La fábrica Prunelle vuelve a producir. Después de casi cuatro años de trabas administrativas, la empresa de Soldini recuperada por 19 trabajadores y trabajadoras encenderá las máquinas para hacer champú, acondicionador, cremas y todos los productos de cosmética que hacía cuando estaba bajo la órbita del Laboratorio de Investigaciones Cosméticas SRL.
La semana pasada la cooperativa recibió el visto bueno de la Inspección de Farmacias y de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que los habilitó a vender en todo el país. Y acordaron con el juez Eduardo Oroño alquilar por seis meses uno de los galpones donde funcionaba la planta. Después planean comprarlo.
“Fueron años de aguantar y custodiar la fuente de trabajo en el galpón. Ahora queda comprar materias primas y empezar a producir”, dijo a El Ciudadano Ramón Arias, el presidente de la cooperativa.
Prunelle cerró el lunes 17 de septiembre de 2014 cuando los 25 empleados llegaron a la planta de Soldini, a 15 kilómetros de Rosario, y encontraron las puertas cerradas. No hubo telegramas de despido ni indemnizaciones. Llevaban cinco meses sin cobrar y 30 días antes del cierre se organizaron como cooperativa ante la incertidumbre por sus fuentes de trabajo. Pidieron la quiebra que el juez Oroño firmó el 19 de diciembre 2014. Actualmente son una de las 36 empresas recuperadas que funcionan en la provincia de Santa Fe y que gestionan unos 1.200 trabajadores.
En los últimos cuatro años la cooperativa pasó por distintos trámites administrativos para volver a producir. “Las habilitaciones de Farmacias y de Anmat eran lo último que faltaba porque cuando cerró el año habíamos acordado con el juez el alquiler”, explicó Arias. Los permisos los autorizan a vender los productos de cosmética en toda la Argentina.
Tienen las máquinas, el lugar y la habilitación. Les falta la materia prima. “Estamos buscando respaldo económico a nivel provincial y nacional para empezar con la producción”, agregó Arias.
El alquiler que deberán pagar durante seis meses es de 35 mil pesos. Después del período el juez definirá si la empresa es rentable para renovarlo o comenzar con los trámites de compra. Al no haber cobrado indemnización, planean usar los créditos laborales pendientes para ser propietarios del galpón.
Tienen a su favor la ley de empresas recuperadas sancionada en diciembre pasado en la Legislatura provincial y que aún no fue reglamentada. El proyecto fue escrito por el diputado socialista Joaquín Blanco y dice que el Estado santafesino brindará asistencia técnica, jurídica y económica a las cooperativas de trabajo que gestionen por cuenta propia emprendimientos productivos en cualquier rama de la economía. También determina que la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.
Entre otros puntos, la norma dice que las cooperativas que gestionen empresas recuperadas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, recibirán un tratamiento fiscal acorde a la situación en que se encuentran y podrán acceder a líneas de créditos blandos para equipamiento e insumos.
“No tengo dudas que el caso Prunelle será una de las primeras empresas se beneficiará con la nueva ley. El juez necesita fundamentar el fallo sobre la expropiación o la eventual compra del inmueble. Ahora con la ley tiene argumentos sólidos porque estos trabajadores fueron abandonados por los ex dueños y ellos necesitan trabajar”, dijo tras la aprobación el diputado Joaquín Blanco.
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