La Corte Suprema de Estados Unidos analizará el próximo 30 de septiembre si toma la primera apelación presentada por Argentina en contra del primer fallo de la Cámara de Apelaciones emitido en octubre último, que avaló la orden del juez Thomas Griesa, quien consideró que el país violó la cláusula de tratamiento igualitario a los acreedores. Así lo anunció hoy el máximo tribunal de los Estados Unidos a través de su página de Internet.
El análisis de la Corte, que evaluará si toma o desecha el caso, será realizado en la audiencia especial pautada para el próximo lunes 30 de septiembre.
El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, aclaró hoy que la decisión de la Corte “está en línea con los tiempos que preveíamos por las diversas etapas procesales y consecuentemente con la vigencia de esta medida cautelar (Stay)”, que impide el embargo de fondos destinados al pago de los bonos de los canjes.
En este sentido, la Corte puso en la agenda uno de los aspectos del litigio entre Argentina y los Fondos Buitre, reflejado en el fallo del 26 de octubre del 2012 que sostiene que el Gobierno violó la cláusula de tratamiento igualitario (pari-passu) entre los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda, y los que no lo hicieron.
De manera paralela, el Gobierno continúa agotando todas las instancias judiciales del juicio, y se encuentra en trámite de apelación ante la misma Cámara de Apelaciones, de un fallo posterior relacionado, del 23 de agosto último, que se expresó sobre el método de pago a los demandantes, y condenó al país a pagarle 100% a los fondos buitre y un grupo de bonistas minoritarios, también según la fórmula del juez Thomas Griesa.
Esta fórmula obliga a la Argentina a no pagarle a los bonistas del canje que ingresaron en el 2005 y 2010, si antes no abona el 100% de la deuda nominal en default a los fondos buitre.
En rigor, la Corte Suprema puede aceptar o rechazar el caso, algo que puede hacer el mismo 30 de septiembre, o tomarse unas semanas, o bien esperar a tomar toda la causa.
Según Bloomberg, el lunes 7 de octubre los nueve integrantes del tribunal darán a conocer la lista de casos a los que se abocarán.
De todas maneras, la medida cautelar vigente que impide el embargo de los fondos de los bonistas del canje se mantendrá, al menos hasta bien entrado el 2014, según estimaron fuentes que siguen de cerca el proceso.
Esto es así porque el proceso involucra las apelaciones de los dos fallos negativos contra el país.
En la última decisión, del pasado 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York, confirmó el fallo de primera instancia del juez Griesa señalando que Argentina “falló en demostrar” que no le puede pagar el total a los demandantes y calificó como “especulativa” la advertencia hecha por el Gobierno de que «el pago va a causar problemas en la economía” local.
También rechazó el planteo argentino sobre el «peligro» que este fallo acarrearía a futuras restructuraciones, de que los tenedores en lugar de negociar esperarían a que se convalide judicialmente el total de la deuda, debido a que, argumentó, el caso argentino es «excepcional», propio de un deudor «recalcitrante».
El tribunal consideró que en el futuro los canjes estarán resguardados por cláusulas de acción colectiva que permiten que «una súper mayoría» decida el comportamiento del total, pese a la advertencia argentina y las opiniones públicas de Francia y del FMI, que estas cláusulas no neutralizan el ataque de los fondos buitre.
Tres días después de esa segunda sentencia, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para reabrir el canje de deuda.
Además, anunció que el Gobierno otorgará una garantía de cobro a los tenedores del canje, con una opción a futuro de cambiar los bonos de legislación internacional por ley nacional, pagaderos en Argentina, con el objetivo de evitar eventuales embargos, si no se logra dar vuelta el fallo judicial en Estados Unidos.
Esta medida está aun en suspenso y dependerá del desenlace de lo que se denomina «el juicio del siglo».
Además de esos dos anuncios, la Presidenta mostró su confianza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomará el caso “y que el sentido común prevalezca por sobre el lobby de quienes tienen solo el 0,45% de la deuda y que pone en riesgo la reestructuración” de 81.836 millones de dólares, a la que adhirió el 93% de los tenedores.
