El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) provincial Daniel Erbetta hizo ayer un balance a cien días de la puesta en práctica del nuevo sistema procesal penal, que calificó de “altamente positivo”, pese a algunos inconvenientes. En este sentido, desligó la responsabilidad del máximo tribunal por la demora en la designación de los cargos de los funcionarios auxiliares y empleados que anteayer había manifestado el fiscal general Julio de Olazábal.
“La responsabilidad en la demora de la cobertura de los cargos de empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es del propio ministerio. La Corte ha intervenido con suma celeridad en todos estos esos trámites. El problema es que han llamado a concurso tardíamente y han sustanciado los concursos en un plazo alongado y luego de comenzado el nuevo sistema. Esta es la realidad”, sentenció ayer Erbetta en diálogo con El Ciudadano.
Para esquematizar sus dichos, el ministro detalló que la ley de concursos 13.218 fue creada el 18 de noviembre de 2011 y remarcó que estos empezaron en 2014, ya comenzado el nuevo sistema. “Los 30 expedientes para cubrir cargos de funcionarios ingresaron a finales del año pasado. El Poder Ejecutivo emitió el presupuesto para los cargos el 27 de marzo. El 31 de ese mes, la Corte pasó al procurador general (Jorge Barraguirre) los expedientes y el 6 de mayo el procurador devolvió 17 con objeciones a De Olazábal por falta de documentación. El 14 el fiscal los devuelve y el 15 de este mes los miembros de la Corte se los remiten a Barraguirre. La devolución del procurador fue anteayer (por el lunes), donde 4 ya fueron tratados y remitidos y hay 11 que ya están para tratarse el lunes próximo. Estos son los datos objetivos”, indicó.
El ministro emitió esta contestación en relación con el pedido que hizo De Olazábal en la conferencia de prensa que brindó el MPA en la oficina de la Fiscalía Regional Rosario, reproducida por este diario en la edición de ayer. En su exposición, el fiscal general hizo un balance a 100 días de la implementación del nuevo sistema y explicó que había un gran déficit en la designación de los funcionarios auxiliares, ya que de 42 cargos, sólo hay 17 trabajando. “El trabajo que no alcanzan a realizar, lo hacen los fiscales. Se hicieron todos los concursos. Lo que el Ministerio de la Acusación solicita a la Corte Suprema es que se expida en los nombramientos y la designación de los empleados, porque tenemos 81 por ciento de los cargos sin cubrir”, detalló De Olazábal.
Describió por su parte Erbetta: “Todos los concursos y designaciones son de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público de la Acusación como de los defensores. En el caso de los funcionarios y empleados, cuando pasa a la Corte, se corre vista al procurador general, quien luego debe resolver a través de un dictamen de control y de legalidad; lo resuelve y lo pasa al Poder Ejecutivo”.
El balance de la CSJ
El ministro de la Corte calificó de altamente positivos los resultados obtenidos desde la implementación del nuevo sistema procesal penal, el pasado 10 de febrero, hasta la fecha. “El gerenciamiento de la Oficina de Gestión Judicial funcionó a la perfección. A 92 días de la puesta en marcha del nuevo sistema, en Rosario se realizaron 770 audiencias orales, de las cuales el 42 por ciento (324) fueron en horarios vespertinos y en días inhábiles. Esto muestra una Justicia que trabaja, pero además todo se desarrolla exclusivamente en audiencias orales y públicas, lo que muestra una Justicia transparente y visible de cara a la sociedad”, resaltó el ministro.
De todas maneras, Erbetta elogió a los actores del nuevo sistema. Destacó que hubo un entrenamiento y a la vez un desempeño muy importante de fiscales, defensores públicos y jueces. “Hubo mejoras en lo que respecta a la presencia de los fiscales en las escenas del hecho y con ello también se garantizó la preservación de la prueba. Los protocolos que elaboró la Fiscalía para la Policía y la rápida intervención de los defensores públicos en su presencia en las comisarías permitieron reducir el gran margen de actividades autónomas que tenía antes la agencia policial”.
En tanto, el ministro dijo que hubo inconvenientes vinculados con cuestiones operativas, como fueron la demora en las audiencias que se debieron a un letargo en el traslado de los detenidos. A su vez, se presentaron algunos problemas en cuanto a lo operativo que tiene que ver con la cobertura de vacantes, lo que se explicó más arriba.
