Jaquelina Balangione, la defensora general de la provincia, sostuvo que hay una saturación de la población carcelaria en la provincia. Dijo que en el penal de Piñero hay al menos mil internos más de la capacidad de la unidad penitenciaria. Se refirió a la importancia de la implementación de un sistema de Justicia restaurativa dónde se pueda “atajar” la problemática que viven ciertas familias o sectores de la población en el ámbito civil y la necesidad de un mayor trabajo del Estado con una batería de políticas públicas que impliquen un cambio social.
Este lunes, en dialogo con el programa El primero de la mañana de LT8, la funcionaria explicó que en Santa Fe hay una saturación en la población carcelaria que se cruza con otra problemática que son los alojados en dependencias policiales. Quizá en Rosario esto se ve menos porque gracias al accionar de la Defensa Pública, en su primera gestión, se logró vaciar las comisarías y se construyó el ORDER, que es donde van las personas recién aprendidas, cesando así las problemáticas de las comisarías.
«El año pasado con la pandemia, el tema del (artículo del Código Procesal Penal) 205 (que fija los requisitos para la prisión preventiva) se recurrió nuevamente a las comisarías y ello generó que tengamos que hacer planteos judiciales», dijo. Y destacó que en Santa Fe la situación es distinta, «estamos como una sobre población en dependencias policiales terrible». Y agregó, que es una problemática que excede la labor del Ministerio de Seguridad y las dependencias policiales que no están para alojar y cuidar personas sino que para desarrollar otras tareas.
«Los penales están saturados, en Rosario tenemos la problemática concreta de la Unidad N°11, de Piñero que, con las Flores y Coronda, son las más grandes de la provincia y tiene un exceso de mil internos. Piñero tiene autorizado por una sentencia judicial 1450 alojados, estirando las normas lo máximo que se puede tolerar, y actualmente están cerca de los 2200. Es un numero dinámico que va cambiando día a día pero siempre entra más gente en comparación de la que va obteniendo la libertad», aseguró.
La defensora general dijo que la superpoblación en promedio es importante. Respecto a las comisarías dijo que están al doble o al triple en muchos casos en la provincia y en el ámbito carcelario “estamos hablando de mil, mil doscientos presos demás para un total de un numero redondo de 7 mil presos, es un número importante. Equivale a un pabellón o dos demás que están insertados en otros pabellones”, aseguró.
En cuanto a los motivos, dijo que se trata de una sumatoria de factores. “Primero hay una cuestión de fondo que es a nivel país. En diez años, a partir de la inflación legislativa que hubo se generaron nuevos tipos penales, agravantes, un endurecimientos de pena en especial de aquellos delitos contra la propiedad producidos con armas de fuego. Todo lo que tiene que ver con ofensores sexuales que son delitos que antes no se denunciaban y ahora si, han obtenido otra visibilidad y han crecido en un número importantísimo ese tipo de imputados, eso generó en todo el país un 56 por ciento de la población carcelaria en 10 años”.
En Santa fe se suma la implementación del nuevo sistema penal que genera una respuesta más rápida, una condena más veloz y el uso, más allá de lo deseado o para lo que fue pensado, de la herramienta del juicio abreviado, que genera una respuesta rapidísima. Además, con la normativa vigente la prisión preventiva no tiene un plazo determinado, es decir son dos años con la posibilidad de un año más. Cuando la persona es aprendida, si el delito permite la imposición de la prisión preventiva, generalmente ese imputado va en prisión preventiva hasta que se negocia el juicio abreviado, es decir que esa persona entra a la cárcel, obtiene la condena y sigue», dijo.
Para Balangione, eso va generando este tema de la sobre población, en muchos casos hacinamiento, también tiene que ver con los casos de inseguridad, con una accionar de las fuerzas policiales que captan y capturan más gente. «Pensamos que la respuesta punitiva de encierro no puede ser la única porque como estamos viendo los casos de inseguridad no se solucionan, hay cada vez más presos y los casos de inseguridad están al corriente».
Sobre la población carcelaria detalló que la mayoría de los presos y condenados son varones, entre 18 y 24 años, que pertenecen a sectores más humildes de la población. En la mayoría de los casos carecen de educación formal, no han tenido un buen acceso a la salud muchos, carecen de muchos de los derechos que están protegidos de las garantías constitucionales.
“Yo apuesto a tener un sistema de justicia restaurativa que implica más trabajo pero implica una labor previa con la familia, desde el campo de lo civil, antes de llegar a lo penal. Para atajar en esos grupos familiares o en las comunidades dónde ya hay alertas de violencia” y dijo que “tener un abordaje del Estado que se trabaje más con esas personas que ya están con determinadas complicaciones. Recordemos que el sistema penal aplica criterios de selectividad y generalmente impacta en las zonas de menores recursos de la población dónde se requiere un mayor trabajo del Estado con una batería de políticas públicas que impliquen un cambio social”.
