La Corte Suprema de Justicia dio ayer un fuerte respaldo a su presidente, Ricardo Lorenzetti, al comunicar que las reuniones entre poderes del Estado “son parte de la actividad normal”, en medio de las acusaciones de la oposición por el diálogo que mantuvo con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, antes del fallo por la ley de Medios.
En un comunicado, los ministros del tribunal señalaron que “las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar en las causas sometidas a su jurisdicción”.
“A tales fines esta Corte es representada por su presidente, quien informa al cuerpo colegiado de todas sus gestiones, las que siempre han sido ratificadas por el pleno”, señaló el texto, que fue firmado por sus siete integrantes: Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Y agregó que “en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional, los ataques dirigidos a los miembros del tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”.
Por su parte, el juez Zaffaroni aseguró: “Los integrantes del tribunal somos cabeza de un poder y como tal dialogamos con los otros poderes”. “Tenemos una gran responsabilidad y hay que dialogar, esto no se trata de actos raros”, agregó. La respuesta de los jueces está vinculada a las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y las posteriores informaciones periodísticas sobre un supuesto “pacto” entre Lorenzetti y Zannini por la constitucionalidad de la ley de Medios, a cambio del control de los fondos del Poder Judicial. “Esta Corte ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional”, subrayaron los supremos, y aclararon que la elaboración de los fallos “se ajusta a los procedimientos legales y su contenido es el resultado de la interpretación de las leyes y la Constitución Nacional”. La denuncia sobre el supuesto “pacto” fue iniciada por Carrió, quien ahora impulsa el juicio político contra el titular de la Corte Suprema, aunque la iniciativa no sería respaldada por el arco opositor. Además, fuentes del tribunal negaron que la Corte haya elegido difundir el fallo dos días después de las elecciones legislativas para desviar la atención ante la derrota del kirchnerismo en los principales distritos del país: incluso aseguran que no lo sacaron antes de los comicios para no generar suspicacias.
Reclazo al pedido opositor
La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer el pedido de diputados de la oposición para que se suspenda la aplicación de la ley de Medios hasta tanto se cumpla con algunas pautas que fijó el tribunal al declarar la constitucionalidad de la norma.
Fuentes judiciales dijeron que la Corte rechazó el pedido de los diputados de Unión por Todos y del PRO para volver a suspender la aplicación al considerar que no son parte del proceso, con lo cual no cuentan con legitimidad para pedirlo. La presentación se basó en una serie de pautas que la Corte había pedido que se tuviera en cuenta a la hora de aplicar la ley de Medios, tales como el reparto de la publicidad oficial equitativo, el respeto a la libertad de expresión y la independencia de la Afsca, del organismo encargado de hacer cumplir la norma.
Sabbatella: «Si hay división, tiene que ser en serio»
El titular de la Autoridad Federal de Aplicación (Afsca), Martín Sabbatella, reiteró ayer que la presentación del plan de adecuación del grupo Clarín es “un paso sumamente positivo”, y dijo que la propuesta de separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades de negocios debe ser “una división en serio”. En declaraciones radiales, el funcionario destacó que la presentación que realizó el grupo es “un paso sumamente positivo” y añadió que “ganó el estado de derecho y las instituciones de la democracia”.
“Se acabó la sensación de que el común de los mortales tenemos que cumplir la ley y algunos que se creen por encima de ella, como en una situación de privilegio, miran la ley desde otro lugar”, manifestó.
“El plan tiene que cumplir a rajatabla lo que la ley establece. Si hubiera divisiones, tiene que ser una división en serio, tienen que desvincularse absolutamente, y generar nuevas unidades que no tengan ningún tipo de vínculo”, explicó.
