El gobierno del ultraderechista Javier Milei tendrá entre sus filas a María Eleonora Urrutia, esposa del último ministro de Hacienda del dictador chileno Augusto Pinochet, el Chicago boy Hernán Büchi. Ambos están señalados en la trama de lavado de dinero de los Panamá Papers y, desde 2016, dividen sus vidas entre Argentina y Suiza. Urrutia, una antifeminista, ultraliberal -con cargos durante el menemismo- y férrea defensora del Estado subsidiario, participa de la actual transición de Gobierno, a cargo del área de Educación, según confirmaron a El Destape fuentes cercanas.
«Tienen claro quienes vayan a gobierno que los caminos son dos: o se pacta con ellos a lo (ex presidente de Chile, Sebastián) Piñera o se cumple con las tareas del Estado -incluyendo la seguridad- y al salir esperan las causas de DDHH. La izquierda violenta no perdona y aplica escarmiento para amedrentar», escribió en Twitter y arrobó al ahora presidente electo Milei, a tan sólo horas de que se abrieran los comicios el pasado 19 de noviembre. La arenga de la abogada mendocina por la Universidad de Cuyo en ese posteo se refirió a la posición que tomó el entonces presidente de Chile que durante el estallido social, al cabo de un mes de estado de sitio, ejército en las calles y en medio de fuertes denuncias por violaciones a los derechos humanos, decidió pactar con las élites políticas para poder terminar su mandato.
Urrutia, que es también magister en Economía y Ciencia Política por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), definió su retorno al país en 2016, luego del escándalo desatado del otro lado de la Cordillera en torno a los Panamá Papers. Mientras que Büchi decidió mantener su domicilio en Suiza.
A fines de julio de este año, Urrutia activó sus redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, con un perfil más político, ya sin fotos de su familia ni de los viajes entre los tres países que suele frecuentar. El 26 de julio subió su primer video en el que contó que tuvo que dejar su anterior profesión habitual en Argentina -sin especificar cuál ni por qué- y que en «otro país» la invitaron a formar parte de un proyecto de medios de comunicación -«en una plataforma online de transmisión de noticias», definió, sin decir cuál, pero se entiende que sería en El Líbero-. Entonces, tomó la decisión de contar «otra narrativa» diferente a la de los medios tradicionales a los que catalogó como «grupos de poder» que responden a una «agenda predeterminada». En su ejemplo puso bajo cuestionamiento el cambio climático.
Desde entonces, su feed se llenó de videos: «Gobiernos de izquierda, derecha y Milei»; «¿Cuánto se parece (Milei) a Trump, Bolsonaro y el resto de los gobiernos de derecha?» O «¿Milei acabará con los derechos sociales?» Son algunos de los títulos que se pueden ver, en los que explica que el «liberalismo» del presidente ultraderechista electo en materia económica significa la «desconfianza» sobre los Gobiernos y entrega de la confianza a las personas, en pos de la construcción de un Estado subsidiario para «las personas que no estén todavía capacitadas para cuidar su salud, alimentación, vivienda, etcétera», así dejar en manos del Estado sólo las cuestiones de Seguridad, Defensa y Justicia. En uno de ellos, por ejemplo, sostuvo que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro es «Evo Morales, al lado de Milei».
Pero no sólo eso, la encargada de Educación -área que debe aplicar la ley de Educación Sexual Integral-, se ganó un retuit por parte de Milei en las últimas semanas cuando salió a defender la idea de que no existe la brecha de género entre varones y mujeres, un tema que fue mencionado en los debates presidenciales. «Ellas (por quienes adhieren al feminismo) quieren desigualdad ante la ley, apalancarse en el Estado y obtener privilegios, ventajas y prebendas, que por mérito propio, estudios o currículum no conseguirían», se la escucha decir en un video en el que habla sobre el «feminismo extremo».
«Las mujeres no somos víctimas ni necesitamos la tutela del Estado», cerró.
Negar, negar que algo queda
Un elemento que muestra la profesión de fe de Urrutia en «las ideas de la libertad» es su mirada abiertamente negacionista respecto del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. La revista chilena El Líbero publicó en 2018 un artículo firmado por ella, en ocasión del 42° aniversario del asalto al poder.
«La pacífica sublevación militar que destituyó al gobierno de Isabelita gozó de un apoyo irrestricto de parte de todos los partidos políticos, personalidades y estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías». Conviene precisar que el golpe militar no fue cruento en cuando al desalojo del gobierno constitucional: apenas se desvió el rumbo del helicóptero que llevaba a María Estela Martínez de Perón. Pero las formas se agotaron inmediatamente y comenzó una represión que dejó 30 mil desaparecidos.
«Durante los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el pedido de cambio de gobierno», sañala en su texto, al tiempo que cita declaraciones de dirigentes en favor del golpe, como si eso lo justificara. Más adelante se explaya en derredor de la teoría de los dos demonios respecto de una «guerra interna».
Cuando llega a la reapertura de los juicios, dice lo que sigue: «Al asumir Néstor Kirchner decide reimpulsar estos juicios, por venganza, por armar un relato, por un acuerdo con la extrema izquierda, da igual. El hecho es que estos juicios que estaban cerrados, con el problema solucionado desde punto de vista legal, institucional y constitucional y que habían pacificado al país —con tensiones, pero ningún país sale de una guerra civil sin tensiones— se reabren».
Urrutia llega al extremo de afirmar que la dictadura no cometió delitos de lesa humanidad, «porque no habían leyes vigentes al momento de los hechos que contemplaran el crimen de lesa humanidad». En rigor, puede referirse al derecho interno argentino, que adoptó los tratados internacionales con rango constitucional en la reforma de 1994. Pero en los hechos, ya había jurisprudencia en la materia desde el fin de la Segunda Guerra para referirse a los crímenes del nazismo. Para entonces, y en base a la lucha contra la impunidad turca en la masacre de armenios de 1915 a 1923, Raphael Lemkin ya había acuñado el término «genocidio«.
La funcionaria mileista considera que en los 70 hubo «un ataque deliberado y sistemático a Montoneros, al ERP y a organizaciones de menor envergadura» sin considerar a la población civil, y que «ese ataque estuvo mal llevado, con irregularidades graves, con procedimientos inaceptables» que no constituyen delitos de lesa humanidad «porque no fue ataque a población civil sino a población combatiente».
