Hace dos meses, el gobernador Omar Perotti anunció que Santa Fe recibirá asesoramiento de la embajada norteamericana para investigar delitos federales como el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo se traduce en un hecho histórico: el desembarco de la DEA en la región, aunque la agencia opera en la Argentina desde los años 70, cuando fue creada por el presidente Richard Nixon para llevar adelante su declarada guerra mundial contra las drogas. Sin embargo, poco y nada se sabe sobre las actividades secretas que realizó en el país durante medio siglo. Hasta hace poco, que una investigación periodística de Julián Maradeo salió a la luz bajo el título: “La DEA en la Argentina: una historia criminal”.
En el libro quedan expuestas las influencias que ejerció la agencia norteamericana desde su desembarco en el país, en 1973, hasta la actualidad y se devela cómo la DEA logró actuar con total ilegalidad frente a las narices y el visto bueno de los funcionarios de turno. En ese sentido la investigación describe los mecanismos que utilizó para penetrar las distintas capas de poder policial, político y judicial, pero también, su manera de controlarlos desde las sombras.
En diálogo con El Ciudadano, Julián Maradeo repasó algunos de esos puntos que desarrolla en su libro y que hacen eje en las estrategias que la poderosa agencia estadounidense utilizó para violar la soberanía y los pactos bilaterales que rigen su marco de actuación dentro del territorio nacional. Es por eso que el autor aclara que su libro “no es sobre drogas” ni tampoco “una enumeración de procedimientos” sino una investigación sobre cómo la Drug Enforcement Administration (DEA, por su siglas en inglés) hace lo que quiere, sea legal o no.
A modo de ejemplo, Maradeo explicó que desde los 90, la DEA en la Argentina sólo tiene permiso para cooperar a través de donaciones de equipos y cursos de capacitación y también puede compartir información producto de su red global de inteligencia, pero agregó que a lo largo de los años no sólo cooptó a las cúpulas de las fuerzas federales de seguridad, de las policías provinciales del área de drogas peligrosas, a funcionarios del poder Judicial, despachantes de aduana, ministros, abogados y espías, sino que también puso cajas de dólares en negro a disposición de esos grupos de interés. Dólares que según la investigación figuran en la contabilidad norteamericana, pero no en la Argentina.
Según el periodista, esa estrategia se fue sofisticando con los años y les permitió construir una red de espionaje paralela que no tiene que rendir cuentas a ninguna autoridad local, situación que es conocida por los funcionarios que colaboran como fiscales, jueces y agentes de las fuerzas de seguridad, porque también para ellos el vínculo se convirtió en una forma de acceder a recursos que de otra manera no conseguirían.
Por eso Maradeo tilda a la DEA como “un mal necesario” y advierte que el grado de penetración de sus agentes en el territorio nacional depende de las voluntades individuales de cada uno de los actores argentinos: “si le van a permitir que se maneje con discrecionalidad o la van a obligar a que se ajuste a los acuerdos” bilaterales.
“Lo que hace la DEA es tejer vínculos a partir de las limitaciones locales, entre ellas la falta de acceso a recursos, a tecnología, a trabajos de inteligencia profundos. Por eso se cuela por la flaqueza”, explicó tras mencionar ejemplos de incentivos que la agencia pone a disposición de sus colaboradores, como información sobre base de documentos de inteligencia, cursos de capacitación en hoteles cinco estrellas con fajos de dólares para gastar en “viáticos” o tours por Estados Unidos con todo pago. A nivel personal, agregó el periodista, impulsan carreras judiciales: “Le lustran la chapa a jueces y fiscales con información para que se luzcan”.
Un menú de favores con zonas más que oscuras, si se tiene en cuenta que además, los agentes norteamericanos gozan de inmunidad diplomática y nadie les pregunta de dónde obtienen información, pero con su sola firma pueden blanquear los datos obtenidos “ilegalmente” por los uniformados argentinos que colaboran para ellos y que pueden, por ejemplo, haberse conseguido bajo tortura.
“Se puede mencionar a la DEA en una investigación judicial, a un informante de la DEA, sólo con un escrito que se presenta ante un juez”, explicó Maradeo.
“Y se piden favores a cambio al punto que tanto policías como gendarmes han usado a la DEA, porque esto es una cuestión de partes donde se usan entre todos, para blanquear datos obtenidos ilegalmente”, agregó.
Ese intercambio de favores subterráneos está relacionado con las limitaciones que la agencia tiene en el país ya que no puede “actuar en territorio” según los pactos vigentes y por eso “contratan a argentinos, generalmente de las fuerzas federales de seguridad, para que busquen información por ella”, remarcó. Y como ejemplo mencionó el caso de un ex gendarme salteño que fue contratado por la embajada norteamericana y cuya historia desarrolla en su libro.
Sin embargo, quiénes y cuántos son los colaboradores estatales y los espías independientes que trabajan para la DEA es un enigma para las autoridades locales, como también quiénes son «el blanco» de sus investigaciones, ya que se sabe que la agenda de los estadounidenses tienen un lado explícito y publicitado, que es la lucha contra las drogas, y otro hermético y confidencial que responde a las políticas de Washington.
“Esta es otra flaqueza de Argentina, y es que no tiene información no sólo de esta clase de contratos sino tampoco sobre cuáles son los informantes que trabajan para la DEA en el país, que son una pieza clave dentro de una investigación de narcotráfico para desmantelar una banda”.
Esas informalidades, que en la práctica son ilegales, no serían tan problemáticas si la finalidad de los sabuesos yanquis estuviese alineada con la que atañe a los pesquisas criollos. Nada más lejos. Según Maradeo, “hay que entender que la DEA se mueve en función de su propia agenda y no de la problemática local”.
Y así se refirió a los gobiernos provinciales. “Muchas veces suelen alimentar la ficción de que la DEA está interesada en colaborar con la problemática local, cuando lo único que le interesa es ir ocupando distintos tipos de lugares para poder acceder a información privilegiada respecto de aquello que puede afectar a Estados Unidos”.
El periodista agregó que “si en medio de todo eso tiene que realizar un paso de comedia para que los gobernantes se saquen una foto con la delegación norteamericana y digan que la DEA va a colaborar en la capacitación de esos agentes de elite, no tienen ningún tipo de problemas, se prestan para ese show”.
Por eso no perdió de vista la Hidrovía Paraná- Paraguay cuando fue consultado por el reciente acuerdo que firmaron con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti. “La Hidrovía para ellos es algo fundamental. Atraviesa cuatro puertos y si hay algo que le interesa a la DEA son los diferentes canales, a través de los cuales penetran los carteles o las bandas narcos en la Argentina. Toda esa malla que se extiende de personas que pueden estar controlando y accediendo a información y casi que no importa si es legal o ilegal es lo que más le interesa a la DEA”.
En relación a la capacitación que recibirán los agentes santafesinos en el programa de Cooperación de Seguridad Regional que se desarrolla en la ciudad colombiana de Bogotá desde 2013 bajo la dirección de la DEA, Maradeo recordó que Argentina participa desde 2017, y dijo que hay que prestar atención al uso de técnicas militarizadas.
“Hay que prestar atención a los grupos operativos conjuntos. Porque es como la cristalización de todas las ilegalidades que ha cometido la DEA sistemáticamente en el país”, dijo Maradeo para recordar que cuando reclutaban a los agentes de las fuerzas federales y provinciales, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich les permitía reunirse a solas con los agentes de la DEA, sin la presencia del Ministerio de Seguridad.
“Para que se entienda, son agentes argentinos, formados por las policías argentinas, que van a actuar en territorio argentino, pero están comandados por la DEA. Es el ejemplo actual más grosero y esto está pasando desde 2017”, finalizó.
