El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, aseguró hoy que el Máximo Tribunal “está muy firme” en la posición de “seguir adelante” con los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
“No podemos cambiar la posición según las elecciones y los gobiernos. Nosotros tenemos la obligación de darle tranquilidad a la población de que mantenemos siempre los mismos principios y valores, que son los de la Constitución”, sostuvo el titular del cuerpo.
En este sentido, subrayó que “la Corte Suprema está muy firme en la posición de seguir adelante” con los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.
Así lo afirmó cuando fue consultado sobre ese tema en el marco una entrevista que brindó esta mañana a la Radio La Red, en la que, además, enfatizó que las decisiones de la Corte Suprema están “más allá de los cambios de gobiernos o de las elecciones”.
“No se puede depender del momento o del tipo de gobierno que hay o del contexto electoral porque perdemos seriedad”, aseveró Lorenzetti, quien remarcó que “la función de la Corte es pensar la Constitución y sus efectos en el mediano y largo plazo, en el diseño de un país”.
La polémica en torno a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad reactivados en el marco de la política de Memoria, Verdad y Justicia promovida por el gobierno del Frente para la Victoria desde el 2003 surgió a raíz de una nota editorial publicada el lunes por el diario La Nación.
Allí, bajo el título «No más venganza» y apenas un día después de que Mauricio Macri resultara electo presidente, el matutino planteó que, con la asunción del nuevo gobierno, «es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones a los derechos humanos».
En este sentido, postuló que «ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar» y sostuvo que «hay dos cuestiones urgentes por resolver», una de ellas «el vergonzoso padecimiento de los condenados, procesados e incluso sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad».
El texto cosechó el repudio de innumerables organizaciones y referentes de derechos humanos, como así también de los propios trabajadores del diario, que individual y conjuntamente rechazaron públicamente lo postulado por el editorial.
