Carla Deheza
Asoma el alba de un cálido martes primaveral. El día promete ser uno más, cargado de rutina laboral. Pero no lo será para Javier Smaldone, el riocuartense que cobró notoriedad por sus críticas al voto electrónico y a la empresa Smartmatic, contratada por el gobierno nacional para realizar el escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales de 2019. Es martes 8 de octubre, son las seis de la mañana y el experto en seguridad informática no sale de su perplejidad: hay policías revolviendo hasta el último rincón de su hogar en Buenos Aires. Nadie le explica el motivo. Siente miedo. Sabe que no ha cometido ningún delito y desconoce el motivo del allanamiento. Piensa en una acusación por violación, pedofilia “o alguna de esas cosas de las que resulta muy difícil reponerse, por más que uno sea inocente”.
De pronto los policías paran y el mal momento parece llegar a su fin. Sin embargo, para su sorpresa, le ponen esposas y lo trasladan al Área de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). “Averiguación de antecedentes”, le dicen por todo argumento. Junto con Smaldone, los uniformados se llevan sus herramientas de trabajo: celulares, la computadora y la tablet. Al llegar toman varias impresiones de sus huellas digitales. “Se supone que querían saber quién era yo, algo totalmente ridículo. Lo hicieron para amedrentarme, para que no moleste, pero no lo lograron”, dice Smaldone una vez liberado. Y agrega, a modo de explicación: “Es lo que acostumbran hacer las fuerzas autoritarias desde siempre”.
La causa, caratulada “Violación de correspondencia”, le imputa a Javier Smaldone haber publicado información confidencial de la PFA mediante una cuenta fraudulenta. La investigación se inició a principios de 2017, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue víctima de un ataque informático y un hacker intervino sus redes sociales. En aquel momento Smaldone, que es especialista en informática, advirtió que los atacantes habían accedido también a información sensible de la fuerza policial. A partir de entonces, asegura, fue víctima de seguimiento y persecución. Sus movimientos eran controlados por distintos dispositivos a través del Whatsapp, la tarjeta Sube y la instalación de cámaras de seguridad en sus domicilios de Buenos Aires y Río Cuarto. “Entiendo que el único objetivo fue amedrentarme, lograr que yo no hablara más del tema”, explica Smaldone.
El 12 de agosto se produjo en el país un hecho similar al caso Snowden, el consultor tecnológico estadounidense que filtró documentos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Un hacker identificado en Twitter con la cuenta @LaGorraLeaks2.0 publicó documentos con información sensible de la PFA y se atribuyó el ataque informático de 2017.
La noticia no hacía más que confirmar las advertencias que había hecho Smaldone. Pero su experticia lo convirtió, inexplicablemente, en sospechoso. Padre de dos hijos, el riocuartense quedó bajo la lupa de Bullrich y los suyos.
Javier Smaldone está detenido en Buenos Aires. En Río Cuarto, su hija Carla atiende una llamada que la deja igualmente perpleja: un medio de comunicación de Buenos Aires quiere saber por qué detuvieron a su papá. Ese llamado es la primera noticia que la familia tiene de la detención de Smaldone. Acuden a las redes sociales para advertir que desconocen su paradero y denunciar persecución política. El celular de Carla está en llamas. Mientras ella intenta explicar lo inexplicable, las redes estallan: “Demoraron a un experto en informática por el hackeo a los sistemas de la Policía Federal”; “GorraLeaks: detienen a Javier Smaldone”; “Detienen a un experto en informática por un hackeo”, titulan algunos portales de noticias.
Mientras todavía se desconoce el paradero de Smaldone, Twitter se torna en un impensado campo de batalla. La cuenta del informático @mis2centavos es la gran protagonista. Miles de seguidores –colegas, profesionales y usuarios comunes– le hacen llegar su apoyo: “Nuestra solidaridad a @mis2centavos, estamos a disposición si necesitan algo”; “Ojalá se cumplan todas las garantías que le corresponde y no sea un vulgar apriete por mostrar las fallas en el voto electrónico”. Otros miles celebran su detención: “Se lo merece, filtró información”; “Que se la banque, le gusta joder con información ajena”; “Si es verdad que filtró datos de la policía ojalá esté adentro por muchos, muchos años”.
“Mucha gente se comunicó con mensajes de apoyo, ofreciéndome ayuda y solidarizándose. Lamentablemente los medios de prensa, al contrario, cuando publicaron mi detención me trataron como un delincuente. También se pronunciaron funcionarios públicos descalificándome. Estoy evaluando iniciar acciones civiles por injurias”, admite Smaldone.
Son las 18 del martes ocho de octubre y Javier Smaldone es liberado. Al salir lo buscan sus amigos. Recién entonces puede comunicarse con su familia. Hace calor y por esas cosas del destino, el informático luce la misma remera que tenía por la mañana, cuando fue detenido, una remera negra con un claro mensaje icónico del estampado en el que sobresale un dedo índice erguido: fuck you.
Smaldone está libre, pero furioso. Jura que no lo van a callar, ni amedrentar. Dice que no tiene miedo, aunque admite que la detención le generó muchos problemas. Además de secuestrarle sus herramientas de trabajo, algunos clientes podrían asustarse por el trato de “delincuente” y “hacker” que le dieron los medios de comunicación. “La estoy peleando. Me da mucha bronca que se haya expuesto a mi familia y que hayan vigilado a mis hijos con cámaras. Esto ha sido una persecución política que afecta la libertad de expresión. Si tengo que llegar a la Corte Suprema de Justicia, lo haré”, insiste decidido, indignado.
Han pasado dos semanas de su detención y Smaldone se presenta en Tribunales con dos escritos redactados por su abogado: en el primero pide se declare nulo el allanamiento y se le devuelvan sus herramientas de trabajo; en el segundo, que se investigue por qué mintió la Policía.
En Twitter, bajo el irónico hashtag #GraciasPatoBullrich, da detalles de la persecución política de que ha sido víctima. Y pide Justicia.
Estudiante de comunicación social en la Universidad Nacional de Río Cuarto. De revistaelsur.com.ar
