El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, procesó con prisión preventiva a ocho personas acusadas de integrar una organización liderada por una mujer de 34 años conocida como Curandera y su pareja, que operaba en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. La pesquisa del fiscal federal Jorge Onel determinó que la mujer, quien oficiaba como líder espiritual, mae, de un templo umbanda de barrio Transporte, hacía trabajar en el fraccionamiento de los estupefacientes a sus fieles que luego los distribuían en una flota de vehículos. En los operativos, los policías secuestraron nada menos que 147 kilos de cocaína, la mayoría en panes. Entre los imputados también está un sargento de la Policía de la provincia.
Para la pesquisa, Vanesa Marcela Saravia, la Curandera, era la líder de la organización que había hegemonizado en los últimos años el mercado de la cocaína en la capital provincial luego de la caída en desgracia del prófugo narco Vicente Pignata, investigado por lavado de dinero junto con el campeón olímpico de básquet Carlos Delfino. Esta mujer además era la referente espiritual (mae) del templo umbanda de San Jerónimo al 7800, en barrio Transporte de la capital provincial.
Lo demás procesados fueron su esposo, Martín Albaristo, vendedor ambulante de 38 años; Álvaro Juriol, de 27; Andrés Aguiló, de 28 y músico religioso apodado Tamboreiro; el policía Germán Dogañieri, de 43; Kevin Arce, de 26; el rosarino Guillermo Paz, de 55, y el remisero Leonardo Rivero, de 22.
Los hechos
Según indicaron voceros judiciales en el portal fiscales.gob.ar, el 12 de agosto pasado personal de la Unidad Investigativa Antinarcóticos Región Centro de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe recibió una denuncia anónima que daba cuenta respecto de una mujer apodada Curandera que abastecía de cocaína a gran parte de la ciudad de Santa Fe y alrededores y que también tenía llegada a Córdoba y Buenos Aires.
Asimismo, según esta información, la sospechosa estaba al frente de un templo Umbanda y utilizaba a personas para que la asistieran en la preparación y distribución de los estupefacientes. Luego la droga era comercializada con una gran flota de automóviles. Asimismo, se acreditó la participación de al menos un suboficial de la Policía provincial en actos de distribución.
Los pesquisas determinaron además que los proveedores de la cocaína eran de la provincia de Córdoba.
En ese marco, el fiscal Onel quedó a cargo de la investigación y solicitó la intervención de líneas telefónicas. También pidió a la Unidad Investigativa Antinarcóticos de la PDI provincial la realización de tareas investigativas que culminaron el 7 de noviembre pasado con el allanamiento de siete domicilios –uno de ellos una casona en el barrio residencial de Guadalupe–, la detención de ocho personas y la incautación de más 147 kilogramos de cocaína, armas, cinco vehículos, dinero en efectivo y otro material de interés para el expediente.
Según publicó el sitio zonacriticaonline.com, la vivienda que ocupaba la Curandera y su marido en el barrio de Guadalupe había sido alquilada por una policía santafesina que, de acuerdo con el contrato de locación, canceló el año entero de alquiler (alrededor de 440 mil pesos) en un solo pago. El alquiler era de 35 mil pesos, y la mujer policía cobra en la actualidad 24.900. El garante es otro policía.
Procesamientos
En base a las pruebas colectadas durante la investigación, el juez Rodríguez dispuso el viernes pasado el procesamiento con prisión preventiva de la Curandera y su pareja como organizadores de comercio de estupefacientes, y como coautores de almacenamiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas.
Asimismo, en relación con otros cinco hombres, dispuso su procesamiento con prisión preventiva como partícipes necesarios de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, al tiempo que adoptó igual criterio para el restante imputado, el remisero Rivero, en orden al delito de comercio de estupefacientes.
También, el magistrado trabó embargo para la Curandera y su pareja, hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos cada uno, y de un millón de pesos para cada uno de los restantes imputados.
