Las paritarias del sector público tienen fecha de inicio: martes 5 de febrero. Lo confirmó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, quien adelantó que este año la provincia volverá a proponer la herramienta de la cláusula gatillo, por la cual los salarios se ajustan de forma automática una vez superados por el índice inflacionario.
Este viernes el gobierno santafesino confirmó la fecha de inicio de las negociaciones salariales y convocó, por un lado, a los estatales de ATE y UPCN, y por el otro a los gremios docentes Amsafé, Sadop, UDA y Amet. El ministro Farías evitó anticipar cifras o porcentajes, pero de acuerdo a la situación económica avizoró que 2019 “será un año complejo”.
La primera ronda de las paritarias 2019 será el martes 5. En Casa de Gobierno, Farías y el ministro de Economía Gonzalo Saglione recibirán a los representantes gremiales de ATE y UPCN. El mismo día, en el Ministerio de Trabajo, la ministra de Educación Claudia Balagué y el anfitrión Julio Genesini harán lo propio con los referentes de los gremios docentes.
“Ningún año fue igual a otro”, comentó Farías en diálogo con la prensa en Santa Fe. “Las discusiones paritarias, fundamentalmente la salarial, está relacionada al comportamiento de la economía y la inflación, que fue en alza en los últimos años y golpeó el salario de los trabajadores. Buscaremos mantener el poder adquisitivo de los salarios”, agregó.
En esa línea, el ministro de Gobierno anticipó que se volverá a proponer la cláusula gatillo, que ya se aplicó en las paritarias de 2017 y 2018. Los gremios ven con buenos ojos esa política porque les permitió, en los últimos dos años, conservar el poder adquisitivo pese a la escalada inflacionaria (26,1% anual en 2017 y 49,3% en 2018, según el relevamiento provincial del Ipec).
El objetivo del gobierno es acelerar las negociaciones y lograr un acuerdo que permita evitar medidas de fuerza en el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 6 de marzo. “Queremos tener todo el tiempo necesario para hacer un correcto análisis y tomar las mejores decisiones, que siempre son difíciles porque no sabemos cómo se comportará la economía este año”, indicó Farías.
Sobre la aplicación de la cláusula gatillo –la herramienta que desactivó los conflictos gremiales el año pasado–, el ministro de Gobierno señaló: “La vamos a poner a consideración de las entidades sindicales y, si se mantiene o no para este año, dependerá de lo que ocurra en las reuniones”.
Por último, el funcionario sostuvo que el gobierno “está con la expectativa de encontrar rápido un acuerdo salarial, pero este año será más complejo”.
Demandas gremiales
El secretario adjunto de Amsafé, José Testoni, dijo que la expectativa de los docentes es recuperar lo que perdieron por la inflación y que los trabajadores no sean “los que paguen el costo de la crisis”.
Testoni anticipó que, más allá de la cuestión salarial, llevarán otras demandas a la mesa paritaria: “Pretendemos que además de lo salarial se regularice todo lo que está precarizado e inestable en el sistema educativo. De mínima, pretendemos discutir estos temas”.
El número dos del sindicato que conduce Sonia Alesso no adelantó porcentajes, pero se mostró escéptico respecto de las metas de inflación anunciadas por los gobiernos nacional y provincial: “En los presupuestos fijaron en un 20% la inflación anual. Sin embargo, el año pasado todos los presupuestos subestimaron la inflación planteando un 15%, cuando terminó siendo del 49%”.
En tanto, el secretario adjunto de ATE Santa Fe, Marcelo Delfor, se manifestó a favor de mantener la cláusula gatillo y recordó: “El año pasado nosotros acordamos un aumento del 18% en dos tramos y terminamos el 2018 con un aumento del 45,5%, y lo que queda pendiente va a llegar casi al 50% (en febrero). Si eso se mantiene, es un avance”.
En la semana, desde ATE habían planteado que, en las negociaciones paritarias van a reclamar que la provincia regularice la situación de 2.200 trabajadores contratados que cumplen funciones de planta permanente: son unos 700 empleados contratados en la administración central y otros 1.500 en el sector de salud.
