La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó que se practique un aborto no punible en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, «prescindiendo» de la resolución que había suspendido dicha práctica, a una mujer que fue víctima de una red de trata.
Así lo estableció el máximo tribunal a través de dicha resolución, que lleva las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
En los considerandos, los jueces se apoyaron en «lo decidido por esta Corte sobre la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia dictada en la causa F. 259.XLVI ‘F.A.L. s/ medida autosatisfactiva'» el 13 de marzo de 2012.
«La medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales dela Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles», remarcó el máximo tribunal.
La Corte tomó intervención en el caso a raíz de un conflicto de competencia nacido como consecuencia de las presentaciones sucesivamente realizadas, y con resultados contradictorios, por la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Vida (Pro Familia) primero ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y luego, tras el rechazo a su pretensión por resolución del pasado 5 de octubre, ante la Justicia Nacional en lo Civil, en donde obtuvo resolución favorable el 9 de octubre último.
Como es habitual, en toda cuestión de consecuencia, antes de pronunciarse con carácter definitivo, la Corte remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación.
El pedido para someterse a un aborto lo había realizado una mujer de 32 años, víctima de una red de trata, quien había sido violada, y aguardaba la sentencia en medio de la polémica originada en los últimos días.
La presentación de Pro Familia se había dado luego de que el propio jefe de gobierno, Mauricio Macri anunció que la interrupción del embarazo se iba a realizar este martes en el hospital Ramos Mejía de la Ciudad.
Al conocer esa situación, una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la intervención.
La decisión fue apelada por la mujer y por el gobierno porteño, y luego la magistrada fue apartada este jueves de la causa por decisión de la Cámara, que le asignó el expediente a su par Miguel Ricardo Güiraldes.
Al apartar a la jueza Rustán de Estrada, la Cámara Civilno ahorró críticas: señaló que no podría «silenciar el desconcierto» que le producía el hecho de que la jueza, «so pretexto de una urgencia que no se desconoce, haya obviado, no obstante que la presentación fue realizada en horario judicial, el sorteo que permitiera la plena vigencia de aquella garantía».
