El proyecto original de ley de Emergencia Social que en septiembre de 2016 presentó el entonces senador nacional Juan Manuel Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas, y el aumento de 15% de la Asignación Universal por Hijo en los tres años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley).
A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales. Sin embargo, precisamente en la norma votada no figuran estos puntos de manera taxativa, ya que fueron eliminados en la negociación que se desarrolló en torno a la votación de la ley. El acta acuerdo firmado a fines de noviembre de 2016 entre el gobierno nacional y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y otras organizaciones sociales, y la posterior ley estableció, entonces, como eje principal “la autorización al Poder Ejecutivo Nacional –a los efectos de alcanzar los objetivos planteados– para reasignar partidas presupuestarias –conforme lo establecido en el artículo 37 de la ley 24.1561– por hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de la emergencia social, indicando expresamente que si al final del segundo año se hubiera ejecutado dicho monto, el Poder Ejecutivo quedará autorizado a reasignar partidas por un monto de hasta 5 mil millones de pesos más”, por un plazo que finalizaba en diciembre de 2019.
Adicionalmente se permitía extender en otros $5.000 millones “para el supuesto de haber sido ejecutado al 31 de diciembre de 2018 el nivel de gasto dispuesto en el artículo 8° de la presente ley”. El jefe de Gabinete debía, “en uso de las facultades conferidas en el párrafo precedente” efectuar “las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos requeridos”.
En el texto definitivo también se sostuvo la creación del Registro de la Economía Popular y el Consejo de la Economía Popular.
¿Y la partida adicional?
Al revisar la evolución de la ejecución del Presupuesto 2017, en primer lugar se observa que la misma se atiene a lo enviado al Congreso en septiembre de 2016, previo al acta acuerdo firmada con los movimientos sociales. Es decir, la ejecución se ajusta al Presupuesto 2017, que ya incluía un incremento en el monto del Programa Argentina Trabaja pero no incluye los montos de la Emergencia Social. Sólo se puede identificar una modificación de partidas de apenas $3.000 millones en los fondos destinados al Programa 38 Apoyo al Empleo: de un presupuesto original de 15.076 millones de pesos, se modificaron las cifras previendo una partida de 18.336 millones de pesos.
Asimismo, resulta llamativo que la previsión del Ministerio de Desarrollo Social en el propio Presupuesto 2017, en el apartado del programa Ingreso Social con Trabajo suponía un aumento de $6.200 millones para 2017, monto que, con una tasa de crecimiento de 25% en 2018 y de 25% en 2019, resulta en unos $24 mil millones en tres años. Esto permite inferir que, en el acta firmada (o eventual ley), las organizaciones se “aseguraron” que ese crecimiento exista (y, va de suyo, que el programa no desaparezca), pero no se trata de un acuerdo que “imponga” un presupuesto por fuera a los planes de Cambiemos. Esto se percibe precisamente en la evolución de las cuentas: en el Presupuesto 2018 el programa Apoyo al Empleo proyectaba una partida original prevista de 19.352 millones de pesos que se convertirían en $21.339 millones, y en el Presupuesto 2019 la previsión de $21.864 millones pasaría a $24.616 millones de pesos.
En virtud de lo mencionado , Cambiemos no necesitaba de mayores reasignaciones presupuestarias para “cumplir” con los $25 mil/30 mil millones pactados. Lo que vemos, entonces, es una coincidencia en magnitud entre el monto del acuerdo con las organizaciones sociales y lo proyectado a partir del presupuesto 2017 para los años 2018 y 2019.
De los papeles a la realidad
En lo referido a Políticas Alimentarias, el aumento de las partidas apenas orilla el 21%, en lugar del 50% previsto en el acta original firmada con los movimientos sociales. Así el Presupuesto 2017 tenía una partida original de $7.382 millones y una modificada de $8.914 millones. Pero no sólo el gobierno incumplió el acuerdo: peor aún, la ejecución fue cercana al 75%, unos $6.800 millones. Es decir, el aumento de la partida ni siquiera se ejecutó.
Algo parecido sucede en el año en curso. La ejecución al 10 de septiembre de 2019, que debería ser cercana al 70%, se encuentra en alrededor del 58%. En el caso particular de objeto de gasto “alimentos para personas” dentro de la partida mencionada, la ejecución es de sólo el 45%.
En el ítem Políticas Alimentarias, del monto previsto de $12.582 y modificado a $18.210 sólo se llevan ejecutados $10.490 millones. Y del ítem Alimentos para personas de $5.130 millones de pesos que pasaron $8.144 sólo se llevan ejecutados $3.703. Es decir, hay una partida original y el gobierno acordó un aumento de esta, pero no hace efectiva la suba, y ni siquiera el monto original.
Canasta rota
La evolución de las partidas para Políticas Alimentarias previstas en la ley de Presupuesto 2018 y 2019, siguen una tendencia inflacionaria que no se verificó en el costo de la Canasta Básica Alimentaria. La inflación prevista para 2018 era del 15,7% pero el costo de la canasta mínima de supervivencia aumentó 34,4% en promedio, más del doble. Y la prevista para 2019 se estableció en 34%, redondo, pero la canasta subió 58,8% en promedio. No fue el doble, pero la suba alcanzó más del 70%.
Si las partidas se hubiesen actualizado según la evolución de la Canasta Básica Alimentaria, los montos hubiesen sido casi $2.000 millones adicionales en 2018 y más de $3.000 millones en 2019. De $10.530 millones a $12.232 millones en2018 y de $18.210 millones a $21.581 este año.
Así , a lo largo de la gestión de Cambiemos, el ajuste vía pérdida de poder adquisitivo de las partidas referidas a la emergencia fueron una constante. Si se considera, por ejemplo, Apoyo al Empleo, la reducción real entre el presupuesto de 2017 y el de 2019 asciende a 30%; si se considera el presupuesto original, y 35% si se toma el presupuesto modificado a lo largo del año. En lo referido a Políticas Alimentarias, la reducción es de 18% y 1%, respecto de presupuesto original y modificado.
Asimismo, se puede mencionar otra partida que atiende la demanda urgente: Abordaje Territorial. La misma ha sufrido una merma real de 77% y 86% en el presupuesto original y modificado respectivamente.
En contrapartida, otras partidas del Presupuesto han crecido sensiblemente, incluso por encima de la variación inflacionaria. Una de ellas Deudas Directas de la Administración Central (Servicios de Deuda) creció en términos reales 46% en presupuesto original y 8% en el presupuesto modificado.
(Centro de Economía Política Argentina).
