La Corte Suprema de Justicia provincial declaró «inadmisible» un recurso interpuesto para evitar el desalojo del Tambo La Resistencia, en Nuevo Alberdi, que arrastra un largo litigio que ahora ya no tiene más vías en Santa Fe. La resolución lleva la firma de los ministros Roberto Falistocco, Maria Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler.
El máximo tribunal había admitido un recurso de queja el 6 de septiembre de 2016, cuando el desalojo tenía fecha para dos días después y era resistido por el movimiento político Giros (hoy Ciudad Futura), que lo explota.
En su momento, esa resolución descomprimió la tensión y evitó finalmente el desalojo.
Por entonces, el máximo órgano judicial resolvió por unanimidad admitir «la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad», en una reunión de acuerdo que se hizo en la ciudad de Santa Fe.
En aquel año (previamente), y después de una larga disputa judicial y varias instancias de negociación, la jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune, había dictado un desalojo del predio con fecha para el 8 de septiembre.
Esa medida quedó paralizada y sin plazos cuando la Corte admitió el recurso de los abogados que defienden a quienes ocupan el tambo. Mientras se definió, el desalojo quedó en suspenso.
Un poco de historia
El juicio se inició con una demanda de desalojo de Mario Benito Jáuregui contra Oscar Licera, el hombre que explota el tambo en Nuevo Alberdi, incluso antes de asociarse al Movimiento Giros.
El litigio se basó en un comodato que firmó Licera con el privado en 2007.
El reclamo tuvo sentencia de primera instancia favorable para Jáuregui en noviembre del 2012. Esa resolución fue ratificada en varias oportunidades por la Cámara de Apelaciones, que inclusive en febrero de 2016 rechazó el recurso de inconstitucionalidad.
En ese marco, la Justicia convocó a las partes, al municipio y al Concejo municipal para lograr una salida intermedia, sin recurrir nunca a la fuerza pública. Pero nada se resolvió.
Última vía
La última instancia que tienen ahora los actuales explotadores del tambo es presentar un recurso extraordinario federal y llegar a la Corte Suprema nacional.
La Justicia provincial, en tanto, deberá resolver si procede o no a sostener el desalojo.
Por su parte, Ciudad Futura aún no comunicó si continuará con la disputa judicial. Y tampoco salió a expresarse públicamente sobre el fallo.
Fin social y productivo
Desde la fuerza política siempre destacaron que el tambo brinda trabajo a 200 familias.
El partido que lidera Juan Monteverde planteó desde un principio que a “La Resistencia” es un “muro de contención” ante la especulación inmobiliaria. Y que el tambo se ubica dentro de las últimas 250 hectáreas habitables de Rosario.
Vale recordar que el municipio había intentado mediar entre las partes armando un proyecto alternativo que contemplaba urbanizar una parte del terreno, destinar otra a espacio público y que también contemplaba sostener la unidad productiva montada.
Pero todo quedó paralizado con la intervención judicial. Habrá que ver si esta iniciativa vuelve a ser puesta en consideración.
