La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires intimó al intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, a que suspenda de manera inmediata la deforestación masiva de bosques nativos y humedales del delta del Paraná ubicados en la reserva municipal “Parque Rafael de Aguiar”, zona que abarca unas 320 hectáreas.
Además, el máximo tribunal advirtió que el funcionario de Juntos por el Cambio ya incumplió con la suspensión de ejecución de obras dispuesta en un fallo de julio de este año y volvió a desobedecer la medida precautoria que le fue reiterada en agosto siguiente.
Ante ello, la Corte encomendó al Ministerio de Ambiente bonaerense el seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones judiciales y ordenó que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía para que se agregue como material probatorio en la causa penal donde Passaglia es investigado por el delito de abuso de autoridad.
La megaobra sobre la reserva natural de San Nicolás que viola la protección del medioambiente tanto en las islas como en la costanera y el parque fue denunciada por la asociación civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (Fomea).
Uno de los abogados patrocinantes, Fabián Maggi, dijo que “lamentablemente el intendente local ha visto una oportunidad inmobiliaria en esas tierras y modificó ilegalmente la ordenanza que las protegía para avanzar sobre el territorio deforestando más de 170 hectáreas de esos bosques”.
Así se refirió a la acción judicial que inició junto a otras organizaciones civiles a comienzos de 2021, cuando presentaron un pedido de Inconstitucionalidad contra la ordenanza impulsada por Passaglia que le quitó al “Parque Rafael de Aguiar” el carácter de zona protegida para transformarlo en “Ecoparque”. La iniciativa, pese a su nombre, consistió en suprimirle el estatus legal de área natural protegida generando una ilegalidad manifiesta que tuvo como consecuencia concreta la deforestación de más de 170 hectáreas de bosque nativo y el relleno de extensas zonas de humedales.
La causa se presentó directamente ante la propia Suprema Corte de Buenos Aires que no tardó en advertir la legitimidad del reclamo vecinal y dictó una medida precautelar que continúa siendo incumplida por el intendente Manuel Passaglia.
El abogado Maggi también denunció que este mismo lunes, apenas trascendió el dictamen de la Corte, «desde la Municipalidad de San Nicolás realizaron maniobras periodísticas que consistieron en adulterar el contenido del fallo difundiéndolo como si hubiese sido favorable» a la gestión de Passaglia, siendo que la resolución dice claramente que «incumplió una orden judicial».
Según distintas pericias realizadas por expertos de la Corte y funcionarios del Ministerio de Ambiente, se corroboró que utilizaron maquinaria pesada en bajadas náuticas, que se construyeron paradores, puentes flotantes y caminos en las islas para dividir espejos de agua, como también se constató la presencia de máquinas viales y operarios en la Costanera alta con posterioridad a la medida precautelar dictada a mediados de este año y que debería suponer la paralización de todas las obras y trabajados que violan el código urbano ambiental.
Citado a indagatoria
Este lunes también se conoció que el intendente de Juntos por el Cambio Manuel Passaglia fue citado a indagatoria en una causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a su hermano Ismael Santiago (actual diputado provincial) y su padre Ismael José, ex jefe comunal.
Los tres serán indagados por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, junto a otras tres personas investigadas como presuntos testaferros por los fiscales Matías Di Lello y Carlos Amad.
La cita fue fijada para el 14 de febrero próximo y deberán responder por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a raíz de propiedades muebles e inmuebles que no podrían justificar con sus ingresos.
El juez Bailaque desestimó el pedido de indagatoria de otras cuatro personas vinculadas a la causa, pero su decisión fue apelada y ahora deberá resolverse en la Cámara Federal.
Entre las propiedades investigadas por ser obtenidas presuntamente con dinero ilegal figuran más de 2.200 hectáreas en las ciudades de Ramallo, San Nicolás y Entre Ríos, además de tres departamentos en la avenida Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires, una casa en la localidad uruguaya de La Barra, varios inmuebles en San Nicolás y más de 12 vehículos de alta gama como camionetas BMW, Mercedes Benz, Audi y descapotables.
