En una resolución que se conoció este martes, la Corte Suprema de Justicia decidió no involucrarse en el pedido de reconsideración de la decisión del Tribunal Electoral de implementar el voto de los jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones provinciales.
A través de una resolución emitida este martes, la Corte Suprema definió que no se involucrará en el pleito legal iniciado a partir del pedido de «reconsideración» realizado por el partido PAIS y el Frente Primero Santa Fe. El máximo tribunal devolverá las actuaciones al Tribunal Electoral, que ya fijó posición a favor el 16 de mayo y el 5 de junio.
Si queda firme la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en los comicios provinciales, este año se sumarán entre 80 mil y 84 mil nuevos electores en todo el territorio provincial, que tendrán el derecho a sufragar en forma optativa y no obligatoria.
En tanto, este lunes el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe había vuelto a rechazar el recurso judicial para frenar la implementación del voto joven a partir de las próximas elecciones, por lo cual alrededor de 80 mil nuevos votantes de 16 y 17 años de edad podrán sufragar en los comicios locales del 16 de julio (PASO) y 10 de septiembre (generales) en todo el territorio santafesino.
La resolución del TEP rechaza el recurso de reconsideración que había sido presentado por el Frente Primero Santa Fe y por el Partido PAIS con patrocinio del abogado constitucionalista Domingo Rondina. Los impugnantes habían pedido que se revoque una resolución previa del TEP que habilita a votar a los jóvenes de 16 y 17 años y que se utilice para los comicios locales el padrón que ya se había publicado en forma preliminar el pasado 17 de abril.
El TEP tomó su dictamen como base y de esa forma rechazó el recurso de reconsideración, por lo que en las próximas elecciones provinciales se usará el mismo padrón de los comicios nacionales. En primer lugar, los integrantes del TEP reafirmaron su competencia para definir sobre el tema, en contra de lo que habían planteado los recurrentes sobre la necesidad de que la reforma se haga a través de una ley y no de una resolución.
