El gobierno dispuso modificar el sistema de redeterminaciones de contratos para la obra pública, con el fin de simplificar y agilizar el reconocimiento de «actualizaciones de precios» de las obras que se llevan adelante, en un escenario de alta inflación.
El objetivo es que las obras claves no se frene en el tramo final de la campaña electoral.
De esta forma, se intenta evitar demoras en la ejecución y finalización de las mismas, así como en el pago de las diferencias de precios a las empresas contratistas, explicaron a NA fuentes oficiales.
Intenta así resolver problemas relacionados con los procedimientos y establecer un sistema de adecuaciones provisorias, que permita ir ajustando los valores de los contratos durante su ejecución de una forma «más simple y transparente».
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se había comprometido a impulsar el nuevo decreto en ocasión de la Convención 2023 de la Cámara Argentina de la Construcción que se realizó en junio de este año.
Allí dijo: «Tenemos la decisión y la convicción de que en la Argentina la obra pública es la palanca para el crecimiento».
Además, admitió que las modificaciones «no van a permitir resolver de la noche a la mañana este problema, pero sí estamos convencidos de que nos va a permitir mejorar, agilizar y cumplir con muchas de las premisas que los empresarios nos vienen proponiendo».
La nueva medida, que modifica el decreto 961, señala en sus considerandos que «resulta necesario una revisión de la metodología actualmente vigente para la consideración de las variaciones producidas en el precio de los contratos».
También con el objetivo de simplificar procesos asociados a la tramitación de las mismas.
La meta que se persigue es cumplir con la finalidad de mantener el equilibrio económico financiero de los contratos de obra pública y de Consultoría de obra pública, garantizando de esta manera la regularidad en la ejecución de los planes de trabajo de las obras involucradas y su oportuna finalización.
