Por Pablo Jiménez y Mauro Federico*
*La publicación original es de Data Clave
Cuando Mauricio Macri llegó el lunes pasado a la mansión de la avenida España al 800 propiedad de Horacio Cartes en un vehículo blindado y acompañado de su guardaespaldas, ya el escándalo había estallado en ambos países. Todos se preguntaban cómo había logrado el ex presidente argentino autorización para romper la cuarentena y efectuar un viaje relámpago hasta Asunción en un avión privado con matrícula perteneciente a una de las compañías del holding encabezado por el ex presidente paraguayo.
A partir de allí todas fueron argumentaciones insostenibles. Se habló de una reunión ligada a temas institucionales-deportivos de la Conmebol o FIFA, que fue desmentida por fuentes de ambos organismos. En el documento presentado para requerir la autorización de vuelo se justificó el motivo del viaje por tratarse de “asuntos impostergables”. Nada de esto fue cierto.
Una investigación de Data Clave en la que se consultaron más de quince fuentes y se revisó una veintena de documentos oficiales, reconstruyó la trama secreta de este polémico viaje concretado para llevar a cabo una reunión entre dos empresarios que supieron cómo utilizar la política para consolidar su poderío económico y aceitar las relaciones con el establishment de la región.
Los negocios detrás de la construcción binacional de la represa de Aña Cua (en guaraní, «Cueva del diablo») y el rol de la entidad bancaria de la familia Cartes en una sospechosa triangulación financiera, forman parte de la hipótesis que advierte la dirigencia política paraguaya y –en las próximos días- comenzará a investigar la justicia.
Las represas de aguas turbias
Argentina y Paraguay ostentan una relación de antigua data, que tuvo altibajos, cortocircuitos y momentos de apogeo a lo largo de dos siglos de historia. Uno de los hitos que más controversias generó en el vínculo bilateral fue la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá, alguna vez denominada por Carlos Menem como un “monumento a la corrupción”.
Si bien las obras “finalizaron” en 1998, cuando en 2011 empezó a operar en plenitud, había demandado entre u$s 11.000 millones y u$s 13.000 millones, según quién cuente la historia. A esa altura ya habían transcurrido casi cuarenta años de acuerdos, obras, sobreprecios, licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos y adjudicaciones. La enorme mayoría del dinero no fue destinada a la construcción propiamente dicha. Unos 7 mil millones se usaron para financiar la obra. Otros mil millones se esfumaron en consultoras y estudios externos.
Macri y Cartes firmaron en 2017 un Acuerdo para el Ordenamiento de la Deuda de Yacyretá, que fue convalidado por las Cancillerías de ambos países con sendas notas reversales y obtuvo la aprobación del congreso paraguayo. Pero nunca fue refrendado por el parlamento argentino y hoy aguarda que Alberto Fernández lo envíe para su tratamiento. El declamado objetivo central del tratado era “ordenar la situación financiera de la Entidad Binacional Yacyretá y expandir la capacidad de generación energética de la represa hidroeléctrica”. Para el embajador argentino en Paraguay Domingo Peppo “hay consenso para analizar el tema y debatirlo en las cámaras legislativas, pero todos sabemos cómo son las cosas, hay que generar mayoría para lograr aprobación”; señalaron desde su entorno.
La foto con caras sonrientes de los presentes en la firma ocultó el descontento de distintos referentes de la política a uno y otro lado de la frontera. Mientras en Paraguay muchos parlamentarios planteaban su oposición al reconocimiento de una presunta deuda con el estado argentino por u$s 4.000 millones, desde estas latitudes las voces críticas se alzaron para plantear una lectura distinta. “Con la firma de esta acta se le estaban condonando más de u$s 10.000 millones al ente binacional y el efecto inmediato es que el costo de la energía de Yacyretá no superaría los veinte dólares el megavatio”, sostiene un informe elaborado por un equipo de profesionales que participaron de la administración de la compañía hidroeléctrica estatal.
El documento –al que accedió en exclusivo Data Clave– afirma que si se instrumenta este acuerdo “Argentina se vería privada del 30% al 35% de la energía de Yacyretá que le corresponde al Paraguay” y “el Tesoro argentino no percibiría jamás los u$s 10.000 millones de la deuda del Ente”.
Una fuente muy cercana a la dirección argentina del ente binacional aseguró que “el acuerdo tiene directa relación con la ejecución del proyecto Aña Cuá, diseñado para suplementar el poder energético de la represa principal”. Esta obra fue pensada a fines de la década del noventa con el objetivo de utilizar el caudal del brazo del río que lleva ese nombre guaraní y su planificación comenzó a desarrollarse durante el gobierno de Cristina Kirchner.
“Cuando Cartes asumió el gobierno de Paraguay, envió a su ministro de Coordinación de Gabinete Juan Carlos López Moreira a reunirse con Julio De Vido en Buenos Aires y en ese encuentro le planteó que no habría Aña Cuá si no se ordenaba la deuda de Yacyretá, lo cual trabó el proceso licitatorio que había sido acordado entre Cristina y Fernando Lugo. Cuando asumió Macri directamente anuló todo y puso en marcha otro proyecto que había sido dejado de lado por riesgoso y acto seguido se firma el acuerdo con Cartes”, completó el informante.
En resumidas cuentas, si se aceptan los términos de las notas reversales impulsadas por Cartes y Macri, Aña Cuá le terminaría costando al país más de u$s 10.000 millones y una sensible reducción de su consumo del orden del 35 % de lo que produce Yacyretá; y al ente sólo le insumiría un costo del 5% de lo que le cuesta a la Argentina.
Ese acuerdo tan sensible que termina habilitando la construcción de Aña Cua estaría detrás de uno de los objetivos centrales del viaje de Macri al Paraguay. Pero, ¿por qué?
El punto de contacto empresarial entre ambos ex presidentes aparece cuando finalmente se adjudica la obra civil de Aña Cuá a un consorcio integrado por tres empresas: la italiana Astaldi SPA, la argentina Rovella Carranza S.A. y la paraguaya Tecnoedil, por un presupuesto de u$s 350 millones. Los nombres de las firmas no presentan en apariencia ninguna relación con Macri o Cartés. Sin embargo, hay dos hechos ocurridos en 2019 que los vinculan de manera directa.
Impregilio, una impresión poco clara
A mediados de julio del año pasado, Salini Impregilo absorbió las operaciones de Astaldi al “comprar” el concurso de acreedores de la firma integrante del consorcio ganador de la licitación, mediante un mecanismo autorizado por las leyes italianas denominado “Propuesta de Composición”, que fue refrendado por la justicia romana. De hecho en mayo de 2020, tras la absorción la empresa pasó a llamarse “We Build” y bajo esa denominación cotiza en bolsa. La mayoría accionaria la tiene aún Salini constructores, luego el paquete accionario está conformado por bancos italianos y un 25% está compuesto por acciones de libre flotación. En ese paquete hay diversos tenedores de acciones, entre ellos, fondos como Blackrock.
Impregilo está desde hace años relacionada a la familia Macri. Para explicarlo hay que remontarse a la década del 70. La italiana Fiat Impresit (constructora del grupo Agnelli) se asoció con Sideco Americana, la empresa creada por Franco Macri. Con el tiempo Impresit pasó a ser parte de una mega empresa de construcción e ingeniería que terminó fusionando a diferentes empresas de la rama en Italia. Ese conglomerado se redenominó a mediados de lo 80 como Impregilo. Ya en los 2000, la compañía pasó a llamarse Salini Impregilo, luego de que la constructora de la familia Salini se quedara con la mayoría del capital accionario que hasta hoy retienen.
Impregilo tiene mucha conexión con la obra pública argentina. Aparece en diversas megaobras como el soterramiento del Sarmiento, el emisario subfluvial Planta Riachuelo o el plan cloacal de la Provincia de Buenos Aires. En las licitaciones de obra pública, Impregilo suele actuar en tándem con la empresa Ghella. De hecho hay varias denuncias en Italia y Sudamérica por este mecanismo de cartelización.
Tanto Ghella como Impregilo tienen negocios en común con la familia Macri o se quedaron con negocios de los que los Macri tuvieron que correrse. Cuando Sideco (la firma más importante del Grupo SOCMA) se retira de Autopistas del Sol le deja ese negocio a Impregilo. Lo mismo ocurrió con el plan cloacal. Inclusive la conexión es tal que hay directivos en común. El italiano Gianvicenzo Coppi presidió Impregilo y luego Iecsa, cuando Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) se queda con la constructora del grupo Socma y se asocia con Ghella para poder hacer frente e las deudas que tenía la empresa.
Cemento y caras de piedra
Los negocios en Yaciretá no son ajenos a Macri. Yacilec, es la empresa que conecta la represa con el Sistema Argentino de Interconexión. Mauricio Macri, hasta su asunción como presidente era titular de 5% de las acciones de la compañía. En 2016, para evitar incompatibilidades con su función de Jefe de estado, Macri debió vender su paquete accionario a Sideco, el holding familia. Uno de los socios de Sideco en Yacilec es justamente Impregilo.
Pero hay más. Para desarrollar un proyecto como el de Aña Cuá es necesario una obra civil de magnitud. Y para un desarrollo constructivo de esta naturaleza, son imprescindibles el cemento y el hormigón. ¿A quién pertenece la planta cementera más importante del Paraguay, cuya planta fue inaugurada a principios de este año en el distrito de San Lázaro? A Cartes.
Cementos Concepción (Ce.Con) fue impulsado por el Grupo Cartes, con varias unidades de negocios con las que pretenden recuperar la inversión efectuada de u$s 200 millones. “El complejo industrial –además de la cementera- abarca la producción de cal agrícola para el sector productivo y concreto de hormigón para los grandes proyectos” explicó Jorge Méndez, gerente general de la firma Jorge Méndez. El emprendimiento tiene una dimensión de dos kilómetros sobre el río Paraguay, donde se desarrollará un puerto propio de 150 metros de muelle, con dos grúas y capacidad de más de 1,3 millones de toneladas entre carga y descarga.
Otro dato coincide con la temporalidad del viaje. Los últimos días de junio comenzaron las tareas en el campo para la ejecución de las obras civiles de maquinización del brazo Añá Cuá.
En Paraguay, desde la política, aseguran que Macri y Cartes están asociados en una parte del negocio de la represa. Como vimos, el entramado de sociedades revelan algunas pistas. El legislador del Frente Guasú, Jorge Querey, aseguró a Data Clave: “Macri vino a hablar de negocios”. Querey señaló que esos negocios “estarían relacionados a empresas vinculadas a las obras de la hidroeléctrica, que actualmente está paralizado porque está pendiente de aprobación en el Congreso argentino”.
Ante esta reflexión surgen algunas preguntas ¿Viajó Macri al Paraguay para terminar de arreglar su participación en esos negocios?, ¿Su reunión posterior con Abdo Benítez tiene que ver con un pedido para que el presidente paraguayo interceda ante Alberto Fernández y envíe al Congreso el tratamiento del acuerdo por Yacyretá que terminaría de darle luz verde al negocio en Añá Cuá? Y por último, ¿convalidará Alberto Fernández un acuerdo que según miembros de su espacio puede ser un mal negocio para la Argentina? Preguntas, que entre las prioridades de la pandemia, aún no encuentran respuesta.
Otra versión surge desde el empresariado paraguayo. Fuentes del sector privado aseguran a Data Clave que otro de los objetivos del encuentro es un nuevo negocio en conjunto que quieren montar Mauricio Macri y Horacio Cartes. Según las fuentes, ese negocio está relacionado con la explotación de peajes en tierras guaraníes.
En diálogo con Data Clave, el ex senador nacional y líder del partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, aseguró que el Parlamento va a impulsar una investigación sobre la visita y ratificó que el viaje fue de “negocios”. “Estamos acopiando información para presentar la denuncia que tendrá vía parlamentaria y judicial”, advirtió.
Además, Alegre confirmó que una hipótesis podría ser la de la creación de una nueva empresa para concesión de caminos. “En Paraguay hay varios proyectos de alianza público-privada vinculados a los peajes de los que participan empresarios ligados a Cartes. Su forma habitual de proceder es armar nuevas empresas ante cada negocio que le surge”, señala el parlamentario.
El banco de Cartes investigado en el Lava Jato, en la reunión
El encuentro de este lunes en la mansión Cartes no fue una cumbre mano a mano entre los dos ex presidentes. Contó con la presencia de tres integrantes del círculo de máxima confianza del anfitrión. Estuvieron Sarah Cartes Jara, hermana presidencial y accionista del grupo familiar; Santiago Peña, ex ministro de Hacienda paraguayo; y Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central de su país. Todos tienen algo en común: son directivos jerárquicos de BASA, entidad financiera perteneciente a los Cartes.
Para el senador Efraín Alegre, “este fue un encuentro de negocios entre Macri y personajes que están involucrados en causas de lavado de dinero de la corrupción”. Alegre precisó que “BASA está siendo investigado en Paraguay por su presunta participación en maniobras de triangulación financiera ligados al negocios agropecuarios” y anticipó que en la denuncia que se presentará en los próximos días se pedirá que “se investiguen los vínculos entre los presentes y Macri y el verdadero motivo del viaje”.
En una declaración periodística de indudable tinte político, Alegre había calificado el encuentro como una “reunión de traidores”. Sin embargo, las sospechas sobre las motivaciones que originaron la cumbre de Asunción fueron in crescendo al tiempo que se derrumbaban las excusas con las que extra oficialmente se había justificado. En la presentación, que llevará la firma de varios parlamentarios, se pedirá que se investigue “por qué pudiendo efectuar un encuentro virtual como se impone en tiempos de pandemia, se hizo de manera presencial, forzando las normativas de las cuarentenas dispuestas por ambos países”.
Las sospechas sobre el vínculo de Cartes con el lavado de dinero están lejos de ser infundadas. El año pasado la justicia brasileña emitió una orden de detención para el ex presidente paraguayo en el marco de la investigación del Lava Jato en el Estado de Río de Janeiro y recientemente se ha pedido su declaración en la causa.. El juez Marcelo Bretas investigó los contactos de Dario Messer, detenido en São Paulo como presunto líder de una gigantesca red de lavado de dinero. Cartes está sospechado de ocultar parte de su millonario patrimonio a través de Messer. La investigación encontró unos 20 millones de dólares pertenecientes a Cartes presuntamente ocultos por la red, de los cuales más de 17 millones están en una cuenta en Bahamas. El dinero restante está repartido «en Paraguay entre doleiros [lavadores de dinero], casas de cambio de divisas, empresarios, políticos y una abogada», sostiene un informe incorporado al expediente. En abril pasado, Cartes ya había conseguido que un ministro del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil) le otorgase el habeas corpus solicitado por su defensa para permitirle litigar en libertad en la causa abierta por el esquema delictivo de su amigo coimero.
La reunión con las autoridades de BASA fue el último detonante para la dirigencia opositora paraguaya. Argumentan que todo negocio nuevo que encara el ex presidente tiene como respaldo a la polémica entidad financiera. Ese detalle es uno de los que cierran el círculo de un viaje que se intentó justificar desde ambos entornos con argumentos insostenibles y que provocó un revuelo propio de quienes están habituados a obrar con la impunidad del poder.
