María Victoria Deux Marzi **
A comienzos de marzo de este año nuestro mundo cambió. Lo que ya tenía rasgos de pandemia llegó a la Argentina, y dos semanas después dio inicio a la cuarentena que aún continúa, con variaciones por zonas del país. Este hecho puso en blanco sobre negro una realidad que aún incomoda al pensamiento (neo) liberal: en épocas de crisis es el Estado, no el mercado, el lugar donde se procesan las respuestas que ayudan a seguir viviendo.
Entre los trabajadores lxs únicxs que no han visto menguados o nulificados sus ingresos son quienes los reciben del Estado, tanto activxs (empleadox públicos) como pasivxs (jubiladxs y pensionadxs) y perceptores de programas sociales. El resto, asalariadxs formales e informales, independientes, cuentapropistas, con menor a mayor dramatismo, sufren las consecuencias de una economía globalmente frenada por la pandemia. Lxs que participan del ancho mundo del trabajo sin patrón, o con “patrón oculto”, como sostiene la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (Utep) se encuentran entre los más afectados, porque ya formaban parte de un sector muy golpeado en los cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos.
A muy poco de comenzada la cuarentena el gobierno nacional puso en marcha medidas redistributivas para disminuir los efectos de la crisis. Así comenzó a implementar una gama de intervenciones, que buscaron, entre otras cosas, facilitar que los empleadores de empresas sin actividad pudieran pagar los salarios y los trabajadores independientes afrontaran su subsistencia durante la emergencia.
Merece destacarse la velocidad de la respuesta. Desde la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a fines de marzo, se implementaron numerosas medidas, algunas son específicas para la economía popular, social y solidaria (EPSS), como la Línea 1 de emergencia del Programa Trabajo Autogestionado o los créditos para cooperativas de trabajo; mientras que otras están diseñadas para las empresas y los trabajadorxs en relación de dependencia pero abren alguna posibilidad de acceso para cooperativas y mutuales que contratan trabajadorxs, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y la activación del Programa de Recuperación Productiva (Repro).
Un repaso somero sobre las medidas nos permite diferenciar seis orientaciones destacadas:
1) Intervenciones de apoyo a la producción para la EPSS. Prioritariamente herramientas de financiamiento, a tasas subsidiadas, y en algunos casos aportes no reembolsables
2) Medidas de apoyo a los trabajadores y sus ingresos. Créditos y aportes para complementar los ingresos laborales
3) Apoyo a la comercialización, entre las que se desataca la incorporación de cooperativas y mutuales al Sistema de Información de Proveedores (Sipro) para ser contempladas en las licitaciones públicas del Estado Nacional
4) Medidas referidas a las condiciones de trabajo que incluyen protocolos de “buenas prácticas” frente al Covid -19 para agricultorxs familiares y una red de asistencia digital que ofrece herramientas para promover e implementar el trabajo a distancia, pensada para Pymes y extensiva a cooperativas y mutuales
5) Políticas públicas orientadas a la protección social y cuidados para población en condiciones de vulnerabilidad social como la IFE mencionada más arriba y refuerzos extraordinarios a destinatarixs de planes sociales y algunas de carácter comunitario como el Programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio cuida al Barrio”
6) Modificaciones en la gestión de las políticas para facilitar trámites administrativos y el registro de los destinatarixs para darles visibilidad y formalizar su accionar, como el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios.
Detalles de la instrumentación
Las medidas son dirigidas a lo que llamamos la economía social y solidaria, aunque, razonablemente por el peso poblacional, las de mayor cobertura y relevancia en erogaciones públicas son aquellas que apuntan a las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Es destacable la intersectorialidad (al menos seis ministerios y diferentes reparticiones están involucrados) así como la diversidad de aspectos, demandas y necesidades de las intervenciones. Algunas tienen una clara perspectiva coyuntural, son productos de la emergencia y dejarán de ser necesarias cuando se llegue a lo que se ha dado en llamar “pos-pandemia”. Otras apuntan a necesidades estructurales que se deberían mantener en el largo plazo si se quiere constituir un sector, que dentro de una economía mixta o plural, dispute espacios al capitalismo y contribuya a una nueva sociabilidad basada en la cooperación, solidaridad y reciprocidad.
Pese a la importante respuesta estatal que hemos reseñado, es necesario subrayar la disparidad en el tratamiento entre sectores, lo cual habla de la diferencia en el reconocimiento social de los distintos trabajos. Los trabajadorxs asociativxs y autogestionadxs están limitadamente incluidos en el radar de estrategias nacionales para paliar la crisis y numerosas cooperativas de trabajo y sus federaciones han manifestado la necesidad de políticas similares a las destinadas a Pymes y grandes empresas. Las mayores críticas se centran en la enorme diferencia que existe entre el monto de los subsidios para los trabajadores asalariados y los que perciben los autogestionados, ya que los primeros duplican el valor de los segundos. También se cuestiona cierta morosidad en la implementación de las medidas para el sector de la EPSS.
Interrogantes ante una necesidad que urge
Es muy pronto aún para hablar del impacto de estas medidas o realizar algún juicio sobre cuánto, cómo, cuál más y cuál menos, ha contribuido a paliar la crisis y sobre todo, cuáles perdurarán más allá de ella.
¿Qué escenarios abre la post pandemia? ¿La experiencia del IFE dará paso a un ingreso/renta universal ciudadana en sintonía con el debate instalado a nivel internacional y nacional? ¿Cómo incidiría en el desarrollo del trabajo asociativo y autogestionado? Este escenario también pone sobre la mesa la reiterada necesidad de revisar las protecciones sociales a las que acceden los trabajadorxs. La crisis abierta por la emergencia, ¿nos aproxima a la posibilidad de construir un sistema público de protección de los trabajadorxs asociativxs y autogestionadxs? ¿Qué protecciones son necesarias para garantizar a los trabajadorxs de la EPSS los mismos derechos y garantías reconocidas para los trabajadorxs asalariadxs?
El debate está abierto y el impacto de la pandemia acelera los tiempos porque la necesidad urge.
** Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular Social y Solidaria (OPPEPSS)
CEDET/UNR – UNGS www.oppeps.org
