para que contraten sus servicios de baños químicos y viandas en los lugares de su operatoria”.

Para el camarista no existen razones que ameriten declarar la incompetencia en favor de la Justicia federal. “Es que ninguna de las sucesivas leyes que se dictaron en materia de lavado Ley 25.246 del ario 2000 –recientemente modificada– y la Ley N° 27.739, establecen la competencia federal para el delito de lavado”, fundamentó.

A lo que sumó que el legislador previó expresamente el lavado de activos provenientes del delito de terrorismo y si lo hubiera estimado lo hubiera establecido en otros casos.

Andrés Bracamonte fue noticia el sábado, cuando fue baleado en el Parque Alem cuando terminó el clásico. La bala le ingresó y le salió por la espalda y no le causó lesiones graves. Está al frente del paravalanchas canalla desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de sectores internos que se quedó con la pesada. En este cuarto siglo fue acusado, condenado, detenido y liberado. Él cuenta que ya lleva tres decenas de gambetas a la muerte,

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