El Senado provincial aprobó este jueves el proyecto de ley de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario, enviado por el Poder Ejecutivo. El bloque de senadores radicales, por su parte, pidió que se gire a Diputados el dictamen de minoría que ellos elaboraron en disidencia.
En Diputados, donde el oficialismo es minoría, se prevé que se le realizarán las modificaciones que propusieron desde el bloque opositor del Senado. La UCR y el socialismo constituyen la mayoría. «Estamos perdiendo el tiempo en dar las respuestas que los santafesinos necesitan y mientras eso ocurre siguen matando gente», señaló el senador radical Felipe Michlig. Y agregó: «Mientras se demora la ley se sigue matando gente». Si se le hicieran cambios al proyecto en Diputados, deberá volver a tratarse en el Senado.
Las modificaciones planteadas incluyen la creación de un fondo de 6.000 millones de pesos que podría ser aumentado en un 50% transcurrido los 365 días por parte del gobernador, destinado a inversión en seguridad pública y el Servicio Penitenciario. «De esta manera además de las facilidades para gestionar se crearía un fondo para las compras», detalló el senador Lisandro Enrico, y agregó que también se incluía un fondo de 1.300 millones de pesos para el organismo de investigación del Ministerio Público de Acusación, para dotarlo de mayor tecnología y equipamiento. Además, según el senador, agregaba la reestructuración de los esquemas vigentes de los suplementos de la policía, la creación de sistemas de videovigilancia con municipios y comunas, la creación de un sistema de análisis de información penitenciaria que permita ser más estricto con la administración del servicio.
El senador Alcides Calvo aclaró en relación a la duración de la emergencia que se aprobó hasta el 31 de diciembre del 2023, mientras que «el futuro gobierno la podrá prorrogar por el mismo tiempo de vigencia al 2023, es decir que si empieza a regir al primero de mayo 2023, se podrá renovar hasta el 31 de julio del 2024».
«¿Pretenden que 20 días después de que asuma el próximo gobierno ya esté solucionada la situación de seguridad?», cuestionó Michlig, cuyo bloque proponía hacerlo hasta diciembre del 2025. Y agregó: «Tenemos que hacer una política de estado, no un parche de siete meses que le queda a la gestión Perotti».
El tratamiento de la ley de emergencia, proyecto que ingresó formalmente al Senado durante el receso de enero, se aceleró cuando el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, se reunió con los senadores provinciales del oficialismo y de la oposición para ampliar los detalles y alcances del proyecto.
La semana pasada, ante los legisladores, Brilloni dio detalles de los alcances del proyecto y del trabajo realizado en su Ministerio. Les planteó la necesidad de renovar la ley de emergencia con el fin de “ampliar los recursos y herramientas para combatir el delito y el narcotráfico en la provincia”. “Esta ley permitirá incorporar mayor tecnología y recursos para mejorar la operatividad de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario”, señaló el ministro de Seguridad.
