La semana pasada el Indec informó que, en julio, una familia necesitó casi 32 mil pesos para no caer en la pobreza y casi 13 mil para no ser considerada indigente. Ese mismo mes, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que cada septiembre presenta un informe anual sobre los alcances de la pobreza, adelantó algunas consideraciones: para mediados de año, entendían que los pobres en Argentina representaban el 35% de la población y, los indigentes, el 7%. Todo esto, antes de las Paso y la posterior disparada del dólar, que dejó una devaluación cercana al 30% y una inflación que ya tuvo un impacto tangible en el costo de vida de los argentinos. Sin embargo, esos fueron apenas los últimos coletazos de una crisis que se viene gestando desde hace unos años y que, en la calle, se percibe por lo menos desde 2017. Así lo entiende la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario, Laura Capilla, quien advirtió que hoy el principal problema social que asiste el Estado local es uno: “la gente no tiene para comer”.
“Es un proceso que venimos viendo desde hace dos años y medio. Tuvo que ver con un cambio de gobierno nacional que tuvo una política clara en lo social y que fue recortando algunas prestaciones que impactaron en las poblaciones más vulnerables”, dijo Capilla a El Ciudadano.
Gustavo Sader es el director de Gestión Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Su dirección es la encargada de coordinar el trabajo que el municipio realiza con las cerca de 250 organizaciones sociales, entre ellas, 197 comedores y merenderos que funcionan en Rosario. “Hoy lo alimentario volvió a estar en el centro de la necesidad”, sostuvo.
El aumento de la cantidad de adultos mayores que hoy reciben asistencia económica; el crecimiento de la población en situación de calle; las nuevas familias que se acercan a las instituciones del Estado por cuestiones alimentarias y la cantidad de nuevos pacientes que se incorporaron al sistema público de salud –en 2018 fueron 40 mil personas– son algunos de esos indicadores para medir el impacto social de la crisis económica.
Sectores vulnerables
“En el caso de los adultos mayores, tenemos mucha más demanda que hace dos años y medio atrás. Una jubilación mínima quedó muy por debajo de la canasta básica”, dijo Capilla, quien explicó que cuando identificaron esa situación resolvieron incorporarlos a la Tarjeta Única de Ciudadanía, hasta ese momento reservada casi exclusivamente a mujeres de sectores sociales vulnerables con hijos de hasta 18 años.
“Estaban eligiendo si comer o pagar los remedios”, explicó Sader, quien detalló que los nuevos beneficiarios no provienen necesariamente de los sectores más postergados. “Algunos incluso son propietarios de vivienda, pero les alcanza para comer”.
La Tarjeta Única de Ciudadanía es un programa a través del cual se brinda una ayuda económica mensual a las familias en situación de extrema vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, para contribuir al acceso de alimentos indispensables. Vino a sustituir los bolsones de alimentos. Los magros $300 que contiene son aportados en partes igual por provincia y nación. En un principio, con ese incentivo económico era suficiente para comprar unos 10 alimentos de la canasta básica. Hoy la realidad es otra. “El año pasado se hizo un leve aumento, pero aun así quedó desactualizado. Hoy no les alcanza”, dijo Capilla.
Entre 2018 y 2019, los beneficiarios de la Tarjeta pasaron de 60 mil a 63 mil.
Alimentación en el centro
“En estos últimos dos años tuvimos un aumento de los niños y jóvenes que participan de las actividades de las instituciones del Estado. Y ahí es donde más se ve el tema de la alimentación. Te das cuenta que vienen nenes que la noche anterior no comieron. Antes en una actividad ponías un paquete de galletitas y duraba dos horas. Hoy ves que los chicos no se pueden concentrar porque saben que ahí se come y eso es lo que están esperando. Por eso reforzamos la alimentación en esos espacios”, relató Sader sobre lo que se ve, por ejemplo, en los 31 Centros de Convivencia Barrial que funcionan en Rosario.
Hasta 2019 la cuota alimentaria apuntaba sólo a las primeras infancias. Este año se amplió a niños más grandes y a jóvenes, como los que participan del programa Nueva Oportunidad, una política pública de capacitación de jóvenes de los sectores sociales más críticos. Si en 2017 había 5900 chicos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez, en 2019 son 8.500 los jóvenes alcanzados por el programa.
Desde el Estado sostienen que el acceso a los alimentos es el derecho más vulnerado. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA de 2018 revela que en Argentina 3 de cada 10 chicos pasa hambre. “Eso se expresa en cada espacio socioeducativo donde se brinda un apoyo alimentario. Cada vez son más las familias que se acercan a pedir ayuda en los comedores. Y son familias nuevas, nunca habían pedido asistencia al Estado, sectores medios empobrecidos, que hoy no les alcanza para comer”, sostuvo Sader, que explicó que todos los años se incrementan las partidas presupuestarias para este fin. “Hoy el 90% de la oferta programática global de los Centros de Convivencia Barrial están tematizadas por lo alimentario”, remarcó.
Situación de calle
“La cantidad de gente que hay en situación de calle es un dato que representa la realidad. El año pasado, si bien se había registrado un aumento de la cantidad de gente respecto del año anterior (cerca de un 30% de aumento entre 2017 y 2018) este año tuvimos que abrir otro refugio”, explicó Capilla.
El operativo de calle por las bajas temperaturas termina esta semana. Hasta ahora pasaron por los distintos refugios municipales y privados alrededor de 450 personas. De ellas, el 64% hace menos de un año que se encuentra en situación de calle.
A ellos hay que sumarles las personas que no llegan a los refugios, que hacen llegar el número a 500 personas. La mayoría es población joven: la mitad tienen ente 18 y 35 años.
“Pibes que a lo mejor antes tenían algún trabajo y aportaban a la economía familiar y hoy no lo tienen. Esto genera violencia intrafamiliar por la situación de vulnerabilidad y los pibes terminan expulsados e incorporándose en un circuito de calle”, remarcó Sader.
Además, Capilla marcó un aumento en las denuncias por violencia de género, lo que llevó a que de abrieran nuevos espacios de contención. “Para salir del circuito de violencia las mujeres necesitan irse de sus casas y ni siquiera pueden cubrir las necesidades alimenticias”, remarcó.
Políticas
Hace un año el Concejo Municipal declaró la Emergencia Social en Rosario para morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos. Hace poco más de una semana, la intendenta Mónica Fein lanzó un paquete de medidas para reducir el gasto en distintos rubros, excepto en lo referido a asistencia alimentaria y salud.
“La situación actual no va en un contrasentido de lo que se viene viendo. Estamos con mucha preocupación porque se da junto en un cambio de gestiones. Tenemos claro que hay dos fines de año: uno en octubre y otro en diciembre. Estamos haciendo esfuerzos para sostener lo que tenemos hoy, vamos evaluando acciones semana a semana, convocando a organizaciones sociales, sectores empresarios y a los tres niveles del Estado para contener y acompañar, entendiendo las limitaciones que tiene el municipio. Vamos a necesitar de provincia y nación para dar respuesta. Estamos ante una realidad de la que no se va a salir de un día para el otro”, consideró Capilla.
