María Laura Pasquero dirige desde 2017 el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, una de las instituciones que se involucró en apoyo a los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado.
Por un lado, el CAV asesora y guía a los familiares en la tarea de hacer valer sus derechos, además de brindar asistencia psicológica, pero por otro lado también exige que el Estado provincial dé cuenta de su accionar en esta tragedia sanitaria que se llevó, por el momento, 124 vidas en todo el país, 49 de ellas en Rosario.
“El Centro de Asistencia a la Víctima atiende, asiste, asesora, acompaña, a personas que se presenten con una situación de vulnerabilidad o de abuso de poder, más allá del título del organismo que tiene que ver con víctimas de delitos. Nosotros fuimos ampliando el concepto de víctima a aquellas personas que estén padeciendo alguna situación de abuso de poder o de vulnerabilidad” explicó Pasquero en el inicio de la charla con El Ciudadano.
Y agregó: “Tenemos equipos interdisciplinarios, integrados por abogados, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, y personal administrativo, especialmente preparado para la atención de este tipo de personas que vienen en una situación de mucha vulnerabilidad. Brindamos asesoramiento, asistencia y acompañamiento”.
Sobre el rol de asistencia a los familiares de las víctimas del fentanilo, afirmó: “Se comunicaron personas del Concejo Deliberante para ver si podíamos asistir a estos familiares de las víctimas del fentanilo contaminado, que también son víctimas por el dolor que ocasiona la pérdida. Y que muchas de ellas requieren contención. Se acercaron justamente para eso, para una contención interdisciplinaria, un acompañamiento psicológico que desde nuestro centro se le puede brindar”.
Pero también explicó que la Defensoría tiene un rol de contralor del funcionamiento del Estado provincial en relación a este caso, donde los familiares se quejaron repetidamente porque no se cumplió, durante los procesos de internación de sus familiares, la ley de Derechos del Paciente: “Por parte del defensor del Pueblo hubo acercamiento al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y después nosotros enviamos una nota a la ministra (Silvia Ciancio) para solicitar reunión con los equipos técnicos del Ministerio, a fin de poder dar asesoramiento fidedigno a aquellas personas que se acercaron, en nuestra función de contralor”. Finalmente, la respuesta del Ministerio llegó y habrá reunión en febrero, aunque todavía falta precisar la fecha y el horario.
Pasquero explicó que “la Defensoría del Pueblo tiene una función de contralor de la administración pública de la provincia y de asistencia integral interdisciplinaria, a fin de bregar por la protección de los derechos humanos”.
Cumplimiento de los derechos del paciente
El sentido de la reunión con funcionarios provinciales es velar “para que haya un cumplimiento efectivo de los derechos del paciente, consagrados en la Ley Nacional 26.529. Nosotros queremos preguntarle al Ministerio de Salud si se realizaron acciones vinculadas a estos casos, si existe control provincial respecto a este cumplimiento efectivo de los derechos del paciente”.
La funcionaria explicó que esa ley habla “justamente del trato digno, respetuoso, de la participación en decisiones, de recibir información clara, y acceder a la historia clínica”, otro de los reclamos de los familiares, que muchas veces reciben información incompleta y además tienen que pagar para hacerse de ese material, siendo que hay una ley provincial que exige la gratuidad y la digitalización de las historias clínicas. Además, muchos de los familiares de víctimas del fentanilo tuvieron que enterarse por el juez que entiende en la causa, Ernesto Kreplak, de que sus familiares habían recibido fentanilo, mientras por otro lado los efectores de Salud les ocultaban esa información.
“La reunión también es para eso, para que haya una decisión de parte del Ministerio de Salud de la provincia de hacer un control especial respecto al cumplimiento de esa ley. Porque hay una reticencia por parte de los efectores de salud a entregar las historias clínicas, que es histórica. No tiene que ver con las víctimas de fentanilo, siempre hubo una reticencia por parte de los efectores de salud de entregar las historias clínicas. Nosotros, con una nota, o con un oficio, en el caso de que sea un efector público provincial, solicitamos que se entreguen inmediatamente la historia clínica y así se hace”.
Es relevante que todos los familiares de víctimas puedan acudir al CAV para hacer valer sus derechos, cuando se encuentran con situaciones de arbitrariedad de parte de los sanatorios y hospitales. Para eso pueden dirigirse a Pasaje Álvarez 1516, o comunicarse a través de los canales que están en la página web de la Defensoría. La atención es de lunes a viernes de 8 a 18, aunque durante enero será de 8 a 14.
En relación a los antecedentes de este caso en el sistema de Salud, Pasquero señaló: “Las personas mayores suelen presentar reclamos de cómo han sido atendidas y bueno, hemos tenido reuniones con la gente de PAMI, hemos podido viabilizar algunas quejas a lo largo de los años. Yo recuerdo haber atendido a personas que se quejaban de la atención, de la atención en las guardias, la atención en las salas, pero bueno, se han generado acciones a partir de esas denuncias para poder llegar a mínimamente establecer algún tipo de protocolo que puede haber durado un tiempo y bueno, que hay que renovarlo”.
