Los más de 50 mil millones de pesos que la Nación le adeuda a Santa Fe por el descuento indebido de fondos coparticipables sigue en la agenda provincial como tema prioritario. Este lunes dos abogados rosarinos acudieron a la Justicia Federal para que se le solicite al gobierno nacional los expedientes administrativos y, de esta manera, poder determinar en qué estado están las negociaciones para el cobro de esos fondos. Se trata de una iniciativa preliminar que determinará si existe o no un perjuicio para Santa Fe que amerite otra presentación que exija un resarcimiento.
La presentación de los abogados Jorge López Mirossevich y Francisco Iturraspe recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la jueza Sylvia Aramberri. Las acciones están motivadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015, que intimaba a un plazo de 120 días para que ambas jurisdicciones se pongan de acuerdo en la forma de pago, hecho que no ha sucedido a pesar de que Santa Fe le propuso a la Nación un esquema de pago.
En diálogo con El Ciudadano, López Mirossevich explicó: “Hemos decidido presentarnos estrictamente como ciudadanos en nombre de los derechos de la colectividad, no los individuales de nadie sino los de todos en general, entendemos que al no recibir el tesoro de la provincia esa inconmensurable suma, se está produciendo un daño en los servicios públicos que la provincia le debe dar a los ciudadanos, esto es camas en hospitales, equipamientos para la policía, servicios de transporte, entre otros”.
“Esa suma (por los 50 mil millones de pesos), que está reconocido por un fallo de la Corte, debería ser objeto de conversaciones positivas entre Santa Fe y la Nación, pero hasta ahora solo ha habido como novedad el proyecto de pago de Santa Fe que no se reflejo en ninguna contestación de Nación al punto de que en el proyecto de presupuesto 2018 que no figura la más mínima partida”, agregó.
“Le pedimos a la Justicia Federal que le exija al Poder Ejecutivo Nacional que le envíe una copia del expediente administrativo que se haya labrado con motivo de la deuda hasta ahora. Con lo cual una vez que lo tengamos, veremos si surge algo que sea reprochable o no. Los plazos de la sentencia de la Corte estarían vencidos pero para eso la Justicia tiene que tener materialmente las constancias administrativas”, indicó López Mirossevich.
Consultado sobre si ante la cercanía de las elecciones hay algún tipo de interés político en esta presentación, el abogado respondió: “No. Motivaciones políticas no es lo mismo que comprender la realidad política en la que estamos inmersos. Somos conscientes de que el 22 hay elecciones pero hemos empezado a advertir una situación cada vez mas grave en la que se encuentran las finanzas de la provincia y cada vez una mayor indiferencia por parte del gobierno nacional, entonces nos parece que era el momento oportuno”.
“Lo hacemos para defender el derecho a la información, que es una garantía constitucional y segundo por la participación ciudadana responsable. Estamos haciendo la parte preliminar, no hemos demandado a nadie. Nosotros, como habitantes de Santa Fe, buscamos que se determine si existen o han existido razones que estén generando este daño colectivo que sufre la totalidad de la provincia de Santa Fe. Si esto fuera así, la otra etapa es el probable pedido de resarcimiento”, finalizó.
