Esteban Guida – Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Alguien dijo que culpar a los gobiernos predecesores es una salida fácil y mediocre. Sin necesidad de caer en esta actitud, cualquier aspirante a ocupar la Presidencia de la Nación querrá considerar las alternativas posibles para solucionar los problemas que deja su antecesor, sobre todo cuando sus imprudentes decisiones condujeron al país a una situación de insolvencia estructural.
Entre los graves problemas que generó el gobierno de Mauricio Macri se encuentra, sin lugar a dudas, el nivel de endeudamiento público que deja su mandato. Cualquier sea el resultado de las elecciones, el próximo gobierno se verá exigido para obtener los fondos necesarios para atender los servicios de la deuda, pero con un escaso margen de maniobra producto de los compromisos políticos, económicos y financieros asumidos.
Esta situación tiene que ver también con que “dar vuelta la página” para “volver al mundo” no sirvió para potenciar la capacidad exportadora del país, para promover el desarrollo industrial, para lograr el autoabastecimiento energético o para dar un salto tecnológico (todas cuestiones útiles para mejorar la capacidad de repago de la deuda). El acceso al mercado internacional de crédito se utilizó deliberadamente para financiar la fuga de capitales que operó como un subsidio directo para quienes pudieron comprar dólares baratos en sus diversas formas y medios.
Yendo a la descripción del problema, el Ministerio de Hacienda reveló que, al 30 de junio de 2019, la deuda pública bruta ascendió a 337.235 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 40% respecto a la registrada en 2015. Por su parte, la deuda pública externa ascendió a 171.865 millones de dólares, un 170% por encima de lo que se encontraba a finales de 2015. Pero debería tenerse en cuenta que cuando se concreten los demás desembolsos del FMI (restan alrededor de 18.000 millones de dólares), la deuda pública externa ascenderá a 190.000 millones de dólares, aproximadamente, cifra que triplica del monto existente al momento de iniciado el gobierno de Cambiemos.
La comparación con el último dato del año 2015 se adopta para dilucidar la responsabilidad del actual gobierno sobre este tema, y para evaluar las perspectivas a futuro en vista del recambio presidencial. Resulta importante, además, porque uno de los aspirantes, el propio Mauricio Macri, afirmó públicamente que en caso de ser reelecto mantendrá (o mejor dicho “acelerará”) su política económica, lo que incluye claramente la conducta de endeudamiento compulsivo que ha tenido desde el comienzo de su actual mandato.
Para evaluar la gravedad del problema vale considerar el indicador que mide la relación entre el total de pasivos públicos y el Producto Bruto Interno. Al 31 de mayo de 2019 la deuda pública bruta argentina representó el 101,7% del PBI; por su parte la deuda pública externa representó el 53,1% del PBI. El cambio es notable, puesto que a diciembre de 2015 estos indicadores se ubicaban en el 43% y 12%, respectivamente.
El incremento en el endeudamiento relativo (o menor capacidad de pago en términos de PBI) se explicó tanto por el aumento nominal de la deuda como por la depreciación del tipo de cambio, que se duplicó en 2018 y aumentó otro 16% en los cuatro primeros meses del 2019. Este salto en el tipo de cambio produjo una “caída” en el PBI en dólares, reflejando una situación de empobrecimiento con respecto al resto del mundo. En otras palabras, ahora hay que trabajar y producir más para pagar la deuda.
Por otra parte, en la actualidad el 78,2% de la deuda pública bruta es nominada en moneda extranjera (258.967 millones de dólares), mientras que el resto está en moneda nacional (78.268 millones de dólares). Esto significa un aumento de 10 puntos porcentuales de la deuda en moneda extranjera (principalmente en dólares estadounidenses) respecto al PBI, con relación a lo registrado a finales de 2015.
¿Por qué importa esto? Porque a la hora de cancelar los compromisos contraídos en moneda extranjera el país cuenta con al menos tres alternativas concretas: la emisión de nueva deuda en moneda extranjera, la apropiación (voluntaria o compulsiva) de divisas en poder de los residentes locales, o el uso de los saldos externos (resultado positivo de la Cuenta Corriente).
Queda claro que la tercera, sería la opción preferible. Pero los números reflejan que el modelo macrista es inconsistente con esta alternativa. En los primeros tres años del gobierno de Cambiemos, la Cuenta Corriente acumuló un rojo de 75.000 millones de dólares, acentuando el déficit externo estructural que traía la economía desde inicios de la década. Vista desde la capacidad genuina de repago por la vía de nuestros excedentes comerciales, la relación entre las exportaciones y deuda externa empeoró drásticamente, pasando del 91% en 2015 a 280% a mayo de este año.
Los candidatos a la Presidencia de la Nación tienen sobrados motivos para cuestionar el acuerdo que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional, ya que en los cuatro años de la gestión que empieza el próximo diciembre la Argentina tendrá que atender compromisos de pago ya contraídos por 145.745 millones de dólares en concepto de capital, más 44.300 millones de dólares por intereses. En total, el próximo gobierno necesita aproximadamente medio PBI para no caer de default, una cifra totalmente impagable bajo un esquema liberal y aperturista como el que se sostiene actualmente.
En vista de esta situación, ya son varios los que plantean la necesidad de una renegociación de la deuda con el FMI, aunque no todos están hablando de cuestionar sus imposiciones. La idea no es descabellada si se tiene en cuenta que la Argentina representa más del 60% de la cartera de préstamos del organismo, con 57.000 millones de dólares otorgados al país que deben ser devueltos en tan solo tres años a partir del año 2021.
Si bien una refinanciación acordada con el organismo podría reducir el requerimiento de fondos en los primeros años del próximo gobierno, las fuentes de financiamiento para atender los servicios de la deuda pública continúan siendo una incógnita sin resolución. Siguiendo el camino de una economía primarizada, abierta y liberalizada no hay fundamentos económicos para encontrar una salida exitosa; mucho menos si se pretende acelerar el paso.
La alternativa, aunque ciertamente de compleja instrumentación, aparece cuando se piensa un modelo económico distinto y un país diferente. Una potencial renegociación tiene sentido si se logra una refinanciación de largo plazo, condicionada al crecimiento económico y vinculada con la capacidad para generar saldos comerciales positivos.
Para abordarla, la Argentina tiene que redefinir autónomamente su propia estrategia de reinserción internacional, que tenga por objetivo el interés nacional, empiece dinamizando sus propios recursos y apunte a lograr (aunque sea en el mediano y largo plazo) un esquema económico capaz de generar riqueza y retenerla para apalancar el desarrollo nacional.
Pero si el interés nacional y el bienestar de los argentinos (los vivos y los que van a nacer) no está en el primer puesto de las prioridades políticas, cualquier atajo, incluso el de una refinanciación de la deuda pública, será puro maquillaje y otra oportunidad perdida para ser una Nación de verdad.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
