La esposa de Marcelo Bailaque, el juez federal que renunció y está en prisión domiciliaria, fue notificada formalmente de su carácter de imputada en un nuevo capítulo de las causas por corrupción, lavado, dádivas y extorsión que estallaron en éste 2025.
El hecho, próximo a ventilarse en audiencia pública, abre un marco judicial de dimensiones impensadas. El primero es el alcance de la investigación sobre el círculo familiar de Bailaque. En el caso de la mujer, Graciela M. M., abre un interrogante sobre las consecuencias administrativas como funcionaria de la Justicia provincial en Rosario.
El segundo, es el arrastre a sus hijos, lo que incluyó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de sus tres hijos, algo que autorizó el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz tras la última audiencia donde prorrogó la detención preventiva del ex juez.
Una nueva extorsión
El nuevo caso que involucra a Graciela M. M., surgió de las ampliaciones de las declaraciones de los arrepentidos, especialmente de Carlos Vaudagna (AFIP). La mujer fue identificada como la receptora final de un terreno en el country Vida de Funes que pertenecía a una constructora y fue transferido a ella.
En el medio, se produjo una maniobra idéntica al caso de los empresarios Oneto e Iglesias: la AFIP hizo una presentación ante el Juzgado, Bailaque abrió la causa y ordenó medidas, pero con el tiempo la causa se diluyó y -en este caso- prescribió.
Por la esposa del ex juez Bailaque ya compareció el defensor público Ramiro Dillon. Su carácter de imputada es preliminar, ya que aún no se conoce su descargo o versión.
No obstante, el marco y la hipótesis de los investigadores es inquietante: ante la repetición de hechos, sospechan que hubo un aprovechamiento y abuso de poder del entonces juez para usar las estructuras del Estado como la AFIP y la Justicia Federal para cometer extorsiones y enriquecerse. Los empresarios y empresas de los casos se presentaron como víctimas.
Para Bailaque, una nueva imputación, antes de fin de año, podría poner en crisis su actual beneficio de detención domiciliaria que le concedió la Cámara Federal de Rosario si los fiscales vuelven a la carga por una prisión preventiva efectiva.
