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La disputa entre los hermanos Etchevehere y un conflicto milenario: la propiedad de la tierra

La disputa que atraviesa a la familia Etchevehere muestra una vuelta de tuerca sobre una cuestión que ningún sistema político ha podido resolver sin conflictos: ¿a quién pertenece la tierra?

Mauro Federico/Puente Aéreo

 

— Papá, ¿por qué llora?

—Porque me quitaron las tierras, Emiliano.

—Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan.

El episodio narrado de generación a generación por los habitantes de Morelos, es una pintura legendaria de lo ocurrido a fines del siglo XIX a la familia Zapata-Salazar, en el contexto del latifundismo imperante durante alguno de los tantos gobiernos de Porfirio Díaz.

A sus nueve años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos ocasionadas por hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, el pequeño Emiliano lo consolaba prometiéndole algo que parecía imposible.

Años después, ese pequeño cuya familia —como tantas otras— había sido víctima de la explotación y la opresión de los grandes terratenientes protegidos por el propio estado, lideraría una revolución que transformó la historia de su país y la de toda Latinoamérica. Emiliano Zapata encarnó una lucha social que dio voz y armas a campesinos e indígenas que durante décadas vieron arrebatado su patrimonio a manos de hacendados.

“La tierra es para quien la trabaja”, fue una de sus célebres máximas que llevó como bandera hasta las últimas consecuencias, para lo cual mantuvo siempre en alto los fusiles para perturbar a los poderosos. “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, solía amenazar.

La disputa que atraviesa a la familia Etchevehere muestra una vuelta de tuerca sobre una cuestión que ningún sistema político ha podido resolver sin conflictos: ¿a quién pertenece la tierra? Pero en este caso, con una particularidad que le otorga al episodio características únicas. Traicionando a su clase, la hermana menor de esta familia de origen vasco afincada en Entre Ríos, propietaria de grandes extensiones territoriales y poderosas empresas agropecuarias, es quien decide abrir la tranquera de sus campos para que los “condenados de la tierra” puedan colectivizar un bien privado.

Mientras repasa aquellos versos del cantautor uruguayo Daniel Viglietti que le preguntaba a los presentes si no se habían puesto a pensar “que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más”, Juan Grabois disfruta como un triunfo ideológico el fallo del juez Raúl Flores que dictaminó a favor de Dolores Etchevehere. Para el magistrado, la hermana menor del clan entrerriano “probó que fue declarada también heredera” del predio en disputa entre la familia, lo que invalida el reclamo de usurpación presentado por su hermano Luis Miguel.

“No le corresponde todo, pero le corresponde una parte. Y ella puede hacer lo que quiera con su parte. Si se la quiere dar a lo que ellos llaman «los negros de mierda», lo puede hacer”, declaró Grabois como representante legal de la mujer. “No le gustan los pobres”, afirmó el referente de la CTEP quien, además, forma parte del proyecto Artigas, una “red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente, que buscamos verdad, justicia y reparación”, según reza en la página web de la iniciativa.

Pero el poder no está acostumbrado a perder. Por eso se lo ve al ex ministro de Agroindustria macrista y ex titular de la Sociedad Rural Argentina pavoneándose del lado de afuera de la tranquera del campo en el que su hermana está instalada, impidiendo el ingreso o egreso de quien quiera trasponer los límites de esa propiedad en disputa y amenazando incluso a los propios policías entrerrianos tibiamente se acercaron para invitarlo a retirarse.

“Como si fuera el Patrón Feudal de Entre Ríos, viola flagrantemente la restricción perimetral a favor de su hermana, jactándose de saberse impune. Cualquier hijo de vecino estaría en el suelo y esposado. Pero es Lord Etchevehere en Glifolandia”, expresó Grabois a través de su cuenta de twitter.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1320050876141260801?s=20

 

Donde hubo fuego…

 

En una de las semanas más bravas en materia cambiaria para el gobierno, algunos partidarios del oficialismo están convencidos que la manera de obtener un equilibrio económico-financiero es presionando al campo para que liquide la cosecha que aguarda en los silo bolsas el momento más oportuno para generar dólares, tanto para los sojeros como para su socio, el Estado. Sin embargo, hay métodos y métodos para ejercer la presión de uno y otro lado, por cierto. Repasemos.

Los grandes productores agropecuarios buscan presionar al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que baje las retenciones a la mitad. “Es que, como los tiburones, olieron la sangre del mercado financiero y con muy poco pueden desestabilizar el mercado”, explicó a #PuenteAereo un informante de los negocios y la política.

“Con solo 500 millones de dólares (menos del 10% de lo que aún le falta liquidar a los sojeros, que siguen sentados sobre silo bolsas con más de 5000 palos verdes adentro) jaquean el dólar por un mes. Piense que el blue movía 60 millones de dólares por día antes de la pandemia y ahora no llega ni a la mitad”, completó la fuente.

El recuerdo de las peleas entre el kircherismo y la Mesa de Enlace, sigue latente en algunos sectores. “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, recuerdan los memoriosos.

¿Cuáles son los números del negocio sojero? El precio de la oleaginosa en el Mercado de Chicago cerró este viernes a 400 dólares por tonelada. Se trata del valor más alto registrado en los últimos cuatro años -desde julio de 2016- impulsado fuertemente por el aumento de la demanda proveniente de China.

En la Casa Rosada miran con atención esta suba del precio de la soja en Chicago dado que ayuda a que los exportadores argentinos mejoren su capacidad de pago a los productores y aumente, en definitiva, el ritmo de ventas en el mercado local.

“Siempre y cuando liquiden”, dijo un funcionario de Economía consultado por #PuenteAereo. Estimaciones privadas indican que los productores aún tienen en su poder unas 14 millones de toneladas de soja. La expectativa oficial, a partir de la baja de retenciones, era que se liquidara un buen porcentaje de ese volumen en el último bimestre del año.

Pero la suba del blue, que el viernes cotizó a 195 pesos, genera incertidumbre entre los sojeros a la hora de vender y volcar la producción al circuito comercial. “Los productores que venden son lo que necesitan cubrir gastos“, explican en el mercado.

Claro que “del otro lado” no se quedan atrás si hablamos de presiones. Ya que hablamos de “fuegos” y “cenizas”, el Frente de Todos impulsa en Diputados una ley para que por 30 años no se modifique el destino económico de las tierras rurales afectadas por los incendios.

La semana entrante, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja buscará aprobar el proyecto impulsado por Máximo Kirchner destinado a modificar la ley 26.815 de Manejo del Fuego. La iniciativa tiene un fin noble: reaccionar ante los incendios que afectaron a la mitad de la Argentina durante el invierno más seco de los últimos años.

Hasta ahí todo parece lógico. Pero la polémica se corporizó con la idea de incorporar un nuevo artículo que establece que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente se prohíbe, por el término de 30 años, la realización de emprendimientos inmobiliarios”. Tampoco podrá desarrollarse “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual” en el momento del incendio.

Esto motivó la inmediata reacción de la Mesa de Enlace, que casi de forma automática y unánime le saltó al cuello al primogénito de los Kirchner. “O no saben de lo que están hablando o cometen un grave error al pasar por el tamiz ideológico un tema que requiere un análisis particular porque parten del prejuicio de que se queman campos para hacer negocios inmobiliarios y esto no es así”, le contó a este portal un integrante de una de las organizaciones rurales.

La iniciativa tiene buenas probabilidades de avanzar ya que no solo cuenta con el aval del oficialismo, sino también del Interbloque Federal, con las firmas de Eduardo “Bali” Bucca y de Graciela Camaño, y del jefe del interbloque Unidad para la Equidad y Desarrollo, José Ramón. Quienes se oponen –cuando no- son los integrantes de Juntos por el Cambio, donde algunos miembros de la bancada tildaron de “irracional” el proyecto pues “castiga exclusivamente al propietario, sin siquiera preocuparse por los hechos que generaron el incendio”.

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