El voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública.
El estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de Educación Privada.
Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos.
Cómo ya lo venimos planteando desde CTERA, a su vez, en varios estudios comparativos que han realizado diferentes organismos, el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó. Incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa, tal concepto no se corroboró.
Dado que en la primacía de la lógica de mercado, para mantener la población escolar, y acceder a los subsidios y cuotas “voucherizadas”, se modificó la calidad de los proyectos educativos, se flexibilizó la evaluación, se amplió la cantidad de alumnos por curso, se precarizó el trabajo y salario docente, entre otras medidas que nada tienen que ver con una educación de calidad.
En esta política nacional del voucher educativo, se plasma una inversión diferenciada para la escuela privada respecto de una escuela pública.
Por un lado, las instituciones privadas tienen un porcentual variado de subvención, en el proyecto de resolución, se plantea abarcar hasta las que tienen 75% subsidiado.
Así que con los vouchers educativos y el subsidio estatal, la escuela privada se asegura sin arriesgar un peso más. el funcionamiento, el pago de los salarios y obtener amplias ganancias.
Las garantías estatales se realizarán a través de dos transferencias mensuales, una directa a los dueños de las escuelas y otra indirecta a través de las familias por medio del voucher para las cuotas.
Ante esta resolución la CTERA vuelve a denunciar la responsabilidad incumplida del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país.
Por eso desde nuestra organización sindical demandamos que el gobierno nacional transfiera a la educación pública el FONID y el Fondo de Compensación Salarial (deuda 2023, actualización 2024).
Estos fondos están incluídos en el presupuesto de este año, sin ejecutar.
La decisión del gobierno nacional de realizar un ajuste educativo y de transferir presupuesto para las cuotas de las escuelas privadas subvencionadas, privan a la escuela pública de importantes recursos para programas educativos destinados a la extensión de la jornada escolar (5ta hora y Jornada Completa), a Obras de Infraestructura, Programas de tecnología y conectividad, de fortalecimiento de los aprendizajes en primaria y secundaria, entre otros programas educativos nacionales.
Asimismo volvemos a exigir que se envíen los fondos para comedores escolares, copa de leche y becas Progresar.
Y especialmente nuestra preocupación es por las infancias y adolescencias en contextos de mayor vulneración que asisten mayoritariamente a escuelas públicas en todo el país, a las que debe garantizarles el derecho social a la educación con presencia estatal en política y financiamiento educativo.
Asimismo, se están lesionado derechos salariales a los docentes de las escuelas públicas que no perciben el FONID.
Desde CTERA rechazamos categóricamente la decisión del gobierno nacional de avanzar en transformar a la educación en una mercancía objeto de negocios.
La CTERA no negocia a la escuela pública. Ni voucheriza los derechos de los/las docentes, ni los de nuestros/as estudiantes.
¡POR LEY DE FONID Y DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO! ¡POR FONDOS EDUCATIVOS Y POR LOS FONDOS SALARIALES! ¡LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO SE NEGOCIA!
