El pasado mes de julio el Senado nacional dio media sanción a un proyecto de la senadora Blanca Osuna que exige a las instituciones educativas considerar la educación como “bien público”. En otras palabras la educación no podrá ser considerada una mercancía. La legislación regula en esta línea el establecimiento de entidades extranjeras en el país, obligándolas a sujetarse a las leyes nacionales vigentes para nuestras universidades nacionales privadas y públicas.
La iniciativa es destacable y merecería el apoyo de todo el sistema universitario nacional. La legislación aparece como una barrera importante que suma a la consagración de bien público y social establecido por la ley nacional de educación. Sin embargo, el tema habilita algunas reflexiones que refresquen la situación y a la vez alerten de un peligro cercano.
Como lo sostiene Feldfeber la relación entre la educación y la economía capitalista tiende descubrir nuevos mapas y a la llamada disputa por la masificación (más educación para todos) se suma y gana espacio la disputa por la mercantilización.
Las manifestaciones más claras al respecto pueden detectarse en tres líneas claras: la primera, la educación (tabicada y acrítica) para el mundo del trabajo; la segunda, la educación (léase estímulo) del consumidor, y la tercera la conquista de los mercados para cualquier persona interesada en los servicios educativos.
Las dos primeras líneas son habituales reclamos de nuestras reformas curriculares e institucionales; la tercera y más compleja está vinculada al desembarco de universidades extranjeras en territorio nacional. Entendamos la importancia del negocio del que estamos hablando: el comercio de educación ocupa entre el quinto y el séptimo rubro más importante de las exportaciones de los Estados Unidos y sus proyecciones lo presentan como uno de los sectores más dinámicos. Lo mismo ocurre con Australia y Nueva Zelanda, que son los principales exportadores de educación al sudeste asiático. La lista podría engrosarse con varios países europeos y la vocación de un grupo de universidades de fama global por abrir “sucursales” en todas las regiones del globo. Si a estos indicadores le agregáramos la educación e-lerning estaríamos hablando de la educación como una de los rubros de mayor potencia comercial
El panorama se completa con la incorporación de la educación al rubro servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Según la propia Unesco, la regulación de un organismo comercial de un tema como la educación ya resulta inevitable. Excede el presente artículo la explicación sobre el funcionamiento de la OMC, pero básicamente su objetivo es fomentar el libre comercio mundial.
Aunque la información no resulte demasiado conocida debemos destacar que nuestro país aceptó el ingreso de la educación al rubro servicios de la OMC e incluso durante el gobierno de Fernando de la Rúa se asumieron algunos compromisos menores en torno a su tratamiento mercantil. Incluso la Secretaría de Política Universitaria de entonces organizó un importante encuentro con los principales referentes de cooperación internacional de las universidades argentinas en los que funcionarios de la Cancillería explicaron las ventajas de nuestra participación en las rondas educativas de la OMC. Si bien la promulgación de la Ley Nacional de Educación limitó tales avances, aún nuestro país participa de dichas rondas de negociación.
La mercantilización de la educación recoge unánimes rechazos en el sistema educativo nacional tanto público como privado. Sin embargo, innumerables prácticas del sistema caminan en esa línea. Muchas veces la práctica suele contradecir las declaraciones. De todas maneras, nadie puede desconocer que estamos en tiempos de globalidad y que la educación es parte de ella. La respuesta es más cooperación e integración educativa de nuestros sistemas como forma de integración de nuestros pueblos.
