En un debate ágil con discursos medidos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para prorrogar la emergencia alimentaria. La iniciativa recibió el visto bueno de casi la totalidad del recinto donde cosechó 222 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención. El oficialismo pasó de rechazar la medida a dejar que el debate fluya debatiendo el contenido.
La sesión especial se llevó a cabo mientras organizaciones sociales mantuvieron un acampe en las inmediaciones del Congreso pidiendo por la pórroga de la ley. La medida busca dar respuesta a la crisis económica y social que se profundizó en los sectores más vulnerables tras la devaluación del mes de agosto.
Durante la sesión que duró algo más de tres horas, ambos sectores evitaron pronunciar discursos altisonantes. Tampoco hicieron referencia a la contienda electoral aunque hubo algunos pases de factura con tono moderado.
Tras la media sanción, la medida pasará al Senado que le dará tratamiento para convertirla en ley. Aunque todavía no hay fecha confirmada, se estima que el la cámara alta podría tratarla el miércoles 18.
Apertura al debate
La Cámara de Diputados abrió el debate este jueves al mediodía para tratar el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria que impulsa la oposición. La bancada oficialista decidió acompañar la iniciativa que unificó los doce proyectos presentados tras recibir el aval de Mauricio Macri y estarían dispuestos a aprobarla. La sesión especial comenzó antes del mediodía tras tres meses de inactividad en el recinto.
Este miércoles se reunieron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los jefes del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con el fin de acordar que la sesión sea concisa y, en lo posible, con un orador por bloque.
La decisión del oficialismo de participar del debate se funda en varias razones, de las cuales la primera es el aval que les dio Macri a sus diputados este miércoles, junto al compromiso de no vetar la ley en caso de que sea sancionada.
Por otro lado, en Juntos Por el Cambio están convencidos de que el proyecto es parte de «una interna» entre los distintos sectores que conforman el Frente de Todos, en la cual los referentes de movimientos sociales lograron imponerse.
En ese escenario, la bancada de Cambiemos -donde tampoco hay una postura uniforme frente a la iniciativa- optó por dejar que el debate avance, aunque advirtió que seguirá de cerca la discusión del articulado porque no quiere «aprobar ninguna locura», según indicó uno de los referentes de ese bloque.
Desde Cambiemos entienden que la propuesta es correcta, ya que respeta la facultad que ya tiene el Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias en lugar de crear un gasto adicional, en cuyo caso no lo acompañarían.
Y es que la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
En tanto, en el Frente para la Victoria negaron que exista una interna y también rechazaron la hipótesis de que la insistencia de los movimientos sociales -representados en la Cámara baja por referentes del Movimiento Evita- para avanzar con el proyecto sea para «marcarle la cancha» a Fernández con vistas a su eventual gobierno.
«El Movimiento Evita es albertista, ¿por qué van a querer condicionar a Alberto?», planteó un referente del Frente para la Victoria.
El proyecto
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año, y propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Este punto será central en el debate, dado que el oficialismo quiere que el proyecto precise que ese aumento del 50% será sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas alimentarios, dado que el Gobierno ya había dispuesto una actualización.
De esta manera, el Poder Ejecutivo no debería incurrir en un gasto adicional, según explicaron en la bancada oficialista.
También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
