La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió que observa con preocupación la reiteración de casos de estafas, a través de la solicitud de datos de cuentas bancarias y generación de claves token en cajeros automáticos, que fueron denunciados en la institución en los últimos días.
De acuerdo a lo manifestado, la modalidad utilizada en estos casos consiste en tomar contacto con las víctimas luego de que estas realizan posteos en redes sociales manifestando la intención de vender un producto o bien realizando un reclamo por una compra ya realizada. Tras estas publicaciones, los presuntos estafadores se comunican y hacen pasar por compradores, en el primer caso, o representantes del comercio en cuestión, en el segundo.
Con el argumento de realizar la compra del producto ofrecido o de solucionar el inconveniente manifestado, solicitan a las víctimas una serie de datos personales y de sus cuentas bancarias. Luego de ello, les piden que generen una clave token en un cajero automático, aduciendo que ello es necesario para abonar el precio de la compra o reintegrar el dinero reclamado.
Una vez que esta clave es brindada, los estafadores pueden ingresar a las cuentas y realizar una gran variedad de operaciones, como transferir dinero a otras cuentas, solicitar adelantos de sueldos y contratar préstamos inmediatos, que también son transferidos rápidamente.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se encuentra interviniendo en las denuncias recibidas a través del Centro de Asistencia a la Víctima. También desde el área de Defensa al Consumidor se cursaron notas a los bancos correspondientes a los fines de que brinden información relativa al tratamiento que le están dando a los usuarios damnificados. Y se envió un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) instando a la máxima autoridad del sistema financiero a adoptar medidas de seguridad tendientes a evitar este tipo de estafas a través de las claves token.
Ante la consulta de la Defensoría del Pueblo, el BCRA respondió este lunes a la institución que los bancos deben cumplir una serie de requisitos para prevenir este tipo de situaciones. En primer lugar, tienen que “mantener informado y entrenado a clientes, a responsables de la gestión de los canales electrónicos, proveedores y personal interno, mediante un programa de concientización y capacitación con un contenido apropiado al escenario o situación”.
También deben “requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos (para estos casos en los cajeros automáticos suelen usar un PIL o clave alfanúmerica) y, además, si no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva (corresponde al proceso de control de acceso)”.
Asimismo, el Central señaló a la defensoría que los bancos están obligados a llevar “registros que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente” y también “mecanismos de monitoreo transaccional que puedan advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”. Finalmente, es su deber “contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados con un esquema de escalamiento definido formalmente”.
Más allá de esto, la Defensoría del Pueblo recuerda a la población que es importante no proporcionar datos privados, tanto personales como de cuentas bancarias, a desconocidos. Y que las claves de seguridad no deben ser divulgadas por ninguna razón. La clave token es un factor de autentificación que brinda acceso total a las cuentas, por lo que no debe entregarse bajo ninguna condición.
Finalmente, la institución invita a quienes tengan dudas o consultas, hayan sido víctimas de este tipo de estafas o sospechen que podrían serlo a plantear su caso a través de los canales virtuales disponibles en el portal (www.defensoriasantafe.gob.ar/canales).
En la misma misiva, la Defensoría del Pueblo de la provincia también requirió al BCRA acciones ante otras dos situaciones sobre las que se reciben numerosas consultas en la institución. En primer lugar, puso en conocimiento del ente regulador del sistema financiero que “los usuarios manifiestan preocupación por las altas tasas de interés compensatorio en tarjetas de crédito”.
“Si bien no desconocemos que el BCRA estableció un tope del 43 por ciento anual sobre saldos financiados, dicho beneficio opera para financiaciones de hasta 200.000 pesos. En virtud de las consecuencias económicas y financieras que sufrieron muchas personas a causa de la pandemia que comenzó el año anterior y persiste, es que solicitamos que tenga a bien contemplarse la posibilidad de eliminar el limite dispuesto o ampliarlo de modo tal que todos los usuarios paguen una tasa de interés mucho más razonable y acorde a la realidad económica”, exhorta la defensoría.
Asimismo, el organismo santafesino también informó al BCRA de “múltiples presentaciones de usuarios de cajeros automáticos que exponen que, al momento de efectuar transacciones (generalmente extracciones de dinero), terminan contratando un seguro por lo confusa e intempestiva que resulta la modalidad de ofrecimiento de pólizas por medio de pantallas emergentes del sistema, y formalizando un contrato no deseado por los consumidores del servicio”.
A raíz de ello, insta: “Ante la afectación ostensible al derecho a la información veraz y completa que asiste a los consumidores al momento de efectuar cualquier tipo de contratación de servicios, resultaría oportuno disponer desde el BCRA –de ser pertinente- la adecuación del sistema de los cajeros automáticos para que la contratación de seguros se realice como una opción (clara y con información completa) dentro del menú, y no por medio de pantallas emergentes, a fin de evitar que los clientes contraten en forma errónea e involuntaria, debiendo luego gestionar las bajas correspondientes, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos económicos”.
Al respecto de estas dos propuestas, el Central informó a la Defensoría del Pueblo que fueron derivadas a las áreas correspondientes de la entidad para su análisis.
