La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Laura Capilla, y la número dos del área, Mónica Peralta, fueron recibidas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde llevaron un pedido para que Rosario no siga quedando afuera de los planes nacionales Argentina Trabaja y Ellas Hacen. La inclusión es fundamental para que quienes están en programas de la Municipalidad y la provincia resulten beneficiados por la recientemente aprobada ley nacional de Emergencias Social, que de otro modo pasaría de largo por la ciudad. Pero la respuesta, si bien formalmente amable, parece distar mucho de lo que se esperaba en el Palacio de los Leones. Es que las funcionarias no fueron recibidas por la ministra, Carolina Stanley, sino por operadores de menor rango, el secretario de Gestión y Articulación Institucional, Carlos Pedrini, y el subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Regio. Ambos desplegaron sus buenos oficios, pero les transmitieron a las enviadas de la intendenta Mónica Fein que no pueden hacer nada hasta que no se reglamente la ley y que ello no ocurrirá hasta febrero o marzo de 2017.
“Lo que ofrecimos con el gobierno local y el provincial es toda la colaboración en relación al trabajo diario que tenemos con organizaciones sociales. Buscamos potenciar ese trabajo y entendemos que tiene que ser en conjunto. Estamos a disposición para construir y generar producción y trabajo”, explicó a El Ciudadano la secretaria Capilla.
La funcionaria no sonó disconforme por la respuesta obtenida, pero hizo hincapié en que la demanda de los rosarinos hacia el Estado de proximidad, que es el municipal, está en alarmante crecimiento. “Incluso tenemos muchos más inscriptos en las piletas municipales”, graficó Capilla. Ante la pregunta de este diario sobre familias que antes planificaban vacaciones más extensas, la funcionaria razonó que no solamente se podía estar dando esa situación, sino la de chicos menores que antes iban a natatorios de clubes: “Y las piletas municipales son más baratas”, explicó con sencillez.
Aunque el ejemplo sirve para ilustrar, está lejos de ser el panorama más angustiante: Capilla marcó que también aumentó un 30 por ciento las solicitudes de la Tarjeta Única de Ciudadanía, y ello indica rotundamente la demanda de asistencia alimentaria.
La tarjeta de ciudadanía se implementó en 2008 para reemplazar y transparentar la entrega de tickets o cajas de alimentos, y según el sitio oficial del Estado provincial tiene unos 185 mil beneficiarios. Esas familias –como lo plantea el acceso al programa– no cubren con sus ingresos un Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente en 7.580 pesos.
Y hace semanas, el propio secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, daba cuenta del crecimiento de la demanda de atención en el sistema de Salud Pública local, con familias que antes tenías cobertura de obras sociales y aun de medicina prepaga.
En ese marco, en la sesión del pasado miércoles 14 el Senado nacional dio sanción definitiva a la Emergencia Social, con vigencia hasta 2019. El proyecto fue convertido en ley por amplia mayoría en Diputados y por unanimidad en la Cámara alta y en sus puntos clave plantea la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) para inscripción de los trabajadores y organizaciones, y también del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el Registro.
Según la ley aprobada, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.
Ahora bien, el acceso es para beneficiarios de programas nacionales, precisamente los que escasean en Rosario y motivaron el urgente viaje –la reunión se hizo el viernes 16– de las funcionarias municipales.
Los planes que pidieron Capilla y Peralta son Argentina Trabaja, orientado a personas sin ningún ingreso formal, empleándolas en obras de infraestructura en los barrios, y Ellas Hacen, que prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género, acompañándolas a concluir sus estudios y acceder a terciarios y a la universidad a la par que las integra en grupos productivos autogestivos.
La inclusión de organizaciones, cooperativas y emprendedores locales en Argentina Trabaja y Ellas Hacen es clave para que la ley de Emergencia Social tenga algún efecto en la ciudad. Pero todo pasó a marzo.
