“La economía social y solidaria es un nuevo paradigma ante la realidad de un modelo económico que no brinda herramientas de preservación de las fuentes de trabajo. No se trata de una tercera economía sino que es un sistema socioeconómico, político, cultural, ambiental, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas y cooperativas”, definió la diputada provincial Inés Bertero, autora de un proyecto de ley dirigido al sector que está en tratamiento en la Legislatura provincial. La legisladora participó de la jornada «Hacia una ley de Economía Social y Solidaria en la provincia de Santa Fe. Proyectos y debates” que se realizó ayer en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, organizada por la Cátedra Abierta de Economía Solidaria e Integración Latinoamericana, el Instituto de Cooperación Latinoamericana y el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria.
La legisladora socialista explicó los alcances de su proyecto, que como uno de los puntos clave establece que el Estado provincial deberá tener como prioridad en sus compras y contrataciones a bienes y servicios de la economía social. Para ello plantea la creación del Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria, al que deberán inscribirse emprendedores y cooperativas.
Otro artículo de la iniciativa plantea la creación del Instituto de la Economía Social y Solidaria –análogo al Inaes, que funciona en la esfera nacional– como ente autárquico dentro del Ministerio de Desarrollo Social provincial. Y un Fondo de Financiamiento de la Economía Social y Solidaria cuyo objetivo será fomentar e implementar las políticas públicas que beneficien estas prácticas.
Bertero subrayó además que la ley que propone también “establece exenciones de pago de tributos provinciales” como otra herramienta para estimular “la formación de organizaciones libres de trabajadores regidas por los principios de la solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua”. Al tiempo que agregó se busca es “facilitar los procesos para la formalización” del modelo de producción de bienes y servicios “garantizando la dignificación, previsión y seguridad social de todos los trabajadores”.
